| Foto: Estraval / Archivo Semana

CAPTACIÓN

3 de los directivos de Estraval aceptan cargos por escándalo de libranzas

Rosalba Fonseca, Iván Castiblanco Fúquene y Fernando Joya se someten a sentencia anticipada. Aceptaron los delitos de captación masiva, enriquecimiento ilícito, falsedad y estafa agravada. Joyaserá el testigo estrella en el proceso a cambio de beneficios penales.

18 de agosto de 2017

Dinero acaba de conocer que Rosalba Fonseca, considerada como uno de los cerebros de Estraval, en la crisis de las libranzas, donde hubo operaciones por cerca de 800 mil millones de pesos se acaba de allanar a cargos ante la justicia.

En la misma línea se allanaron Iván Castiblanco Fúquene y Fernando Joya, operativos de la compañía que puso en riesgo los recursos de miles de colombianos.

Estas personas se someten a sentencia anticipada aceptando los delitos de captación masiva y habitual y enriquecimiento ilícito, falsedad y estafa agravada.

Todo indica que Joya será el encargado de prender el ventilador pues será el testigo estrella en el proceso con el fin de recibir beneficios penales.

Informes preliminares muestran que la defensa de los implicados en uno de los casos más sonados relacionados con captación ilegal de recursos, estaría buscando una condena máxima de 60 meses (5 años) de cárcel.

No obstante, los objetivos de Fernando Joya son otros: convertirse en el ventilador de la historia con el fin de que dicha condena sea menor gracias a su colaboración con la justicia.

Lo que se ha recuperado

Luis Fernando Alvarado, liquidador de la firma de libranzas Estraval, anunció el pasado 8 de mayo que ha logrado recuperar $9.542 millones en depósitos judiciales, $4.867 millones embargados en bancos y otros $3.855 millones en certificados de depósito a término (CDT´s), además de $13.551 millones en pagadurías y $6.416 millones en un encargo fiduciario.

Alvarado trabaja también en el cobro de 362 pagadurías entre las que se encuentran títulos de Colpensiones, el Ministerio de Defensa, el Fondo de Pensiones Públicas de Nivel Nacional de Colombia (Fopep), la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (Casur), y Colpensiones.

El liquidador agregó que busca recuperar varias inversiones en entidades del sector financiero, un porcentaje en derechos fiduciarios y un título minero en el Río Sumapaz, que se sumarían a la recuperación de dos oficinas ubicadas cerca a la calle 100 con autopista norte en Bogotá, cuyos avalúos preliminares les dan un valor individual de $1.500 millones y $4.000 millones.

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El liquidador señaló que en el proceso se están identificando varios depósitos judiciales en varios procesos ejecutivos y que esta tarea permitiría, en el mediano plazo, atraer más recursos hacia el proceso.

El caso Estraval

Estraval era una firma dedicada a las libranzas que se creó hace 16 años y que, según la Ley 1527 de 2012, podía lograr acuerdos con varias cooperativas que incluyeran dentro de sus portafolios los créditos de libranza.

Sin embargo, en el 2015 la Superintendencia de Sociedades detectó fallas contables en la firma y la sometió a vigilancia especial.

Pese a la vigilancia especial de la Supersociedadesla firma de libranzas llegó a la cesación de pagos en el segundo trimestre de 2016 lo que llevó a que la entidad de control decretara su reorganización.

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A mediados de junio del mismo año, Estraval entró en liquidación judicial pues la firma de libranzas era incapaz de satisfacer las obligaciones adquiridas con sus principales acreedores.

El proceso de liquidación decretado en ese momento también cobijaba a sus empresas vinculadas Técnicas Financieras, Estrategias en Liquidez y Estradinámicas.

Ya en septiembre, la Superintendencia de Sociedades decretó la liquidación de Estraval y seis compañías asociadas a la misma, luego de comprobar que la firma ofrecía rendimientos sin sustento financiero, es decir, la rentabilidad ofrecida no correspondía a la realidad económica.

"Estraval y otras empresas, realizaban operaciones aparentemente legales a través de la compraventa de cartera. No obstante, la información recabada permitió concluir que Estraval recibió recursos que no correspondían a una venta real, porque nunca se les asignaron los créditos que habían comprado o porque, en varias ocasiones, se le vendió el mismo pagaré a más de un inversionista entre otras irregularidades", señaló en ese momento el superintendente de Sociedades, Francisco Reyes.

Por último, en febrero de este año, una juez de garantías le ordenó prisión a tres directivos y cuatro fundadores de la firma de libranzas.

Los fundadores de Estraval César Fernando Mondragón; Juan Carlos Bastidas Alemán y José Iván Castiblanco Fúquene, así como los exdirectivos de la firma Rosalba Fonseca Melo; Pedro Harold Carvajal; Fernando Joya Rodríguez  y Ángela Marina Daza Saavedra, no aceptaron los cargos pero fueron procesados por enriquecimiento ilícito y captación ilegal de recursos, entre otros delitos.

Lote de Funza 

Recientemente Dinero publicó un informe en el que se muestra la que se convertirá en una verdadera batalla jurídica entre los cerebros de Estraval, la “antigua dueña” de un lote en Funza y diferentes autoridades del orden nacional.

