Opinión

  • | 2018/10/11 00:01

    Tres ideas fiscales

    ¿Cuáles son los consensos para consolidar una política fiscal sostenible y que genere elevados niveles de confianza en los inversionistas?

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Recientemente ha habido un debate fiscal intenso. Hay razones para ello. La consolidación de una política fiscal sostenible que alcance los objetivos señalados en la Constitución de 1991 y a la vez genere elevados niveles de confianza en inversionistas nacionales y extranjeros ha sido el objetivo de política económica más difícil de lograr desde que rige nuestro actual acuerdo constitucional.

En mi opinión hay tres consensos que deberíamos alcanzar para conseguir los múltiples objetivos antes anotados.

El primero tiene que ver con la necesidad de focalizar los instrumentos de política de gasto público en beneficio de los deciles más bajos de la distribución del ingreso. Son bien conocidos los resultados que muestran la inoperancia de nuestra política fiscal para mejorar la distribución del ingreso. En este sentido, la eliminación de los subsidios a los deciles más altos implícitos en las pensiones debe tener un papel preponderante en la discusión de política pública, sobre todo teniendo en cuenta que el subsidio implícito en las reglas pensionales es el más regresivo en la actualidad.

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Desde el punto de vista de equidad, el sistema pensional tiene otro enfoque y es el de equidad intergeneracional. El problema en este caso es que una parte minoritaria de la generación que actualmente está en edad de pensión recibe unas transferencias del Estado muy superiores al valor presente neto de sus ahorros, lo que es subsidiado por los no pensionados, por la generación que actualmente está trabajando y por las generaciones venideras. Este es un ejemplo de mala focalización que claramente debe corregirse, teniendo en cuenta los derechos adquiridos de los ciudadanos. Una medida en ese sentido es no subsidiar los aportes a salud de este grupo de personas que concentran una buena parte de las transferencias del Estado y que no son los más pobres de la sociedad. La otra medida, más importante, es impedir que la inequidad implícita en el régimen se mantenga hacia el futuro.

La segunda idea es limitar la utilización de la tributación con objetivos sectoriales. Por supuesto, en términos microeconómicos, la tributación es un instrumento para incentivar o desalentar comportamientos del sector privado. Sin embargo, la utilización excesiva de este instrumento lleva a tasas marginales de tributación altas para los sectores no beneficiados con los tratamientos preferenciales y hace costosa, compleja e ineficiente la labor de recaudo tributario.

Este debe ser un motivo de reflexión importante para el sector privado y para las organizaciones que lo agrupan. Cada exención sectorial tiene un efecto favorable para el sector beneficiado, pero el abuso de ese instrumento deteriora la estructura tributaria haciéndola inestable, lo que perjudica el clima general de los negocios.

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La tercera idea tiene que ver con el diagnóstico de sostenibilidad de política fiscal. Sin lugar a dudas la regla fiscal ha sido una mejora institucional muy importante para Colombia, por lo que se debe garantizar su cumplimiento. Sin embargo, el debate acerca de la sostenibilidad fiscal no se debe restringir al cumplimiento de la regla, sino que debe tener en cuenta una perspectiva amplia de los pasivos y contingencias del Estado, incluyendo aquellos compromisos que son irrevocables, aunque aún no se han contabilizado en la deuda pública.

Solo de esta forma se puede tener un diagnóstico integral de la postura de política fiscal que permita, no solo mejorar el perfil de la deuda explícita, sino mantener una estructura financiera sana, que dé continuidad a cambios institucionales exitosos como los programas de concesiones administrados por la Agencia Nacional de Infraestructura.

Así mismo, esta visión integral es necesaria a la hora de establecer el impacto de cualquier proyecto de reforma pensional sobre las finanzas públicas, en la medida en que se deben evaluar los efectos de las posibles modificaciones legales, tanto en el déficit fiscal de los próximos años como en el valor de los compromisos pensionales adquiridos por la Nación para las siguientes décadas.

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