¿Los pactos sí van a generar empleo y crecimiento?

La informalidad y el desempleo se han convertido en dos de los mayores desafíos que hoy enfrenta la economía colombiana. De acuerdo con cifras del Dane, 2019 cerró con una tasa de desempleo de 10,5%, la más alta de los últimos 8 años, y la informalidad laboral en el último trimestre registrado alcanzó 47,2% en las principales ciudades.

El deterioro del mercado laboral es evidente y factores como la migración venezolana y la llegada de nuevas formas de trabajo, que se derivan de las plataformas digitales, han agravado el diagnóstico.

Para algunos, esas nuevas realidades exigen que el contrato laboral en Colombia tenga reformas que permitan flexibilizar la contratación. Otros, por el contrario, consideran que lo que debe ocurrir es que haya una más amplia oferta de servicios y un mejor clima para los negocios. Lograr este último aspecto depende de la acción del Gobierno en reducir trámites, garantizar la seguridad jurídica y, en general, ofrecer mejor infraestructura para que los empresarios puedan hacer negocios más efectivamente.

Por ahora, la posibilidad de una reforma laboral parece remota, pues el Ejecutivo no cuenta ni con la popularidad, ni con el capital político para tomar cartas en el asunto.

Desde el Gobierno creen en la tesis de que los beneficios a las empresas constituyen la mejor forma para buscar el crecimiento y al mismo tiempo para crear empleo.

La última reforma tributaria –Ley de Crecimiento– fue una clara prueba de ello. Es evidente que el gobierno Duque espera que, a través de más beneficios, el sector privado tome la batuta y genere los puestos de trabajo que el país necesita. Sin embargo, desde muchos sectores han cuestionado la fórmula y aseguran que no está probado que las empresas estén dispuestas a crear más puestos por el simple hecho de tener menores costos. Además, en el último año Colombia fue uno de los países que más creció en la región, pero hasta el momento eso no se ha visto reflejado en mayores niveles de ocupación.

El Gobierno considera que Colombia se puede convertir en una potencia regional de tamaño medio.

Igualmente, hay evidencia empírica que demuestra que todavía hay mucho trabajo por hacer al interior de las empresas para mejorar en productividad y competitividad. Es claro que esa no es una tarea exclusiva del Estado.

Los pactos

El Gobierno tiene claro el diagnóstico y está buscando salidas. Por esta razón, se puso en la tarea firmar la segunda fase de los Pactos por el Crecimiento y la Generación de Empleo, acto que se llevó a cabo a finales de enero en el Teatro Colón de Bogotá.

Se trata de una serie de acuerdos entre el Gobierno y 110 gremios de la producción que representan a 22 sectores. El objetivo es lograr un aumento en la producción de $57 billones y US$10.000 millones adicionales en exportaciones de bienes y servicios.

La vicepresidente, Marta Lucía Ramírez, que estuvo al frente de los pactos, explicó que el principal objetivo es “formalizar y generar nuevos empleos para los colombianos, darle mayor competitividad al aparato productivo y aumentar las exportaciones nacionales. Necesitamos crecer, basados en el mercado interno e internacional”.

La apuesta es ambiciosa, pues esperan que para 2030 la totalidad de los sectores de la producción ubiquen a Colombia dentro de los 30 primeros países exportadores.

Por su parte, Sandra Forero, presidente de Camacol y del Consejo Gremial, agregó que “la elaboración y desarrollo de las acciones contempladas en los Pactos por el Crecimiento y la Generación de Empleo son el resultado de un ejercicio coordinado, coherente e institucionalmente de gran valor. En su primera versión y con la firma de pactos en 12 sectores de la economía se creó una hoja de ruta en materia de política productiva que permite identificar y actuar sobre cuellos de botella que limitan el crecimiento y la generación de nuevos puestos de trabajo”.

El presidente de Fedepalma, Jens Mesa Dishington, explicó que es fundamental para el crecimiento del país identificar todos los obstáculos de los sectores productivos para que sea más fácil incrementar las inversiones, generar empleo y aumentar sus exportaciones.

Según el director de la Cámara de la Industria de Alimentos de la Andi, Camilo Montes, “a nombre de los afiliados a la Cámara de la Industria de Alimentos, hemos avanzado en la suscripción de 7 Pactos, con los que se pretende impulsar la economía nacional y generar empleo mediante el apoyo al emprendimiento y la internacionalización de los diversos sectores”.

Actualmente, el desempleo afecta de manera principal a los jóvenes.

Destacó además que “con el pacto de Alimentos Procesados, suscrito el año pasado, el aporte al PIB nacional será de $24,3 billones hacia 2022, versus $22 billones en 2018. De la misma forma, se impactará de manera positiva la generación de empleos en el sector, así, se espera que en 2022 se generen 1‘162.693 empleos frente a lo registrado en 2018 (747.680)”.

¿Cómo operan?

La última ronda de pactos que fueron firmados incluyó 327 acciones que tienen que llevar a cabo tanto el sector público como el privado.

63% le corresponden al gobierno nacional y 37% a los privados. Ya se tienen identificados 124 cuellos de botella en distintos sectores.

En una primera fase, que se firmó el pasado mes de agosto, se incluyeron las industria de cacao, carne, agroforestal, turismo, BPO, economía naranja, software y TI; moda, construcción, industrias del movimiento, alimentos procesados y químicos.

Según el Gobierno, ya han avanzado con 88% de los compromisos adquiridos.

Las metas de este primer proceso son bastante ambiciosas: crecimiento de la producción en estos sectores equivalente a $29,2 billones, exportaciones adicionales de US$3.576 millones y 857.000 nuevos empleos.

