| 1/18/2018 5:11:00 PM

Contraloría investiga al Banagrario por irregularidades en proyectos de vivienda

La Contraloría encontró algunas irregularidades con posible incidencia fiscal por $11.488 millones en una auditoría de cumplimiento, articulada con veedurías ciudadanas, que puso en evidencia la gestión del Banco Agrario para ejecutar proyectos de Vivienda de Interés Social Rural.

En la auditoría de la Contraloría General de la República (CGR) al Banco Agrario se evaluó la gestión y el cumplimiento de la administración y ejecución de los proyectos de Vivienda de Interés Social Rural (VISR), vigentes para el año 2016, que la entidad financiera adelantó como producto de la Política de Vivienda del Gobierno Nacional.

El resultado de la auditoría determinó que hay 19 irregularidades administrativas en total, de las cuales 13 tienen presunta incidencia disciplinaria y 3 posible incidencia penal en las que 9 de ellas son de carácter fiscal.

La Contraloría indicó que los hallazgos son serias deficiencias en el proceso de viabilización y validación de los proyectos objeto de asignación de recursos VISR.

Según el ente de control, se evidencia las inconsistencias en el proceso de contratación de las Gerencias Integrales (que son las sociedades o cooperativas contratadas para la administración y ejecución de los proyectos), pues se adelantó sin atender los requisitos técnicos, financieros y legales previstos, lo cual ha conllevado a incumplimientos del objeto de los contratos de administración por parte de dichas gerencias.

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¿Mala gestión?

Entre tanto, la auditoría puso en evidencia un uso inadecuado de los recursos VISR por parte de las Gerencias Integrales, así como ausencia de controles por parte del Banco Agrario con relación al manejo de las cuentas donde se consignan los recursos de subsidios de este tipo de viviendas y los aportes de las entidades oferentes. De acuerdo con el estudio de la entidad del Ministerio Público, los hechos provocaron una pérdida de recursos por cerca de $3.000 millones, recursos que fueron conseguidos por medio del fraude.

Este es el caso de los proyectos de Vivienda de Interés Social Rural en los municipios de Tarqui y Suaza, en el Huila, donde se contrató una Gerencia Integral para el desarrollo de 8 proyectos, los cuales pretendían beneficiar con vivienda a 289 hogares.

Hay que decir que, al consorcio contratado, se le desembolsaron recursos por la suma de $3.032 millones. Sin embargo, al 7 de marzo de 2017, fecha en que venció el plazo de ejecución, el avance físico registrado para los proyectos era del 0% y el saldo disponible en bancos solamente asciende a $1’200.000, conforme a los extractos bancarios de las cuentas corrientes abiertas para su manejo.

Según la Contraloría, estos hechos afectaron a 289 hogares beneficiados con subsidio VISR, los cuales a hoy no tienen la vivienda ofrecida por el programa, con el agravante que los jefes de hogar permanecen en las bases de beneficiarios ya con proyecto asignado lo que limita la posibilidad de aplicar a otro.

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Lucha de poderes

Sumado a lo anterior, el órgano de control encontró un eventual conflicto de intereses en la contratación realizada por las Gerencias integrales respecto a los ejecutores de las obras y las interventorías.

Pues la Contraloría logró reafirmar la premisa con los proyectos de VISR ejecutados en Huila y Cundinamarca, donde la cooperativa contratada para ejercer la Gerencia Integral tenía un vínculo directo con las empresas que suscribieron los contratos de obra e interventoría, dada su participación accionaria en las mismas.

Tal situación afectó la transparencia en la toma de decisiones en la administración de los recursos de los subsidios VISR, los cuales estaban destinados a objetos contractuales de índole social que, a la postre, resultaron incumplidos”, explicó la Contraloría.

Por otra parte, el resultado de las visitas técnicas a los proyectos auditados evidenció reiterada inoportunidad en la entrega de las viviendas a los beneficiarios del subsidio Vivienda de Interés Social Rural.

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Hay que decir que estas situaciones fueron puestas en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, a fin de que inicie las investigaciones correspondientes.

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