¿En qué va el proyecto de ley de consultas previas?

A mediados de febrero, al despacho de la recién posesionada ministra del Interior, Alicia Arango, llegó una carta de la Andi, Acolgen, Andesco y Ser Colombia, gremio de las empresas de energías renovables. La misiva contenía una principal preocupación: el desarrollo de los proyectos de energías renovables no convencionales en el país, tras los procesos de subasta de contratación de largo plazo y el de cargo por confiabilidad realizados el año pasado.

Estas subastas adjudicaron 2.200 megavatios de proyectos de energía solar y eólica para diversificar la matriz energética del país. Con inversiones previstas por más de US$2.200 millones, los proyectos se adelantarán en los departamentos de la Guajira, Cesar, Córdoba, Tolima y Valle del Cauca, entre otros. Además, incluyen las líneas de transmisión para transportar el fluido hacia el Sistema Interconectado Nacional de Energía Eléctrica.

Para desarrollar estos proyectos, además de la estructuración financiera y la claridad en los aspectos técnicos, es obligatorio realizar consultas previas a las comunidades étnicas del sector. Esta situación no es ajena al desarrollo de otras iniciativas de infraestructura, no solo energética sino también vial y de servicios públicos.

Según la ministra del Interior, Alicia Arango, la consulta previa en Colombia ha tenido un limitado desarrollo normativo. Ello en contraste con uno muy amplio por vía jurisprudencia de la Corte Constitucional y dos directivas presidenciales.

El sector empresarial se pregunta al respecto cómo darle mayor agilidad a las consultas previas que, en muchos casos, se han convertido en trabas insalvables para los proyectos. Muchos recuerdan el de generación Porce IV de EPM que, tras definir las comunidades interesadas, empezaron a aparecer otras aparentemente forasteras que hicieron inviable el desarrollo de esta planta de generación.

La Guajira concentra gran parte de los proyectos de energías renovables, y habrá que consultarlos con las comunidades Wayuu, que tienen costumbres y características particulares. “La dimensión de los procesos de consulta previa para los proyectos de energía que se desarrollan en La Guajira suponen un gran reto, dada la complejidad de los mismos”, dice Arango.

En medio de este panorama, la institucionalidad de las consultas previas ha recibido un ajuste interno: la Dirección de Consulta Previa se transformó en Autoridad Nacional de Consulta Previa, que busca garantizar que las empresas cumplan sus deberes con las comunidades y la certeza jurídica a los inversionistas en el desarrollo y procedimiento de las consultas.

Pero también concuerda con una iniciativa que viene desde el día uno de la administración Duque: un proyecto de ley que reforme las consultas previas.

Ya el Gobierno anterior había tratado de impulsar la discusión en este sentido, pero nunca logró superar las tensiones. De hecho, algunos gremios presentaron a esa administración proyectos y propuestas que nunca se cristalizaron.

El Ministerio del Interior venía trabajando en esta iniciativa. De hecho, el cambio de ministro preocupó a sectores del sector privado en torno a la evolución y velocidad del proyecto de ley. Sin embargo, la propia ministra Arango, en entrevista con Dinero, despejó las dudas y aseguró que el primer borrador del proyecto de ley está listo y que lo socializarán con los grupos étnicos, para presentarlo al Congreso en la legislatura que comienza el 20 de julio. (Ver entrevista).

La discusión sigue abierta y el país espera consultas más ágiles, en especial en este difícil momento. Para que los proyectos se conviertan en herramientas anticíclicas que dinamicen el crecimiento económico.

‘El 20 de julio se presenta el proyecto’ 

Alicia Arango, ministra del Interior, anuncia el proyecto de ley de consultas previas y los principios que lo rigen.

¿En qué va el proyecto de ley de consultas previas que prepara el Ministerio del Interior para presentar en el Congreso?

Tenemos listo ya un primer borrador del Proyecto de Ley de Consulta Previa, socializado con 23 entidades, entre ministerios y agencias, y hemos recibido comentarios de distintas entidades con el fin de que sea un proyecto transversal que integre todos los puntos de vista necesarios para el beneficio de nuestras comunidades. También será presentado ante los espacios oficiales de interlocución con los grupos étnicos que serán beneficiarios del proyecto en el Espacio Nacional de Consulta Previa con Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras; Mesa Permanente de Concertación con Pueblos y Organizaciones Indígenas y Comisión Nacional de Diálogo del Pueblo Rrom.

¿Cuáles son los objetivos del proyecto y sus líneas base?

La garantía de la integridad cultural y del derecho a la consulta, la seguridad jurídica, el establecimiento de un procedimiento claro de la consulta previa: a quiénes se debe consultar, si procede o no, la financiación y los plazos máximos.¿Cuándo será presentado en el Congreso?Queremos presentarlo ante el Congreso en la legislatura que comienza el 20 de julio.

¿Hace parte de los proyectos clave del Gobierno en su paquete legislativo?

Este proyecto de ley hace parte de los proyectos importantes del Gobierno, en atención a que es necesaria la reglamentación de la consulta previa para promover la seguridad jurídica, la garantía a la integridad cultural de las comunidades y el desarrollo de proyectos, obras y actividades con impacto en la economía nacional. Es muy importante porque existen unos Proyectos de Interés Nacional Estratégico denominados PINE, que aumentan la productividad del país y generan empleo, en sectores como minería, energía e hidrocarburos.

¿Cómo va la transformación de la Dirección de Consulta Previa a la Autoridad Nacional de Consulta Previa? ¿Qué significó este cambio y cómo se ha dado?

La transformación de la Dirección de Consulta Previa a la Autoridad Nacional de Consulta Previa va bien. El Ministerio se encuentra adelantando la actualización de los procesos y procedimientos internos en el marco de nuestro Sistema Integrado de Gestión Institucional, acorde a las nuevas funciones de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa. También estamos en la elaboración de los protocolos que tienen como propósito brindar un marco administrativo para el desarrollo de los procesos de consulta previa de acuerdo al sector en el cual se clasifiquen (infraestructura, hidrocarburos, minería, eléctrico, ambiental, medidas administrativas y telecomunicaciones).Hay preocupación de algunos sectores sobre proyectos actuales –como los de energía en la Guajira– que requieren consultas previas y que podrían tener algunas dificultades.

¿Cuál es la visión del ministerio en este sentido?

El Ministerio del Interior ha brindado todas las garantías para el desarrollo de los procesos de consulta previa que se han requerido. Es así como, la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa ha adelantado gestiones en el marco de distintas etapas de consulta previa para 176 proyectos en el departamento de La Guajira. De estos, 77 corresponden a proyectos de generación y transporte de energía, los cuales se adelantan con 859 comunidades étnicas.