Procuraduría pidió garantizar servicio de salud a pacientes sin covid-19

El Ministerio Público envió una carta dirigida al superintendente de Salud, Fabio Aristizábal Ángel, en la que alertó sobre el aumento de las quejas interpuestas por retrasos en las autorizaciones, demoras injustificadas en la entrega de medicamentos y la falta de oportunidad en la asignación de citas médicas para atender a pacientes con enfermedades cardiovasculares, renales, diabetes y cáncer, entre otras. 

El ente de control señaló que la estrategia de salud adoptada para afrontar la pandemia generada por el virus de la covid-19 no debe ser una excusa para la desatención de pacientes con otras patologías, que podrían convertirse en las principales razones de mortalidad en población de especial protección, como adultos mayores y menores de edad. 

La Procuraduría reiteró que no se puede permitir que los derechos a la vida y salud de los ciudadanos con enfermedades crónicas sean vulnerados. 

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Así mismo, pidió adelantar un plan de seguimiento a las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios de Salud (EAPB) de manera urgente. 

Para, de esta manera, poder analizar y verificar las autorizaciones emitidas, departamento, patologías y citas por especialista; número de quejas y plazos perentorios para la resolución de las inconformidades, y el seguimiento a la entrega de medicamentos a domicilio. 

Es necesario también que se adelanten acciones de Inspección, Vigilancia y Control, tendientes a evitar que se incrementen este tipo de prácticas en contra de la población no contagiada por la covid-19, y a reconocer y mitigar los riesgos en materia sanitaria a los que eventualmente podría estar expuesta la población residente en el país, en caso de que la actual situación de salud pública se agrave. 

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El pasado 3 de julio, la Supersalud estableció instrucciones para vigilar que las EPS e IPS del país garanticen el flujo de los recursos, cumplan los compromisos de pago dando prioridad al personal de la salud y refuercen los mecanismos de control que garanticen el buen uso de los recursos del sistema. 

A más tardar el próximo 20 de julio, los diferentes grupos de instituciones prestadoras de servicios de salud, así como las de transporte especial de pacientes, deberán reportar la información contable y facturación radicada en los últimos meses.