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| 1/14/2020 12:28:00 PM

“No nos hemos reunido con Uber porque son ilegales”: MinTransporte

En diálogo con Dinero, la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, aseguró que no ha recibido una propuesta clara por parte de la plataforma para su regulación. También dijo que para las próximas mesas buscarán reunirse con todos los actores.

El lunes 13 de enero, el Gobierno Nacional anunció que reglamentará aplicaciones de transporte tipo Uber en el país, siendo este un primer paso en el problema, que parece de nunca acabar, que este tipo de servicios ha generado en el mundo.  

Uber respondió que la decisión no representa una solución para la compañía, dados los tiempos del proceso y la falta de igualdad de condiciones para hacer parte del diálogo al que convocó el Gobierno. Incluso, aseguró que este tiene a su disposición una serie de recursos que podrían dar vía libre a su operación y que serían un paso más efectivo para avanzar en este dilema. 

Ante esto, la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, habló con Dinero sobre los reparos de Uber al anuncio y lo que pasará en adelante con estas plataformas. 

¿Por qué esperar hasta que se diera toda esta situación con Uber para anunciar una regulación? 

Nosotros no esperamos. Lo primero que quiero decir es que desde que yo llegué a este Ministerio parte del reto era tener y darle la misma importancia al sector de transporte que le hemos dado al sector de infraestructura. Este Ministerio estaba totalmente atrasado en el sector transporte y empecé mesas de trabajo con todas las modalidades de transporte. 

Mi primer reto era eliminar el 1-1 en lo que es el transporte de carga pesada y eso me exigió no solo el trabajo de un año sino tres leyes en el Congreso. Al mismo tiempo, se llevaron a cabo mesas de trabajo con los que prestan el servicio legal de taxis individuales, o sea, conductores, dueños de taxis, empresas. 

Además, en varios Congresos Nacionales de Taxistas, les dijimos que el tema de la economía colaborativa era del Congreso y que el Estado iba a velar para que existiera un equilibrio en las reglas de juego. 

Así, no es que nos hayamos demorado. A mí me hubiera gustado tener la capacidad de hacer todo al mismo tiempo, pero hay un tema de agenda legislativa y de cantidad de trabajo que tiene el Ministerio en la agenda regulatoria de transporte.

Muchos han considerado que las últimas decisiones son una forma de persecución a la tecnología y la innovación, ¿qué opina al respecto? 

El tema aquí no son las plataformas, el tema es la prestación de un servicio público con un vehículo particular. Es esa habilitación sectorial es la que le compete al sector transporte y la que está prevista en dos leyes de la República la ley 336 de 1996 y la ley 769 de 2002. La decisión de la SIC, en virtud de las facultades jurisdiccionales, es la decisión de un juez frente a una demanda de una empresa contra otra empresa, por lo que el único afectado es Uber, quien apeló la decisión y quien tiene derecho a otros instrumentos legales. 

Como gobierno no estamos persiguiendo a nadie. Este es un tema de Congreso y es quien tendrá que reglamentar.

Precisamente en el Congreso cursa un proyecto de ley que busca normalizar la operación de estas plataformas. ¿El Gobierno respaldará este proyecto? 

El proyecto de Ley de los representantes Edwin Ballesteros del Centro Democrático y Mauricio Toro de Alianza Verde, tiene unos temas que son valiosos y otros a los que les queremos hacer unas recomendaciones. Yo me reuní con ellos a finales de noviembre -comienzos de diciembre para hablar al respecto. 

Pero la regulación y discusión de este proyecto podría tardar bastante tiempo. Incluso, Uber en respuesta al anuncio aseguró que hay medidas más rápidas e igual de eficaces para dar solución al problema. ¿Esto es verdad? 

La ley prohíbe prestar un servicio público en un vehículo particular y eso yo no lo puedo cambiar por decreto. Ahora uno puede fijar unas condiciones básicas para que esto se dé y en los países donde se ha regularizado les han exigido a las empresas de este tipo unas condiciones básicas tipo registrarse como empresa de transporte, licencias de conducción especiales, vehículos con sellos particulares, es decir, unas condiciones básicas para dar un equilibrio en las reglas de juego. De eso se trata ir al Congreso, primero porque está prohibido por Ley el servicio y segundo porque aquí todos los actores deben tener unas reglas de juego equivalentes. 

