El contralor general, Edgardo Maya, explicó las irregularidades encontradas en los contratos del programa “Vive Digital” y anunció el traslado del caso a la Procuraduría General.
La Contraloría General de la Nación advirtió que las irregularidades en la construcción de vivienda con recursos de regalías en Arauca representa un detrimento patrimonial que supera los $7.000 millones.
La Contraloría y la Procuraduría avalaron la solicitud de principio de oportunidad que un juez le otorgó a Nicolás Isackson, exfuncionario de la Refinería de Cartagena, por petición de la misma Fiscalía General y como parte del proceso de investigación que se adelanta por los sobre costos en la remodelación de la refinería que entró en funcionamiento en diciembre de 2016.
Cuando el nuevo presidente de Colombia asuma su cargo el 7 de agosto, tendrá poco espacio para modificar el Presupuesto de 2019 pues el anteproyecto está listo desde abril y el proyecto se radica en agosto. Estas son las cuentas para el próximo año.
La Contraloría General de la República evidenció irregularidades en pagos relacionados con las enfermedades de hemofilia y de Von Willebrand, pero que se originaron Caquetá y Bolívar, dando origen a Procesos de Responsabilidad Fiscal por más de $27.000 millones.
El Contralor General de la Nación criticó el manejo de las entidades financieras del Estado, previamente a la firma del protocolo de transparencia entre el sector financiero y el sector público.
El contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, llamó la atención al alcalde de Villavicencio, Wilmar Orlando Barbosa, por iniciar en forma tardía la selección del contratista que debe operar el Programa de Alimentación Escolar (PAE) en esta ciudad, con lo cual al día de hoy y pese a que ya inició el calendario escolar, no se le está prestando el servicio de alimentación a que tiene derecho la población estudiantil. “Lo anterior no solo constituye una violación flagrante de las normas que rigen la ejecución y operación del PAE, sino que también vulnera los derechos de los niños, niñas y adolescentes registrados en la matrícula oficial del municipio de Villavicencio”, le manifestó el jefe del organismo de control al mandatario local. Según el ente de control, lo más grave es que Villavicencio incumple de forma reiterada con la función de contratar la operación del PAE de manera oportuna, pues la misma situación se dio en las contrataciones que realizó en 2016 y 2017, con la Unión Temporal Codesllano (contrato 0674 de 2016 por $5.274 millones) y con Ecoalimentos (contratos 003 de 2017 por $3.124 millones y 859 de 2017 por $1.833 millones)-. En comunicación que envió al alcalde, el contralor general deja ver la falta de planeación de esta administración, al no contemplar los trámites y procedimientos para iniciar en debida forma y de manera oportuna con la prestación y ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE). Para Maya Villazón, la Alcaldía Municipal no solo ha infringido las resoluciones emitidas por el Ministerio de Educación Nacional, en lo que respecta a la ejecución del PAE, sino también la Constitución y la ley, faltando además a los principios de la Función Administrativa del Estado.
Ante una denuncia sobre presuntas irregularidades en la ejecución del contrato de obra para la construcción del Polideportivo Central del municipio de Fundación (Magdalena), el contralor solicitó al nuevo gerente de Fonade, Álvaro Balcázar Acero, adelantar las acciones necesarias para concluir la obra.
Respecto a la investigación que adelanta la Contraloría General de la República, la entidad financiera destacó que entre el 2014 y el 2017 ha adjudicado $2,3 billones en subsidios de Vivienda de Interés Rural.
El contralor, Edgardo Maya Villazón, propuso convertir el Programa de Alimentación Escolar (PAE) en una política pública de Estado. El funcionario pidió fijar metas para el largo plazo y el aumento de recursos para este programa.
La Procuraduría ordenó la suspensión provisional por tres meses del gobernador de Córdoba, Edwin Besaile Fayad, por el llamado cartel de la hemofilia.
La Contraloría encontró algunas irregularidades con posible incidencia fiscal por $11.488 millones en una auditoría de cumplimiento, articulada con veedurías ciudadanas, que puso en evidencia la gestión del Banco Agrario para ejecutar proyectos de Vivienda de Interés Social Rural.
