De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo, si bien los programas sociales de transferencias monetarias condicionadas (CCT) se utilizan en la región desde los años 90, tienen riesgos sobre la capacidad de acceso a ciertos bienes para los más necesitados si el Gobierno no elimina ambientes anticompetitivos.

Los países suelen atar las CCT por ejemplo al acceso a la educación de los hijos de cada familia beneficiada, salud y sanidad. Además, se utilizan para reducir la pobreza en estos segmentos de población vulnerable.

El Bid recomendó que “al concebir políticas sociales, los responsables de políticas deben tomar en cuenta ambos lados de la ecuación. Las intervenciones del lado de la oferta quizá no produzcan los resultados buscados si la demanda de esos servicios no está presente”.

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Para explicar los problemas que puede generar un ambiente anticompetitivo en programas de CCT, el multilateral utilizó el caso de República Dominicana, donde los subsidios para compra de artículos de canasta básica para los más pobres se asignaron primero a un número limitado de tiendas de cada sector, lo que llevó a que estas incrementaran sus precios e hicieran ineficiente el gasto del Gobierno.

El Bid recordó que a mediados de la primera década del 2000, República Dominicana decidió asignar una tarjeta débito de uso exclusivo para la compra de bienes de canasta básica y alimentos en un determinado número de tiendas en cada sector habitado por familias de escasos recursos y las condicionó a que las familias garantizaran el acceso a la educación de sus propios hijos.

Sin embargo, el Gobierno autorizó a un número reducido de tiendas para que admitieran las tarjetas débito y estos establecimientos, a su vez, incurrieron en altos costos como registros especiales de comercio y la compra y mantenimiento de datáfonos para atender a cerca de 520.000 familias.

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Dados los costos para obtener la autorización del Gobierno y al tener una competencia limitada, las tiendas incrementaron considerablemente los precios de los productos que se ofrecían a las familias beneficiarias de los subsidios, por lo que dicho gasto del Gobierno se volvió ineficiente y para las familias era insuficiente.

Al notarlo, República Dominicana decidió incrementar el número de establecimientos autorizados en 51 de las 71 zonas delimitadas por el mismo Gobierno e incrementó en 26% el número de tiendas disponibles al sumar 61 nuevos establecimientos.

La entrada de mayor competencia, generó en los siguientes seis meses una reducción en los precios de los productos ofrecidos del 5% y mantuvo la calidad de los mismos, por lo que se generaron eficiencias en la inversión del Gobierno sin que las familias se vieran afectadas por una disminución en la calidad de los productos básicos a los que tenían acceso.

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