Marchas y protestas: ¿qué tan grave es el diagnóstico?

El movimiento social ha sorprendido a todos y al Gobierno más. Evidentemente, en la Casa de Nariño muchos se preguntan por lo que está pasando y por las causas reales de la enorme insatisfacción que ciudadanos de todas las clases ponen en evidencia al salir a marchar.

No se puede poner en tela de juicio la legitimidad de la mayoría de los reclamos y la sin salida a la que están llevando los manifestantes a la administración Duque. Porque no está en juego solo la coyuntura económica y, en especial, la actividad productiva en una de las más movidas épocas del año (las celebraciones de diciembre). También –por lo menos así lo han planteado los representantes de las movilizaciones– la estructura misma de la sociedad en general y, en particular, de la economía y el gasto público.

En cuanto a la coyuntura, el comercio ha sufrido, pues los dueños de los establecimientos han tenido que mantener cerrados sus negocios mientras pasan los marchantes. También otros sectores han enfrentado dificultades, pues sus empleados no han podido llegar con la regularidad tradicional a su trabajo.

El presupuesto de ciencia e investigación también motiva las protestas.

Según muchos analistas, todo esto podría afectar el crecimiento en al menos 2 puntos básicos. Además de permanecer el escenario de incertidumbre, el crecimiento el próximo año se podría resentir. BNP Paribas considera que en 2020 la economía colombiana va a crecer menos que en 2019.

Eso preocupa: si se concreta la desaceleración y la inflación se sale de cauce, presionada por la devaluación del peso, el Banco de la República podría quedar contra las cuerdas. Por primera vez en este siglo la política monetaria podría volverse procíclica, con incremento de tasas en un periodo de ralentización.

Aun así, por ahora nadie habla de crisis económica. Por el contrario, Colombia sigue dando señales de fortaleza y muchos pronostican crecimientos por encima de 3% para 2019 y 2020.

Desde el punto de vista de la política económica, las autoridades tienen que ir con cuidado para que el consumo de los hogares no se afecte. Según las cifras del Dane, ese dato creció 4,9% en el tercer trimestre de 2019, una situación más que saludable en la coyuntura. Hay que cuidar la capacidad y el interés de compra de los colombianos.

Para eso es clave que el país regrese a la normalidad finalmente, después de varios años en los que la incertidumbre se ha adueñado del parecer de todos. En ese orden de ideas, hay que resolver prioritariamente las inquietudes de la ciudadanía. De no hacerlo, el Gobierno podría cometer una grave equivocación que atizaría aún más la protesta social. En cualquier caso, su margen de maniobra tiene límites desde muchas perspectivas.

Líos estructurales

Las disímiles demandas se manifiestan en muchos asuntos: la implementación del proceso de paz, el asesinato de líderes sociales, los falsos positivos y un largo etcétera tan diverso como los manifestantes mismos.

Las demandas incluyen peticiones económicas como no avanzar en reformas clave como la pensional, la laboral y la tributaria. Los marchantes se quejan de la baja inversión en educación, ciencia y tecnología, así como por el elevado presupuesto para Defensa. Ni qué decir de la posición sobre el fracking en Colombia, que ha exacerbado a los sectores ambientalistas. Hay agenda indígena, feminista, educativa, tributaria, ambiental y de defensa, entre muchas otras.

El variopinto portafolio de peticiones da la impresión de que el país se encuentra al borde de una situación de referendo permanente o, peor aún, ad portas de una constituyente. Hay que superar esa sensación y empezar a presentar reformas.

Los cambios

De otra parte, los líderes de la protesta deben entender que, aunque sus puntos de vista son válidos, la protesta social solo es un mecanismo extraordinario de presión. Para lograr reivindicaciones hay que utilizar los mecanismos tradicionales: el Congreso y las entidades de ejecución del gasto. Cualquier otra idea sobre cómo se adelantan esos cambios puede resultar un remedio letal, porque afecta la base institucional del país. Resulta tranquilizante que la propuesta de una Constituyente, como la que planteó el alcalde electo de Medellín Daniel Quintero, haya recibido un rechazo generalizado.

Sin embargo, el Gobierno también debe entender que el palo no está para cucharas y que debe ceder en temas sensibles. Por ejemplo, debe abrir campo para discutir a fondo sobre cómo mejorar en educación y garantizar unos mayores niveles de inversión en ciencia y tecnología. Y ponerse junto con el Legislativo a implementar salidas para esas demandas.

Las protestas se han vuelto un fenómeno global: en Francia y Chile, los ciudadanos también expresan su descontento.

Incluir el mecanismo de devolución del IVA en la reforma tributaria para las clases de menores ingresos también da una señal positiva. Eso va a representar un verdadero alivio y mejorará las condiciones de equidad del sistema tributario colombiano.

Pero a muchos les preocupa que el ambiente no es propicio para abordar las reformas estructurales. Paradójicamente, las protestas pueden derivar en un escenario de medidas populistas (como los tres días sin IVA) y, peor aún, sin que se avance en las medidas necesarias de ajuste para despejar el futuro económico.

Muchas de las demandas de los protestantes son legítimas, pero también es claro que la mayoría cuestan mcho dinero. Para lograr reformas claves habrá que pisar callos y eliminar privilegios. Muchos se preguntan si las partes están dispuestas a ceder en ello. Por ejemplo, ¿serán eliminadas realmente las exenciones en renta que socavan la base de tributación de muchos sectores? Al haber garantizado la devolución del IVA a los más pobres, ¿va el país a generalizar este impuesto a todos los productos y servicios para eliminar su alta evasión? ¿Es posible por fin considerar un gravamen a las pensiones altas?

Todas esas preguntas deben tener respuestas claras. Todas las demandas cuestan y ese costo hay que financiarlo. Si el país se equivoca al tratar de resolver esta situación, podría avanzar por el camino del desastre económico y social. Se necesita de mucha sindéresis de todas las partes para lograr avances reales que consoliden los ajustes necesarios. Todo ello para convertir esta situación de zozobra en el camino por el que transitará el país hacia resolver sus problemas estructurales. Esta es una gran oportunidad.