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El superintendente de Salud, Fabio Aristizábal, considera clave que el sistema deje de pensar en sacarle plata a la enfermedad y se concentre en ofrecer salud a los colombianos. | Foto: Pilar Mejía

SALUD

Crisis en la salud: estos son los planes de la Supersalud para enfrentarla

El encargado de vigilar al sistema de salud desarrolla una estrategia para superar la crisis. Cuenta con nuevas facultades y las utilizará.

4 de junio de 2019

El superintendente de Salud, Fabio Aristizábal, no tiene una tarea fácil. El sistema colombiano vive bajo amenaza permanente. El caso de Medimás, las constantes quejas de la ciudadanía por las demoras en citas y servicios y hasta la corrupción parecen no darle un respiro al sector, a los usuarios ni a las autoridades.

En diálogo con Dinero, Aristizábal explicó lo que está haciendo para quitarles los argumentos a quienes critican el sistema de salud. Aquí sus respuestas.

¿Qué tan grave es la crisis del sector?

Dejamos avanzar demasiado los problemas. Las deudas de las EPS que llevan cinco años y medio en vigilancia especial y pueden ser de $600.000 millones hasta $800.000 millones. Y usted va y mira y no tienen el patrimonio mínimo, ni las reservas técnicas. Tampoco tienen la inversión de las reservas. ¿Cómo hicieron? Ahí van y hoy le deben un mundo de plata a la red. Además, tenemos 21 millones de usuarios que están afiliados a EPS con medida de vigilancia.

¿Qué está haciendo para enfrentar ese problema?

Varias cosas simultáneas. Una de ellas son las revocatorias totales, cuando sacamos a una EPS del mercado. También estamos haciendo revocatorias parciales, que es cuando las vamos sacando por departamentos. Tenemos un índice sobre el desempeño de las EPS por departamento, ponderado por la población afiliada con el fin de saber el impacto que tiene la EPS en el territorio y minimizar el riesgo sistémico. Donde sacamos una EPS, vamos acomodando el sistema con otras EPS que tienen buenos indicadores y que le han cumplido a los colombianos. Eso fue lo que pasó con Comfacor en Córdoba. Salen 540.000 personas de esa EPS que estaba en seis departamentos: Cesar, Sucre, Bolívar, Magdalena Atlántico y Córdoba. Se invita a las otras EPS y la población se distribuye con los criterios que establece la ley.

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Pero eso genera presión, porque a las EPS buenas no les queda fácil recibir más pacientes. Por ejemplo: ¿cómo va a hacer con Medimás?

Hay que ser sensatos. Primero, necesitamos el marco jurídico para poder invitar a nuevas EPS que puedan entrar, habilitarlas en esas regiones y prepararlas para que reciban los pacientes. De otro lado, hay que certificarles la deuda que con ellas tiene el Estado. Con los ministros de Hacienda y Salud, Alberto Carrasquilla y Juan Pablo Uribe, hemos analizado el tema. Esto es algo que envejeció mal. Allí el Gobierno tendría que hacer dos cosas importantes: una, reconocerles el deterioro, cuentas por cobrar de las EPS con el Estado, que ya son de mucho tiempo y, por ende, de difícil recaudo. ¿Cuánto puede haber ahí? Entre $1,5 billones y $2 billones. El segundo aspecto, que forma parte del marco general del acuerdo de punto final, es cuánto le corresponde al Estado en ese proceso de ajuste de cuentas.

Pero, además, usted dice que hay problemas actualmente con la Adres.

Cuando llegó este gobierno, el contrato de auditoría de la Adres estaba siniestrado, no habían cumplido. Todas las cuentas deben ser auditadas y, si no se auditan, pues Adres no puede pagar. Esa es una deuda que es del Estado. Allí hay otra mora importante No PBS, es decir, que está por fuera del Plan Básico de Salud.

¿Qué plantearon las EPS?

Que si no tenemos la plata, al menos les reconozcamos la deuda. Entonces estamos tratando de cuantificarla y que sea sobre la glosa histórica. El Estado emitiría un papel que certifica esa deuda y la EPS podría ir a negociar en la banca comercial ese papel. Con eso se anticiparía parte del acuerdo de punto final, que consiste en determinar las obligaciones entre los actores.

Entremos en ese tema. ¿Cómo va a operar el acuerdo de punto final?

Ese acuerdo busca establecer cuánto nos debemos entre todos los actores para saber el déficit en salud.

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¿Cómo funciona?

Nos tenemos que sentar entre actores a depurar y a auditar: EPS con IPS, EPS con el Gobierno e IPS con los proveedores. Todos vamos a determinar las obligaciones entre actores y aquí van a ocurrir varias cosas. La primera: uno de los grandes deudores va a ser el Estado, porque hay dos deudas históricas. Una es la de los territorios con las EPS del régimen subsidiado porque fue evidente que se dio la instrucción de que el No PBS de las EPS del régimen subsidiado estaría a cargo de los entes territoriales. Eso puede estar entre $1,5 billones y $2 billones.

Tiene que haber un garante, aquí puede salir el Estado y decirle señor gobernador: hay que sacar dinero fresco para cubrir ese pasivo.

¿Cuál es la segunda deuda histórica?

Es la del Gobierno (Adres) con las EPS del régimen contributivo por el No PBS. Ahí va a aparecer esa deuda, que puede estar entre $5 billones y $6 billones. Sumadas esas dos cosas da unos $7 billones que son los que corresponderían al Estado y el Estado va a honrar esos recursos. ¿Cómo? Eso es lo que queda por establecer. Eso lo va a estructurar el Ministerio de Hacienda. Podríamos hablar de un mecanismo de titularización de la deuda, para que no tenga el Estado que sacarlos en una sola cuota.

¿Y las EPS qué van a hacer?

Les vamos a decir: case usted lo suyo, ponga dinero fresco; es necesario que nos digan cómo van a pagar su deuda. Yo creo que de la deuda total del sistema el Gobierno pone la mitad y las EPS la otra mitad. Los privados van a tener que poner por ahí $7 billones. Así que más o menos estamos suponiendo que $14 billones es el total del pasivo del sistema. El día que se pague eso ponemos el sistema en cero y no debería haber facturaciones por encima de 90 días. Si vuelve a haber retrasos de pagos a 90 o 100 días tendrán que levantar la mano e intervendríamos rápido para no llegar al problema de hoy.

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Hay muchas otras dudas. Por ejemplo, ha habido ruido sobre quiénes estaban detrás del negocio de Cafesalud y Medimás.

Hasta antes del Plan Nacional de Desarrollo era muy difícil tener esa clase de información. Pero uno de los artículos aprobados en el Plan me dio esa competencia, porque yo vigilo las EPS pero no a los dueños de las EPS. Esa es una nueva competencia que me da el Plan de Desarrollo: establecer el beneficiario real. Si alguien iba a comprar o a vender participaciones en una EPS, yo no tenía competencia para saber cuáles eran sus características, qué experiencia tenía o si conocía el sector. Y lo que pasó con Medimás nos abrió un poco más los ojos: quién está detrás de la compra del aseguramiento. Además, tengo muchas otras facultades gracias a la ley 1949 que amplío la capacidad sancionatoria, entre otras medidas.