En el cumplimiento de las metas se destacan los del sector construcción, que llegaron a 99% de ejecución; alimentos, 98,7%; BPO, 96,3%; carnes, TI software e industria del movimiento con logros entre 92% y 93%.

En forestal, moda, economía naranja y químicos, los cumplimientos alcanzaron un rango entre 55% y 70%. El más rezagado es el de cacao, que apenas logró un rendimiento de 36,1%.

En construcción, que es el sector más adelantado, se ha centrado la acción gubernamental en 28 variables, relacionadas con entorno competitivo, productividad e innovación.

Por ejemplo, había dos problemas muy sensibles para los industriales del sector. El primero se refería a la posibilidad de devolver el IVA en la compra de Vivienda de Interés Social (VIS), en proyectos combinados. El otro era ofrecer un portafolio más amplio para la financiación del sector. En el primer caso, el Ministerio de Vivienda debía expedir una reglamentación que permitiera superar el inconveniente, y en el segundo caso fueron implementadas varias medidas: se aumentó de 70% a 90% la financiación por parte del Fondo Nacional del Ahorro en proyectos no VIS, se mejoró la regulación para el leasing habitacional no VIS y se diseñó un programa de tasas compensadas para constructores.

En el caso del sector alimentos de procesados, uno de los principales problemas es la llegada al país de manera masiva de productos de contrabando, así como la desactualización de las normas técnicas del sector, lo que afecta los procesos de innovación. Se destaca igualmente la dificultad para obtener visados de negocios en países a los que las empresas colombianas quieren exportar. El Gobierno se comprometió a superar estas dificultades.

Otro sector que mostró buenos ritmos de implementación de las medidas fue el de BPO que registró como una de sus principales preocupaciones la escasez de talento humano bilingüe y especializado. Para ello se articularon soluciones desde el Sena, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Educación con el objetivo de garantizar pertinencia en la educación de técnicos y tecnólogos para trabajar en BPO.

La segunda ronda

Por el lado de los Pactos que fueron firmados en enero pasado, que corresponden a la segunda ronda, fueron incluidos 10 sectores, lo que da un total de 22 pactos con 832 compromisos adquiridos.

En esta segunda oportunidad se encuentran los sectores de hidrocarburos, caña de azúcar, energía, cadena frutícola, acuicultura y pesca, minería, cadena de la palma, infraestructura, leche y sus derivados y farmacéutico.

Los pactos incluyen a los sectores de hidrocarburos y agroindustria.

Las metas son más ambiciosas, pues a pesar de ser menos sectores de la primera ronda, el crecimiento en producción es mayor, 16%, lo que equivale a $32 billones. Además se espera generar 277.000 empleos y exportar algo más de US$6.500 millones adicionales.

En general, la estrategia busca unos objetivos en materia de empleo y crecimiento a partir de mejorar la acción estatal y con el compromiso de los empresarios de hacer inversiones y aumentar su producción.

¿Y el rol de los empresarios?

A pesar de que los pactos están bien encaminados, en el aire queda una duda sobre la manera como los empresarios van a cumplir con su parte. En la presentación que realizó el Gobierno se explicó que los representantes del sector privado tienen que hacer más inversiones y en general deben incrementar su producción.

Tal planteamiento resulta bastante amplio y general y se puede decir que los pactos no dejan en claro de qué manera se medirá el aporte del sector privado a tales compromisos.

Cualquier incremento en inversión es positivo, pero ese enfoque deja de lado el hecho cierto de que los empresarios tienen mucho más que hacer que poner plata sobre la mesa.

Muchas cifras muestran un panorama preocupante en el nivel de organización y administración de las empresas en Colombia. Por ejemplo, en los últimos 30 años la productividad total de los factores ha crecido cero o incluso decrecido. Es decir, el aparato empresarial colombiano no ha logrado mejorar la forma en que hace las cosas, a pesar de que ha venido creciendo la inversión.

De otra parte, es posible poner en tela de juicio la calidad general de la gerencia en Colombia. Un estudio del London School of Economics deja a Colombia con la peor calificación en este frente entre 23 países. El resultado contrasta con la idea que tienen en general los gerentes sobre su papel: la mayor parte considera que viene realizando un gran trabajo. Para mejorar en competitividad, 80% de la tarea se debe hacer dentro de las empresas y 20% afuera, con medidas por parte del Gobierno.

En una entrevista de Dinero con el economista jefe para el crecimiento equitativo, las Finanzas e Instituciones del Banco Mundial, William Maloney, quedó claro que la brecha que hay entre la percepción de la gerencia sobre su papel y la realidad que revelan los indicadores empresariales, "en parte refleja falta de conocimiento y falta de comprensión sobre la precaria capacidad de innovación y competitividad que hay en el país”.

Sin lugar a duda, la acción estatal sigue siendo fundamental para que las empresas mejoren. Sin embargo, el enfoque sobre la importancia del Estado en lograr mejores niveles de competitividad puede estar sesgado, pues es claro que al sector privado le corresponde la mayor responsabilidad.

Ese es uno de los vacíos de los pactos, porque además de aumentar la inversión, no se incluyen indicadores sobre la estrategia para mejorar la competitividad al interior de cada una de las unidades productivas de los sectores. Los pactos van a dar resultados, sin embargo, estos podrían ser más significativos.

La meta de la productividad todavía está muy lejos. El camino sigue siendo largo y retrechero y la batuta parece estar en la cancha del sector privado, que tiene que hacer una gran autocrítica.