En ese sentido no tendrían a consideración la propuesta que hizo Uber de decretar su servicio mientras inician las negociaciones

Nadie nos puede pedir a nosotros violar la ley. Si Uber quisiera podría registrarse como una empresa de transporte en las condiciones que hay hoy y servicios como el de vehículos blancos estarían habilitados para prestar el servicio. 

Ahora, si sacamos el proyecto de ley igual se van a exigir unas condiciones básicas de registro como ha pasado en México, en Chile, en Argentina. Así, sea público o privado se les va a exigir unas condiciones básicas que un vehículo particular hoy no cumple y que, si lo desean, deberán cumplir.

Usted mencionó que se han realizado unos 700 encuentros para hablar de esta regulación ¿con quién se han hecho estas mesas y en qué momento? 

Las mesas de trabajo las hemos hecho con los que prestan el servicio legal. En la Mesa Individual de Servicio de Transporte Público Individual están los taxistas. ¿Por qué? Si nosotros no nos reunimos con los que prestan el servicio en un vehículo privado, sería reunirnos con la gente, que de alguna manera es ilegal.

Sin embargo, eso no significa que no los tengamos en el radar. En los dos congresos internacionales de taxistas siempre les dije que eso será un debate en el Congreso donde lo importante es que haya un equilibrio en las reglas de juego y que a todos los actores se les pida unas condiciones básicas similares. 

¿Pero en esa discusión no era también relevante, independientemente de su condición de ilegalidad, contar con la visión de estas plataformas? 

Lo que sucede es que nosotros nunca hemos recibido una propuesta de regulación de parte de esa empresa. Yo, como Ministra, no tengo una propuesta concreta en la que hayan dicho miren lo que hacemos en Nueva York, mire lo que hacemos en Chile, no existe. A mí no me la han presentado. 

¿Cuál será el paso a seguir después de este anuncio? 

Nosotros empezamos mesas de trabajo tanto con los congresistas como con los diferentes actores: taxistas, plataformas y asociaciones de usuarios para enriquecer la discusión y tener todos los elementos que permitan llevar un debate en el Congreso con un proyecto de ley que esperamos esté concertado y acordado entre todos. Esperamos hacerlo en el mes de marzo. Esa es la agenda intensa que tenemos en este mes de enero y febrero.

Entonces ahora sí habrá reuniones con las plataformas

Se invitarán a todos los actores, no necesariamente en las mismas mesas, pero nos reuniremos con todos.

¿Cuáles serían los puntos claves de la regulación? 

Teniendo en cuenta la experiencia internacional algunos puntos que tendríamos en cuenta son los seguros básicos y requerimientos que garanticen la seguridad y la calidad de los servicios, y las licencias de conducción especiales. 

Ahora el proyecto de ley presentado tiene algo muy interesante que es la famosa cuota para reposición que ayude a proteger el patrimonio si se disminuye el valor de los cupos. Eso es interesante y hay que mirarlo para saber cuáles son los lineamientos para que cada alcalde tenga su margen de maniobra. 

También se deben incluir incentivos

¿Qué puede decir sobre el caso Picap? ¿También se regularía este servicio de transporte? 

Nunca se va a habilitar la prestación de un servicio público con una motocicleta y Picap, gran parte de su servicio, es prestado a través de motocicletas, lo cual representa un riesgo bastante alto para los usuarios. Así si vamos a dar la discusión regulatoria la plataforma tendrá que acogerse a la legislación.

¿Qué mensaje le da a los usuarios que se verán afectados con esta medida? 

Que el Gobierno no tiene ninguna persecución contra las empresas y que está dispuesto a acompañar el debate legislativo para garantizar que la habilitación sectorial cumpla con las condiciones y tenga en cuenta la seguridad y la calidad del servicio para el usuario.

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