¿Familias en Acción vuelve dependientes a las personas pobres?

Cuando una persona accede a estos programas, la ayuda monetaria está condicionada a mejorar la calidad de vida de las personas de su núcleo familiar, ya que debe garantizar la permanencia de sus hijos en el colegio y el acceso de estos a los servicios básicos de salud.

No obstante, la opinión generalizada es que este tipo de asistencia lo único que logra es perpetuar a las personas en su condición de pobreza y generarles dependencia de este tipo de ayuda.

Un reciente estudio de Diego Vera-Cossio para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) pone en jaque esta premisa, pues asegura que dichos programas que actualmente son la principal fuente de asistencia social en los países latinoamericanos y del Caribe, han influido positivamente en la reducción de la pobreza a corto plazo.

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La investigación de Vera-Cossio se enfocó en Bolivia, país  donde desde el año 2006 se le otorgó una transferencia monetaria a cada familia que tuviera a sus hijos en escuelas de carácter público, con el condicionamiento de que estos asistieran al 80% de las clases. Lo que se pudo evidenciar en esta oportunidad es que a pesar de que antes de que se implementara el programa ya se cumplía con esta condición, los subsidios no aumentaron los porcentajes de inactividad en adultos.

Contrario a lo que se esperaba, muchos beneficiarios que eran madres cabeza de familia en su mayoría, ingresaron al mercado laboral o  utilizaron este ingreso extra en la creación de emprendimientos propios, es decir que no se creó un ambiente de dependencia sino que por el contrario se crearon nuevas oportunidades para la población, esta misma tendencia se observó en países como Honduras, México y Nicaragua.

El estudio también infiere que se subestimó  la capacidad de estos programas para generar empleo y que cuando se focalizan estas ayudas no solo en los hogares más pobres, sino también en  aquellos que están relativamente en mejor situación aumenta la probabilidad de que estos recursos se utilicen para aumentar la fuerza laboral, pues permiten superar las restricciones monetarias que dificultan acceder a un empleo.

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En el caso boliviano se probó como por ejemplo, una mujer con 4 hijos que eventualmente podría recibir US$100 anuales por concepto de transferencia monetaria condicionada, puede invertir este dinero en alimentos o prendas de vestir en una ciudad grande para comercializarla en las zonas rurales. Comportamiento como estos permitieron que aumentara hasta un  4% la probabilidad de que mujeres que no estaban inmersas en el mercado laboral, generaran sus propias oportunidades de empleo.

Dentro de esta investigación se cita un estudio del Banco Mundial, en el que se asegura que otorgar ayudas monetarias a empresarios de bajos recursos, permitió que ampliaran sus negocios y que al mismo tiempo aumentaran sus horas laborales, lo que se vio reflejado en más posibilidades de generación de empleo.

El estudio del caso boliviano expuso que en muchos de los lugares en los que se otorgaron estas ayudas,  había una pobre presencia de instituciones financieras, por lo que la principal fuente de financiación eran prestamistas informales, los cuales prestan dinero a intereses demasiados altos, por lo que las TMC se convirtieron en una alternativa importante para aquellas personas sin accesos a créditos.

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Con esta evidencia se rompe el mito de que los TMC promueven la dependencia, pues la gran mayoría de los beneficiaros no utilizan los recursos trasferidos en gastos inoficiosos ni en bienes de lujo; por el contrario, este dinero extra constituye una herramienta eficaz para la constitución de nuevos emprendimientos, que permiten a las personas salir de la pobreza por mérito propio.