La Fiscalía ordena la detención del gobernador de Antioquia

Los procesos irregulares de los cuales fue acusado Gaviria ocurrieron durante el primer periodo del gobernador entre 2004 y 2007.

La decisión fue comunicada este viernes al presidente colombiano, Iván Duque, para que se cumpla con el mandato legal de suspensión del cargo. De esta manera, el jefe de Estado deberá surtir los trámites necesarios para garantizar el funcionamiento administrativo del departamento de Antioquia.

Los elementos recopilados en el proceso indican que Gaviria incurrió en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso homogéneo y heterogéneo, con peculado por apropiación en favor de terceros, cuando fue gobernador de Antioquia entre 2004 y 2007.

El fiscal del caso halló que en el contrato de mejoramiento y pavimentación de la Troncal de la Paz (tramo La Cruzada–Caucasia), suscrito en 2005 por $41.663 millones, se pactó inicialmente un anticipo del 25% y luego se amplió al 29%, lo que significó casi $1.500 millones de más para el contratista.

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De acuerdo con el ente de control, con esta modificación se desconocieron los requisitos legales esenciales como los principios de planeación y transparencia.

Además, la entidad aseguró que se constató que el mencionado anticipo fue pagado sin la aprobación de una garantía contractual que aseguraría la destinación correcta de los dineros. Esta omisión generó que el contratista invirtiera más de $10.000 millones en maquinaria y equipos.

La investigación evidenció que se hicieron dos adiciones al contrato inicial, que tampoco habrían atendido los principios esenciales de la contratación pública.

Una representó cerca de $4.000 millones para adecuaciones de un sector específico de la misma troncal; la otra, mediante un otro sí, se realizó cuatro días antes de finalizar el periodo del gobernador y contempló la construcción de una vía de acceso al municipio de El Bagre (Antioquia).

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Este último asunto, que comprometió más de $16.000 millones, debía ser objeto de un nuevo proceso de selección y no podía hacer parte del contrato original.

Para la Fiscalía, el gobernador era el representante legal del departamento, el ordenador del gasto y, aun cuando hubiese delegado la función de contratar, debía vigilar, coordinar y controlar la delegación.