La decisión consiste nada más y nada menos que en intervenir toda la operación que dio lugar a constituir los aparentes patrimonios autónomos derivados de los contratos de “Fideicomiso De Garantía y Administración de Inmueble Funza" y "Fideicomiso de Administración de Inversiones Inmobiliarias Colombia Land", y los subsiguientes aportes de bienes con destino a ellos.

Esto significa que el lote, famoso porque hay quienes aseguran que allí se construirá parte de la futura ampliación del Aeropuerto Internacional El Dorado, pasará a manos de la liquidación.

Es decir, el liquidador designado para todo el proceso, tendrá la posibilidad de venderlo para tratar de pagar parte de los más de 500 mil millones de pesos que captaron los señores César Fernando Mondragón Vásquez (C.C. 79.563.928) y Juan Carlos Bastidas Alemán (C.C. 79.456.226).

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Bendición para las víctimas

Esta es una noticia que califican como positiva los más de 4.000 reclamantes que vieron esfumar sus ahorros cuando los pusieron en manos de Estraval.

¿Por qué?

Porque el valor del lote podría estar entre $100.000 millones y $200.000 millones. Es decir, si a futuro no se cae la decisión, los afectados ya tendrían casi que recuperada una cifra entre $140.000 millones y $240.000 millones.

Recordemos que el pasado mes de mayo Luis Fernando Alvarado, liquidador de la firma de libranzas Estraval, anunció que había logrado recuperar recursos y bienes avaluados en alrededor de $40.000 millones distribuidos así:

$9.542 millones en depósitos judiciales

$4.867 millones embargados en bancos

$3.855 millones en certificados de depósito a término (CDT´s)

$13.551 millones en pagadurías

$6.416 millones en un encargo fiduciario.

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Calvario para la vendedora del lote

El calvario lo tendrá que padecer la vendedora del lote, quien según pruebas preliminares habría recibido recursos provenientes de la captación de Estraval, por cerca de $12.500 millones.

En principio, una de las posibilidades que se había planteado era que la vendedora devolviera los $12.500 millones más intereses, pero luego de intensos análisis, se decidió ampliar la medida contra toda la operación.

¿Por qué se interviene la operación y el lote queda en manos de la liquidación?

Los expertos señalaron a Dinero, que la operación relacionada con el lote se contaminó pues cuando los recursos provienen de una operación ilícita se afecta todo el espectro.

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¿Qué se buscaba en este entramado?

Lo que aclaran los conocedores del tema es que los señores César Fernando Mondragón Vásquez (C.C. 79.563.928) y Juan Carlos Bastidas Alemán (C.C. 79.456.226) buscaban ganarse un diferencial bastante grande por intermediar.

La idea de Mondragón y Bastidas era dar un adelanto por el lote. Ese adelanto era de $12.500 millones.

El inmueble, según informes preliminares habría sido negociado por cerca de $77.000 millones.

Luego de esto los señores César Fernando Mondragón Vásquez (C.C. 79.563.928) y Juan Carlos Bastidas Alemán (C.C. 79.456.226) constituirían un vehículo de inversión.

Tras esta operación, Mondragón y Bastidas, lograrían recibir cualquier suma superior a los $100.000 millones e incluso cercana a los $200.000 millones por el mismo bien.

Es decir, si lograban venderlo en $200.000 millones, la utilidad por hacer esta operación podría ser superior a los $123.000 millones o mejor más del 150 por ciento.

En realidad, agregaron fuentes relacionadas con el proceso, el lote de Funza se cataloga como la Joya de la Corona en la recuperación de Estraval.

Lo que dice el informe

El documento conocido por Dinero es contundente al señalar que decreta el embargo y secuestro de todos los bienes, haberes y derechos de propiedad de los Fideicomisos "Fideicomiso de Garantía y Administración de Inmueble Funza" y "Fideicomiso de Administración de Inversiones Inmobiliarias Colombia Land", susceptibles de ser embargados.

De igual forma deja claro que estas medidas prevalecerán sobre las que se hayan decretado y practicado en los procesos ejecutivos y de otra naturaleza en que se persigan bienes de los intervenidos.

La decisión recalca que en el proceso se evidenció que dichas operaciones y/o negocios hicieron “parte de las maniobras desplegadas por esas sociedades para ocultar a las autoridades las actividades de captación ilegal desplegadas inicialmente, así como para desviar los recursos obtenidos de la misma y evitar su devolución a los afectados como se pasará a describir a continuación”.

Dinero conoció además que las autoridades judiciales tomarán todas estas pruebas para futuras decisiones en contra de Mondragón y Bastidas.

Por su parte algunas víctimas de Estraval aseguraron que impulsarán ante la Superintendencia Financiera una serie de informes para que esta entidad rastree todo lo relacionado con la Fiduciaria Owa Trust Panamá Corp.

Lo anterior debido a que “de conformidad con los documentos expedidos por la Fiduciaria OWA Trust Panama Corp, la sociedad Colombia Land SA constituyó fideicomisos con el objetivo de transferir la titularidad del predio identificado con Matricula Inmobiliaria No. 50C1826522 adquirido de la señora Maria Matilde Carrasquilla Sicard mediante escritura pública No. 2409 del 10 de noviembre de 2015 al "Fideicomiso de Garantía y Administración de Inmueble Funza" y luego constituir el "Fideicomiso de Administración de Inversiones Inmobiliarias Colombia Land" el 2 de octubre de 2015 con los derechos fiduciarios y los beneficios correlativos a ellos del primer fideicomiso”.