Los departamentos piden un salvavidas financiero

La pandemia tiene seriamente amenazada la estabilidad financiera de la mayoría de los 32 departamentos del país. El virus también les cayó a las finanzas de los departamentos, y se teme que algunas regiones puedan incluso tener que acudir a cuidados intensivos pues sus recursos propios, que dependen en buena medida de los impuestos al consumo de cigarrillos, licores y cervezas, están en caída libre y el presupuesto de funcionamiento se ha debilitado al punto que en breve podría haber dificultades para el pago de la nómina.

Algunos gobernadores, incluso, se sienten amenazados por el espectro de la moratoria de su deuda, que hasta el 31 de diciembre del año pasado, según reportes parciales, llegaba a los $4,5 billones. Por eso ya varios mandatarios departamentales han advertido sobre el alto riesgo de caer en la temida causal de intervención administrativa para la reestructuración de sus pasivos.

Esto llevó a que los mandatarios departamentaleles decidieran lanzar este lunes un llamado de auxilio al gobierno nacional. Lo hicieron durante una reunión virtual de gobernadores y secretarios de Hacienda. La reunión, convocada por el director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, Carlos Camargo Assís, permitió conocer de primera mano la radiografía completa del impacto que la pandemia, que ha obligado a tomar medidas de choque, ha tenido sobre las arcas departamentales. Camargo dirigió la elaboración de un estudio que fue presentado ante los mandatarios regionales por los consultores Mary Claudia Sánchez Peña y David Zárrate. Con base en estos elementos y las propuestas presentadas por los gobernadores en el ejercicio virtual de este lunes, se realizarán algunos ajustes para que tener este mismo lunes en la tarde la propuesta final de salvamento y ponerla a consideración del Gobierno Nacional.

Plan de salvamento

A raíz de la difícil situación financiera de algunas gobernaciones, la Federación Nacional de Departamentos propuso un plan de acción de siete puntos para evitar, según la entidad, que la crisis en las finanzas regionales se ahonde.
Los ejes fundamentales de su propuesta son:
• Establecimiento de una línea de crédito con recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome) o del Presupuesto General de la Nación. Los créditos tendrían una tasa de redescuento y un plazo de gracia de entre dos y tres años, que sería proporcional al período de los actuales gobernadores y alcaldes. Su destinación sería para aquellas entidades territoriales que no estén en capacidad de renegociar las condiciones de las operaciones de crédito vigentes y para las que no logren aprobaciones de nuevos créditos para la atención de la emergencia o para inversión.

• La Superfinanciera expediría una circular sobre las condiciones de crédito público contratadas por los entes territoriales, de manera que sea posible aplazar los pagos por concepto de capital e intereses por seis meses o un año y que las entidades financieras puedan renegociar los créditos actuales. Simultáneamente, Findeter permitiría mejoraría las condiciones de las líneas de crédito con tasas de redescuento.

• Autorización a las entidades territoriales para contratar operaciones de crédito público y conseguir recursos destinados a la atención de la emergencia, la reactivación, la sustitución de créditos o el mejoramiento del perfil de las deudas, aún cuando sean superados los indicadores de sostenibilidad y solvencia.

• La Nación garantizaría las operaciones de crédito.

• Findeter, Finagro e incluso Bancoldex serían autorizados para ofrecer líneas de créditos blandos y que se pudieran otorgar de manera directa.

• Las entidades territoriales quedarían exentas de la aplicación de los límites de a los gastos de funcionamiento señalados legalmente.

• Establecer un mecanismo de compensación del Sistema General de Participaciones que garanticen la prestación de servicios esenciales. La idea es evaluar el crecimiento del sistema con fórmulas tales como la cofinanciación por parte de la Nación. Así sería posible también equilibrar los presupuestos de los territorios con el aporte de rentas adicionales del Presupuesto General de la Nación.