Abren nueva investigación en caso del ‘Cartel de la Hemofilia’ por $27.000 millones

La Gerencia Departamental Colegiada de la Contraloría General de la República, en Caquetá, auditó los contratos suscritos por la Gobernación, con las empresas Suiphar de Colombia y Distrimedical’s, para el suministro del medicamento Factor VIII de alta pureza enriquecido con Factor de Von Willebrand.

Según el ente de control, los contratos se suscribieron por $7.433 millones, pero con destino a la atención de 5 usuarios diagnosticados de hemofilia severa. Esto, de acuerdo con la versión de la entidad del Ministerio Público, deja en evidencia que la Secretaría de Salud Departamental no verificó ni corroboró la veracidad de las historias clínicas aportadas por cada uno de los usuarios, permitiendo el pago con base en documentos que no fueron emitidos por las IPS.

La Contraloría en Caquetá estableció que los contratistas de la Gobernación hicieron entrega de medicamentos que no cumplían las especificaciones técnicas de aquellos contratados. Es decir, se hizo entrega de otros medicamentos distintos a los pagados.

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Además, la Secretaría de Salud Departamental recibió un producto que no cumplía con las características técnicas descritas en los contratos, pues que se trataba de medicamentos incluidos dentro del POS, por lo que se terminó pagando y suministrando directamente por la Gobernación, medicamentos que se encontraban en el POS, y por lo tanto se incurrió en gastos que debieron ser asumidos por las Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado.

Estos sucesos ocasionaron un detrimento al patrimonio en cuantía de más de $7.433 millones, que afectó los recursos destinados a la población de bajos recursos económicos.

Al respecto, la Gerencia de la Contraloría en el Caquetá llamó a responder por los recursos perdidos, al exgobernador, Víctor Isidro Ramírez Loaiza y al secretario de Salud de la época, Luis Eduardo Campo Castillo, así como a las empresas contratistas y sus representantes legales.

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La entidad que pertenece al Ministerio Público, aseguró que, a pesar del volumen y la cuantía de la contratación, las IPS sólo pudieron certificar la atención de un sólo paciente, por parte del Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, al que le habrían formulado en 2014, 270 ampollas del medicamento por $371’250.000.

Hay que decir que la mencionada contratación para el suministro de este medicamento se habría realizado sin el cumplimiento de requisitos legales, argumentando que no existía pluralidad de oferentes por ser ellos los únicos proveedores, cuando la Contraloría General en el Caquetá pudo establecer que sí existían en la región diferentes importadores y distribuidores del producto adquirido en el país.

Pero ahí no acaba el problema porque, en el caso de la Gobernación de Bolívar, la Contraloría también abrió un proceso de responsabilidad fiscal al evidenciarse que la Secretaría de Salud Departamental realizó una serie de pagos en cuantía superior a los $20.000 millones, por la supuesta atención integral de pacientes hemofílicos, que deberían haber sido asumidos por las EPS donde los mismos se encontraran afiliados, teniendo en cuenta que los servicios médicos para el tratamiento integral de dicha enfermedad, se encontraban cobijados dentro del POS.

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