¿Por qué están en riesgo los proyectos de energías renovables en Colombia?

El pasado 1 de agosto, el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio del Interior, la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme), la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) y Corpoguajira, entre otras entidades, recibieron un documento firmado por tres procuradores judiciales desde Rioacha (Guajira).

En él hacen una solicitud que ha generado gran preocupación al interior del Gobierno y en el sector de energía. Piden suspender no solo la ejecución del proyecto “Línea de transmisión asociada a la conexión Cuestecitas-Colectora (…) localizado en los municipios de Uribia, Albania, Maicao, Manaure y Rioacha en el departamento de la Guajira”, sino también que no se apliquen las resoluciones que adoptan o modifican los planes de expansión de generación y transmisión y que se suspendan “los demás proyectos y actos administrativos contractuales o no, que sean consecuencia directa de los actos inaplicados, que estén en etapa de planeación o en ejecución, hasta tanto no se agote el procedimiento de consulta previa y obtención del consentimiento libre (…) de las comunidades étnicas”.

En pocas palabras, la solicitud de los procuradores judiciales Edwin López, Víctor Sierra y Germán Gutiérrez es suspender una de las iniciativas bandera del Gobierno: los proyectos de energías renovables no convencionales –en especial eólica y solar– que están programadas en La Guajira.

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Uno de los soportes de la comunicación es un documento de la ONG Indepaz que advierte que las comunidades indígenas dueñas del resguardo de la Media y Alta Guajira no tienen conocimiento informado de la transformación energética en la región; ni siquiera las del área inmediata a los parques eólicos y solares.

Para algunos analistas consultados por Dinero, esta comunicación puede representar la antesala a una acción popular y el Gobierno debe responder en los próximos días si acata o no las recomendaciones. Y en una etapa posterior podrían avanzar medidas cautelares que dejarían en stand by los proyectos.

Las consultas previas han representado históricamente uno de los cuellos de botella más complejos en el desarrollo de proyectos. Sin duda, es necesario preservar las comunidades y facilitar que sus entornos convivan con los proyectos sin afectaciones y con compensaciones. Pero no ha sido una tarea fácil. La iniciativa en el Congreso que busca regularlas no avanza y las relaciones con las comunidades se tornan cada vez más complejas; en especial en los últimos meses, cuando producto de la pandemia fue necesario entrar en cuarentenas que hicieron inviables las reuniones físicas, mientras que las virtuales no tomaron vuelo.

Esta tensión llega en un momento muy complejo para el país, cuando el Gobierno anunció su Plan Marshall de recuperación y reactivación de la economía, en el que espera mover cerca de $100 billones y generar alrededor de un millón de nuevos empleos.

El sector de minas y energía ha identificado para la reactivación de la economía en tiempos de pandemia 33 proyectos, cuyas inversiones ascienden a $36,5 billones y pueden generar cerca de 55.000 empleos. Sin embargo, las consultas previas han puesto en problemas 20 proyectos, con inversiones por $13 billones y más de 23.000 empleos que están en juego, de acuerdo con estimaciones del Gobierno.

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Precisamente, en La Guajira y en el desarrollo de las energías renovables no convencionales, en especial eólica y solar, es donde se concentra gran parte de esta preocupación. Casi 2.400 MW de capacidad instalada de 16 proyectos de empresas como Enel, Trina, AES, Celsia y EDPR están en jaque porque están pendientes las consultas previas, en la mayoría de los casos de las líneas de conexión. Estos proyectos suman $10 billones y más de 7.000 empleos. La consulta previa de la línea Cuestecitas-Copey-Fundación –con una inversión de $566.000 millones– para habilitar estos proyectos está suspendida desde marzo pasado.

No solo hay tensiones en energía por consultas previas, en especial en proyectos solares y eólicos. También en las minas de carbón de Cerrejón y Prodeco.

Pero no solo se trata de la preocupación que produce el estancamiento en el desarrollo de los proyectos para enfrentar la difícil coyuntura de la pandemia. Refleja también la dificultad de que esta energía entre en 2022 para atender la demanda. Además, es pieza fundamental en el proceso de transición energética y en el cumplimiento de los compromisos ambientales del país.

Según cifras de Acolgen, se espera una capacidad instalada en La Guajira de 2.426 MW. Por su parte, los compromisos de energía firme de los proyectos en este departamento para 2022-2023 son de 915,6 GWh-año y de los contratos de largo plazo, de 3.990 GWh-año, que necesitará el país para la demanda de ese momento.

“Nos preocupan publicaciones de algunas ONG que aprovechan la pandemia para confundir a las comunidades con información parcial e inexacta sobre los proyectos de energía en el territorio, lo cual está generando dificultades para llegar a acuerdos que permitan sacar adelante dichos proyectos”, dice Natalia Gutiérrez, presidente de Acolgen.

De otro lado, también hay inquietudes en minería, en Cerrejón, el proyecto Tajo de la Puente-Arroyo Bruno tiene la consulta previa en trámite desde enero de 2019, no han avanzado en medio de la pandemia porque se descartaron reuniones no presenciales con las comunidades. Las inversiones ascienden a $1,1 billones. Otro proyecto es de Prodeco en La Jagua (Cesar), cuyas inversiones superan los $150.000 millones y está pendiente de una pretensión de tierras.

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En líneas de transmisión, en la de Tesalia-Alférez del Grupo Energía de Bogotá, con una inversión de $360.000 millones, el relacionamiento con las comunidades quedó suspendido por el aislamiento producto del virus; mientras que el refuerzo del sur occidente –también a cargo del GEB–, con inversiones por casi $800.000 millones, tampoco avanza.

La alta tensión que se vive hoy en el sector de energía debe solucionarse lo más pronto posible, no solo para atender las necesidades reales de las comunidades, sino también para garantizar la seguridad energética del mediano y largo plazo.