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Opinión

  • | 2019/12/02 00:01

    ¿La protesta social debe atender las necesidades de los más pobres?

    El paro, las marchas, las reivindicaciones sociales de diferentes actores, y, en general, la protesta social, que ya completó más de una semana, fueron más allá de lo programado y pensado por las organizaciones sociales.

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Quienes organizaron el paro y la protesta social se vieron sobrepasados por el malestar social, pero también por la alegría de los jóvenes, por la participación de la gente de la cultura y por el vigor de los vecinos de barrio, quienes marcaron el paso y lograron que sonaran, como nunca, las cacerolas. 

Tampoco el gobierno estaba preparado para un hecho social sin precedentes, a pesar de que se conocía que dicho gobierno era impopular, además, el presidente Duque y su equipo de gobierno estaban al tanto de los acontecimientos, relacionados con la protesta, de Chile y en Ecuador.

También, al gobierno y a la sociedad le queda claro que la protesta ciudadana masiva, sin violencia y sin destruirnos, es el futuro, nos tendremos que acostumbrar a ella, esa es la paz, por odioso que parezca a algunos. Paz con conflictos, para seres humanos llenos de contradicciones, intereses individuales y sociales, con pasiones propias de la militancia política o de la ideología o de otras creencias subjetivas. Aun así, gobierno y movimientos sociales tendrán que aprender a manejar los antagonismos por lejanos que estos sean. Lo que está pasando es nuevo y el país debe reconocer que no existen lámparas de Aladino para encontrar soluciones mágicas. 

Gobierno y organizaciones sociales tienen que aprender a tramitar y a resolver conflictos sociales de gran magnitud con la participación ciudadana. Lo anterior no está mal para una sociedad acostumbrada a la imposición de una minoría con poder económico; en otros casos con poder político cuyo origen era el clientelismo y la corrupción, más grave, una minoría que gobernó y se aprovechó del miedo que la sociedad tenía a las pretensiones de las Farc, o de otros grupos guerrilleros, para que los escucharan por la vía de las armas. 

La protesta social debería ser entendida como una invitación a tratar de encontrar, entre todos, caminos para mejorar la calidad de vida de amplios sectores de la sociedad, para avanzar hacia un Estado que garantice el desarrollo de la economía, pero que entienda que la intervención es para evitar la concentración de la riqueza y favorecer a los excluidos, a los más pobres. 

El comité del paro entregó al gobierno 13 peticiones que arrancan con la propuesta de retirar el proyecto de ley de reforma tributaria, en tránsito en el Congreso, este es un punto central, que debe responder a la pregunta sobre ¿para qué la intervención en la economía del Estado? Nadie está pidiendo expropiar, ni atentar contra el sistema económico, pero tampoco está bien que se bajen los impuestos a los más ricos y se disminuya la seguridad social, porque se incrementa la inequidad. Así mismo, no se podrá discutir una reforma tributaria integral, sin unos acuerdos básicos contra la corrupción.

El senador Roy Barreras sostiene que en la reforma tributaria suman 14 billones las exenciones que él denomina como el regalo a los ricos más ricos (eliminación del ICA y descuento de bienes de capital cuestan 7 billones cada uno, más exenciones actuales), él saca la conclusión que este recorte generará una grave disminución del recaudo para la inversión social y la generación de empleo. En este mismo sentido, el rector de la Universidad de los Andes, Alejandro Gaviria afirma que los contratos sociales tienen que ser coherentes: más salud, más educación y un mejor sistema pensional necesita más impuestos.

¿De dónde van a salir los recursos para enfrentar problemas reales? Por ejemplo, recordemos que según el Plan Decenal de Educación, “en el año 2015, en Colombia, el promedio de años de educación en zonas rurales fue de 5,5 años mientras que en zonas urbanas fue de 9,2 años”, , para el año 2015, la cobertura de grados décimo y once fue del 47% en zonas urbanas, mientras que en zonas rurales fue del 29 %. son los resultados que produce un sistema donde el 40 % de las escuelas rurales no tienen agua potable, el 49 % tiene baños en mal estado, el 16 % funciona sin electricidad, el 47 % no tiene acceso a internet y el 54% carece de línea telefónica. En este sentido cualquier negociación y acuerdo, producto de la protesta social deberá dar prioridad al desarrollo de la población rural, a partir de la educación, a resolver la brecha que crea el sistema educativo con los niños y adolescentes de las zonas rurales.  

Además, ¿de dónde van a salir los recursos para mejorar el sistema pensional? Stéfano Farné, director del Observatorio de Mercado de Trabajo y Seguridad Social sostiene que solo dos de cada 10 personas se pueden pensionar, generalmente los de mayores ingresos. De nuevo ¿Qué hacemos con miles de viejos sin pensión? pero a la vez subsidiando, con recursos del Estado, a quienes se pensionan con más de 3 millones de pesos. 

Luego, la necesidad de discutir y buscar acuerdos con diversos actores sociales para una reforma tributaria que, sin dañar la economía, tenga como esencia la equidad, no es una discusión menor y fácil, porque es ahí donde de verdad como sociedad sabremos si somos capaces de manera solidaria de empezar a resolver los problemas estructurales de los más pobres.  

Por último, al gobierno y a quienes tienen miedo a la movilización social les cito las  palabras del embajador de Alemania en Colombia, Peter Ptassek, él señaló que la “protesta pacífica no es una amenaza, al contrario, es una oportunidad. Quien busca un mejor país no puede ser enemigo, hasta nuestros mejores amigos nos corrigen”. 

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