Hay $41,2 billones para las regiones: ¿qué va a pasar con esa plata?

El ministro saliente de Hacienda, Mauricio Cárdenas, destacó que el Presupuesto General de la Nación (sin deuda) se reduce como porcentaje del PIB del 18,7% al 18,2%, lo que implica un recorte en la inversión de $3,6 billones. Aún así, los recursos del SGP crecen a una tasa del 12,2% y aumentan en términos netos en $4,5 billones.

“El recorte en inversión de ese Presupuesto es lo que se requiere para cumplir con la regla fiscal. Por eso, algo que vale la pena destacar es que el rubro que más crece es el SGP. Ese crecimiento pone en evidencia que contrario a lo que han dicho algunos gobernadores y contrario a lo que ha dicho Fecode y los profesores, aquí no se necesita una reforma ‘constitucional’ para aumentar la bolsa del SGP”, aseguró Cárdenas.

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El SGP es la totalidad de los recursos que se debe destinar a rubros como educación, salud, agua potable y saneamiento básico en los municipios y departamentos del país. Esos recursos se expresan como un porcentaje de los Ingresos Corrientes de la Nación (ICN).  Antes de la Constitución de 1991, estos dineros se conocían como Situado Fiscal para el caso de los departamentos y Participaciones para el caso de los municipios. Pero por cuenta de la crisis de finales del siglo pasado, fue implementada una reforma que significó una reducción importante de los dineros que el Gobierno Central les transfería a las regiones y un freno al ritmo de crecimiento de la bolsa.

El SGP volvió a quedar en medio de la polémica el año pasado, pues uno de los compromisos que adquirió el Gobierno Santos para lograr conjurar el paro de maestros que se adelantó en 2017. Tanto los maestros como la administración central encontraron que una de las maneras de aumentar los recursos para educación era modificar las condiciones del gran fondo de recursos del SGP.

Por esta razón, la administración Santos radicó ante el Congreso de la República un proyecto de ley para modificar la Ley 715 de 2001, que define la forma en que se distribuyen esos dineros.

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Para el Ministro Cárdenas, la forma como va a aumentar el monto de los recursos de la bolsa general (12,2%) muestra que no es necesario modificar de nuevo la Constitución sino solamente la ley ordinaria que define las reglas del juego de la distribución.

“Hay quienes dicen que esa bolsa tiene que crecer más rápidamente. Pues bueno, está creciendo al 12%. Por qué, porque crece a la tasa promedio en que han crecido en los últimos cuatro años los ingresos corrientes de la nación y los ingresos corrientes de la nación aumentaron, por las reformas tributarias, aumentaron por el laudo de las empresas de telefonía,etc. Estamos viendo ya en pleno funcionamiento una norma constitucional que se había dejado en suspenso desde el 2002 hasta 2016; nunca había entrado en funcionamiento, porque tenía unas cláusulas que la frenaban. Ahora ya entró en plenamente”, comentó.

Para Cárdenas, la regla constitucional del sistema opera bien y por eso con modificar la ley ordinaria bastaría. Según el funcionario, el sistema les está dando más recursos a educación y salud y “de ahí es de donde se va a poder pagar el año entrante un incremento salarial de los maestros de tres puntos por encima de los empleados estatales. Lo que dice el Presupuesto es que el salario de los empleados estatales crecerá 3,3% en 2019, que es la inflación, y los del magisterio crecerían 6,3% con el acuerdo que se firmó con ellos”.

El proyecto que radicó el Gobierno Santos y que quedó para ser impulsado por la nueva administración y el nuevo Congreso, busca darle una mayor participación “a la educación a expensas del Fonpet, que es el ahorro para las pensiones. Le va a dar a la educación $500.000 millones adicionales al año”, explicó el hoy ex ministro de Hacienda.

El debate es bastante interesante, porque pone en el ojo del huracán el proceso de descentralización en Colombia y sus impactos no solo en cobertura de servicios sino en calidad.

Lo que queda en evidencia es que ahora mismo, una buena porción de los recursos públicos que el Gobierno Central logra recaudar por la vía de impuestos se gira a los departamentos y municipios para que sean invertidos allí en las necesidades básicas de sus habitantes.

Que ahora el debate se centre en cuánto debería ir para educación muestra que las prioridades de esos recursos deben cambiar.

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No obstante, un estudio elaborado en 2014 por un grupo de economistas del Banco de la República y titulado “Contexto histórico y evolución del SGP en Colombia”, concluye que la forma como se calcula hasta el momento la cantidad de recursos que tienen que ir a las regiones es compleja. A esto se adiciona que la norma que ataba el crecimiento de la bolsa al comportamiento de la inflación tenía carácter transitorio y esto generaba mucha incertidumbre. Ahora que de nuevo y luego de prácticamente dos décadas, el cálculo del SGP vuelve a estar atado a los Ingresos Corrientes de la Nación, se abre una nueva fuente de incertidumbre.

Cabe recordar que la razón por la que se hizo necesario un ajuste a esta fórmula fue la caída en los ICN durante la época de la crisis económica de fin de siglo. Derivado de esta situación, los municipios y departamentos sufrieron un enormes golpe en sus finanzas, pues los dineros que enviaba el gobierno central a sus arcas cayeron considerablemente.

De otra parte, el estudio del Banco de la República, señala que el Sistema garantiza mayor cobertura en servicios, pero no calidad. Según los economistas, “cuando se analizaron las metas establecidas, en el mejoramiento en la prestación de los servicios, se encontró que estas se establecen únicamente para el caso de las coberturas pero no para calidad y, en segundo lugar, las metas no se diferencian para las áreas rurales y urbanas. De modo que es necesario que una reforma al SGP considere el establecimiento de metas específicas en calidad y que se diferencien explícitamente por áreas de residencia”.

Esta perspectiva vuelve a poner el foco en este frente y deja en duda que, como lo quieren los gobernadores, los alcaldes y hasta los maestros, el problema sea de cantidad de los recursos. Tal vez el foco de una nueva reforma sea la calidad en los servicios de educación y salud que ofrecen los entes territoriales. Desde este punto de vista, es necesario que la reforma que va a ser discutida en el Congreso tenga en cuenta la calidad en la aplicación de esos billonarios recursos porque ello redundará en unas mejores condiciones de vida para los colombianos beneficiados. El país, en términos generales, ha logrado avanzar en cobertura de servicios, pero llegó la hora de discutir sobre la calidad de los mismo. Ese debe ser el énfasis del debate próximo.