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| 7/26/2020 8:01:00 AM

La urgencia de un seguro al desempleo en Colombia

Colombia debe darle un giro radical al esquema de protección a los desempleados. ¿Qué hacer?

El desempleo va a ser el principal asunto de política pública en el futuro cercano. Las cifras de este flagelo han llegado a niveles históricos por cuenta de la pandemia y el cierre de muchos negocios.

Según el Departamento Nacional de Estadística (Dane), en el momento más crítico del confinamiento dejaron de estar ocupadas 5,4 millones de personas. El fenómeno obviamente no es solo colombiano: la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que las medidas de confinamiento y los cierres del comercio y la industria han afectado a por lo menos 2.700 millones de trabajadores en el mundo y eso hará que se pierdan aproximadamente 195 millones de puestos, lo que dejará el desempleo mundial en el doble del estimado antes de la pandemia.

El mercado laboral colombiano ha mostrado una mayor debilidad a la hora de cuidar los puestos de trabajo: la alta informalidad llevó prácticamente ipso facto a millones de personas al desempleo apenas se ordenó el confinamiento. Colombia va a ser el país de la Ocde con la mayor tasa de desempleo y según las cuentas de la unidad de investigaciones de la firma Alianza al incluir en la medición a “todos los que perdieron el empleo”, aunque no hayan vuelto a buscar durante la pandemia, la tasa de desempleo en Colombia está por encima de 30%.  

El desempleo es la externalidad con mayor impacto social de la pandemia. Hasta el momento, todas las respuestas de apoyo han sido de emergencia y buscan impedir que las personas sin empleo se queden sin ingresos. De ahí que resultaran fundamentales apoyos inmediatos extraordinarios para las familias más vulnerables, con ayudas directas destinadas solo para la subsistencia. 

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Pero superada la coyuntura, el país va a enfrentar un problema estructural: cómo imprimirle de nuevo dinámica al mercado laboral y, derivado de esto, cómo reformar estructuralmente el esquema de protección al desempleado.

Alcance limitado

De cara a la pandemia, el Gobierno creó un Mecanismo de Protección al Cesante consistente en apoyos para mantener la afiliación a la seguridad social, con recursos del Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante (Fosfec). Las cajas implementaron esta iniciativa que consiste en una ayuda económica por $585.000 durante tres meses, más el pago de seguridad social (pensiones y salud) durante el mismo periodo. Según la presidente ejecutiva de la Asociación de Cajas de Compensación Familiar (Asocajas), Adriana Guillén, este beneficio ya ha comprometido $393.000 millones que les han llegado a 158.898 personas. La meta es cubrir a unas 225.000 personas y destinar unos $500.000 millones.

“Sin duda, este es el aporte más importante que ha hecho el sector privado a la emergencia, tanto por la cuantía de los recursos asignados, como por el beneficio que representa para la población trabajadora y sus efectos en el consumo, dado que el beneficio va dirigido a aquellos trabajadores que devengan menos de 4 salarios mínimos y que son justamente los que tienen mayores riesgos ante una eventual condición de cesantía”, explicó Guillén.

Pero es claro que son muchos los que se van a quedar por fuera. Según las cajas, las solicitudes recibidas iban ya en 794.209 a mitad de año. La mayor parte de esas cifras eran personas que habían perdido el empleo pero que no eran formales. 

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Lo que queda claro es que el esquema de protección al desempleado en Colombia es limitado en su alcance y ayuda a profundizar las brechas, claramente por cuenta del alto nivel de informalidad, los beneficiados son los mismos que han tenido el “privilegio” de tener un empleo formal y en consecuencia han participado del esquema de compensación familiar.

Guillén reconoce la dificultad al asegurar que “la estructura del mercado laboral colombiano tiene un alto grado de informalidad. Al cierre de 2019 la tasa de ocupados informales era cercana a 60%. Información importante si se tiene en cuenta que el diseño normativo del Sistema de Protección Social en Colombia presenta una relación directa con el segmento formal de la economía. El Sistema de Compensación Familiar como parte fundamental de la protección social no es lejano a esta normativa, ya que su financiación proviene de los aportes que realizan los empleadores a través de la nómina”.

En tiempos de pospandemia, la discusión sobre formalización y empleo debe estar en el centro del debate. Sin embargo, en el entretanto, es necesario garantizar alguna forma de protección contra el desempleo que implique el incentivo de convertirse en empleado formal.

Tal vez es hora de revisar si los requisitos para la formalización son excesivos y ponerlos en sus justas proporciones, concentrándolos en la atención médica y de seguridad para la vejez, para liberar otros recursos que lleven a las empresas a tomar una mayor cantidad de empleo formal. Flexibilizar el contrato laboral es otra de las salidas, pues se necesita que el mercado del trabajo pueda adaptarse de manera más rápida a los choques que enfrenta.

El ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, ha asegurado reiteradamente que van a discutir muchas de esas medidas en el marco de la reforma laboral que el Gobierno está considerando. 

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En lo que tiene que ver con el subsidio al desempleo, es claro que se trata de un mecanismo temporal y que no reemplaza el correcto funcionamiento del mercado laboral. Es necesario introducir este tema en el marco global de la discusión sobre la protección social en Colombia.

Para enfrentar la pandemia, el país sacó todas las herramientas para impedir que los más vulnerables sintieran el impacto de quedarse sin ingreso. Por eso no solo se fortalecieron programas como Familias en Acción y Colombia Mayor, sino que se creó Ingreso Solidario, que ha entregado recursos a casi 3 millones de familias.

La discusión sobre el seguro de desempleo debe darse en este marco: es necesario asignar más recursos, para que la protección del desempleado tenga una mayor cobertura y no esté atada necesariamente a la formalidad. El país debe discutir el tema de manera urgente.  

EDICIÓN 601

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