Así va la polémica circular del gobierno que ataca el transporte ilegal

Con la circular 20184000506791, la ministra Ángela Orozco quiere mandar un mensaje directo a este tipo de empresas y personas naturales. La funcionaria se ampara en la Ley 769 de 2002 y de otras dos normas que las modificaron, el gobierno quiere ponerle freno a la operación de Uber, Cabify, entre otras, como Beat, que tiene unos 9 meses de operación en Colombia.

La circular determina que “se suspenderá la licencia de conducción por prestar servicio público de transporte con vehículos particulares” y en caso de reincidencia y una vez cancelada la licencia de conducción el conductor, solo podrá volver a solicitarla después de 25 años. 

Sin embargo, esta circular no solo afecta a los asociados o conductores particulares de estas aplicaciones, también busca atacar de frente otras modalidades más irregulares, como el transporte en algunos buses escolares, que se presta sobretodo por estas fechas vacacionales, para movilizar pasajeros que se quedan sin pasajes en recorridos intermunicipales.

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En este último caso, sobresale un hecho y es que este tipo de servicios ilegales se prestan desde hace décadas, sin que ningún gobierno haya logrado ponerle coto.

Según cifras de Mintransporte, entre enero y noviembre de este año se registraron 5.831 muertos en accidentes de tránsito en 109.994 siniestros.

Algunos usuarios consultados aseguran que este tipo de normas son buenas porque protegen la seguridad de los usuarios, pero incompletas, debido a que no se toman decisiones para garantizar una buena oferta de transporte intermunicipal legal y mucho menos se hace algo para compensar el faltante o vacío que dejaría una eventual salida de operación de Uber y Cabify, entre otros. En el caso de Bogotá, cuando llueve un poco en hora pico se vuelve casi imposible conseguir taxi, subirse a un Transmilenio o a un Sitp.

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Fuentes no oficiales de esta empresa aseguraron que resultaba contradictorio que por un lado se formalizara el cobro de IVA y otros impuestos y al mismo tiempo se tomaran estas decisiones que sembraban el miedo entre los miles de colaboradores que derivan su sustento de este servicio.

En ese sentido es necesario decir que otros países, como Mexico, lograron acuerdos consensuados para no perjudicar a ninguno de los involucrados, incluidos los taxistas.

Uber responde

Ante la polémica, Uber se pronunció afirmando que "procura continuamente ser una opción de autoempleo para miles de colombianos y una alternativa de movilidad para millones de ciudadanos".

Además le recordó al Gobierno Nacional que por el año "2018 pagará $44.000 millones en impuestos" y que están esperando la reglamentación de su operación. En un comunicado afirmó que ha insistido en su compromiso con la definición de "normas claras para el transporte privado prestado a través de plataformas tecnológicas y, por el otro, ofrecer nuestro apoyo para avanzar en la modernización y eficiencia de los modelos tradicionales de transporte. Estamos y seguiremos comprometidos con Colombia. Reiteramos la necesidad de ser escuchados y nivelar la cancha".

Uber reportó que en la actualidad cuenta con más de 88.000 Socios Conductores, quienes además pagan IVA a través de la plataforma. "La interpretación en el sentido de que la cancelación por 25 años de la licencia de conducir aplica a servicios de transporte privado a través de plataformas tecnológicas, afectaría a estas familias y a esos Socios Conductores que aportan y cumplen con las obligaciones tributarias del Estado", lamenta la compañía. 

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