Un fallo de la Contraloría General, en un caso sobre los recursos de las tarifas de recolección de basuras en Bogotá, tiene a las fiduciarias y al sector asegurador en alerta. ¿Cuál es la controversia y qué impacto tendría?
El colapso del puente Quebrada Blanca, en Otanche (Boyacá), generaría la pérdida de inversiones del Estado y un presunto detrimento patrimonial por valor de $10.792 millones determinó la Contraloría, señalando como responsable al Fondo Adaptación.
La Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo solicitaron al Gobierno que convoque una sesión extraordinaria de la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas, para socializar los cambios propuestos en la indemnización individual por vía administrativa a las víctimas del conflicto armado. En carta enviada a la Directora de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Yolanda Pinto, urgieron la necesidad de que se socialice el proyecto de decreto que prepara el Gobierno Nacional para modificar algunas disposiciones del Decreto 1084 de 2015 Único Reglamentario del Sector de Inclusión Social. Para las entidades “el proyecto de decreto plantea cambios sustanciales en lo referente al trámite, procedimiento, mecanismos, montos, criterios de priorización y demás lineamientos para otorgar la indemnización individual por la vía administrativa a las víctimas del conflicto armado". Por esta razón, los 3 organismos indicaron que es fundamental que la Unidad para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas, en su rol de coordinador del Sistema Nacional de Reparación Integral a Víctimas, lo socialice lo antes posible con la Mesa Nacional. En la comunicación llamaron la atención sobre la necesidad de brindar una respuesta a las víctimas frente a las observaciones que presentaron en diciembre a los lineamientos de la ruta propuesta , y que se resuelvan las inquietudes que puedan surgir con relación al nuevo proyecto, lo que hace necesaria la asistencia de representantes de otras entidades del Gobierno Nacional como el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Departamento Nacional de Planeación y el Departamento para la Prosperidad Social.
La Procuraduría General anunció que desde este año los entes territoriales tendrán que enviarle informes bimestrales sobre la gestión del Plan de Alimentación Escolar (PAE), al que se le han encontrado irregularidades en departamentos como La Guajira.
En el país no hay una política articulada para el control y uso del mercurio. Así lo concluyó una auditoría de cumplimiento adelantada por la Contraloría a través de su Delegada para el Medio Ambiente.
Un estudio de la Contraloría encontró que a diciembre de 2016 se debían tener 1.050 Unidades de Producción Minera en grado 1 o básico, y solamente se alcanzaron 764.
La Contraloría señaló que más de $4 billones reposan en las cuentas de los bancos del sistema financiero del país, negociadas por los entes territoriales a tasas de interés relativamente bajas.
Tres meses después de que un grupo de funcionarios expertos comisionados por el contralor general Edgardo Maya examinaran la situación de Fonade, una de las entidades más cuestionadas por el manejo de cuotas políticas, el diagnóstico no parece alentador. Aunque fue creada para manejar los recursos destinados a desarrollar grandes proyectos regionales, Fonade presenta incumplimiento, adiciones o escasa ejecución en varios de los 424 contratos suscritos entre 2012 y 2016, según la Contraloría. Frente a este estado crítico, el Contralor prepara una propuesta que presentará en los próximos días al gobierno central para que se liquide esta entidad.
Más de 600 personas entre empresarios, clientes del Banco Itaú y dirigentes gremiales asistieron a la primera versión en Colombia de Macro Visión 2018, un espacio creado por Itaú para entender de la voz de expertos la coyuntura económica global, regional y local. El invitado especial fue Paul Krugman, premio Nobel de economía 2008.
La conferencia internacional Macro Visión 2018, un evento sobre macroeconomía organizado por Itaú, se realizó por primera vez en Colombia y contó con la participación de Paul Krugman, premio Nobel de Economía 2008; José Antonio Ocampo, codirector del Banco de la República; y Mario Mesquita, economista jefe de Itaú-Unibanco.
El presidente de Itaú en Colombia, Álvaro Pimentel, habló con Dinero durante la conferencia internacional Macro Visión 2018 sobre el balance del primer año de la entidad en el país y los retos que vienen.
Estos 40 Colombianos están liderando sus campos de acción con talento, ideas innovadoras, pensamiento disruptivo y un propósito trascendente.
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