¿Qué quieren hacer con los $41 billones de las regiones?

Se trata de la norma que define la manera como se distribuyen entre departamentos y municipios los $41 billones destinados a educación, salud y saneamiento básico. Esos recursos representan un crecimiento de 12% para el presupuesto de 2019.

La razón de ese crecimiento es simple: ahora está operando la nueva fórmula para el aumento en estos rubros y por eso el SGP crece en la misma proporción del promedio de incremento de los ingresos corrientes de la Nación para los últimos tres años.

El SGP es una fuente importante de recursos que directamente se giran a las regiones. La norma ya estaba en la mira, por cuenta de los acuerdos entre la anterior administración y los profesores oficiales, que pedían una mayor cantidad de plata para el sector de educación.

Por esta razón, el Gobierno Santos había radicado una reforma que avaló el nuevo gobierno y que se esperaba avanzaría, pues resolvía una de las demandas de los docentes: aumentar la plata para este sector.

La reforma propuesta buscaba que la discusión se diera por la vía de una ley ordinaria y no a través de un trámite constitucional. La propuesta, que fue retirada por el actual gobierno la semana anterior, buscaba simplemente que se hiciera una redistribución de recursos, dejando algo más de dinero al sector.

Sin embargo, sorpresivamente, el Gobierno Duque decidió retirar el proyecto la semana pasada y los profesores cantaron victoria señalando que se habían opuesto a la iniciativa porque contrario a lo que se había planteado, el proyecto del anterior gobierno recortaba los recursos.

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Ahora, los representantes de los profesores buscan que se dé una “reforma constitucional”, lo que cambiaría claramente las posibilidades de este ajuste, pues ello significaría un proceso legislativo más largo (ocho debates), pero por sobre todas las cosas, que el país estaría adportas de rebarajar el juego en materia de recursos para las regiones.

“El Paro de hoy lleva un mensaje de urgencia. Sólo una reforma estructural al Sistema General de Participaciones garantizará sostenibilidad financiera al sistema educativo a corto, mediano y largo plazo”, dijo Fecode en su cuenta de Twitter.

El debate no es menor y se trata de un asunto de hondo calado para los asuntos fiscales.

Según la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), en uno de sus más recientes informes semanales, “durante las últimas tres décadas, Colombia ha venido enfrentando serios desafíos en materia de descentralización política y fiscal. Si medimos esa descentralización por la vía fiscal, vemos que en Colombia se transfieren recursos a las regiones a través del Sistema General de Participación (SGP) por un valor equivalente al 3,8% del PIB, lo cual implica que el Gobierno Central (GC) comparte cerca del 30% del total de sus recursos tributarios con los territorios”.

Si se decide abordar la reforma al SGP de manera integral, estaríamos hablando de un ajuste que afecta recursos por tres veces el recaudo potencial de la nueva reforma tributaria que va a radicar el Gobierno Duque en los próximos días.

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Por eso, suena bastante extraño que justo ahora el tema quede sobre la mesa. La reforma del Gobierno Santos acotaba el problema a una redistribución de algunos recursos (cerca de $500.000 millones) que irían al sector educación.

Si se retira el proyecto, y eso abre otro frente de debate, es claro que la discusión sobre el futuro de las finanzas públicas va a ser de un hondo calado: reforma tributaria más reforma al SGP.

Ese es un panorama inédito. Se necesita urgente de mucha claridad por parte del Gobierno y el Congreso sobre cuáles son las reformas que quieren adelantar y cuáles son sus implicaciones. Muchos están pendientes de este tema.