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Opinión

  • | 2020/06/01 06:00

    Bioseguridad para una apertura económica responsable

    Un reto importante ahora es apostarle a la reactivación económica de una forma paulatina y responsable. Bajo un contexto en el que el número de contagiados no para de crecer, demandarles a las empresas la adopción de protocolos de bioseguridad será trascendental.

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Ante la presencia de la pandemia del coronavirus, la reactivación económica que se está dando ya mismo tendrá un obligatorio e importante componente de bioseguridad. Todos los países han tenido que implementar fuertes medidas para frenar la propagación, pero es indudable que, una vez empiece a aplanarse la curva, la reactivación en todos los sectores de la economía enfrentará un escenario en el que los protocolos sanitarios serán fundamentales y prácticamente mandatorios. Tanto la pequeña microempresa como la gran compañía deben ceñirse a los estándares de cuidado con sus protocolos y sus empleados.

Muchos sectores han tenido que parar sus operaciones en meses pasados, pero desde este mes entramos a una etapa nueva, en la que el sector empresarial tendrá que reanudar actividades y dar cumplimiento a todos los protocolos de bioseguridad, que el Gobierno ha presentado para proteger tanto la oferta como la demanda.

Vali Consultores presentó un panel sobre Actualidad Económica y Bioseguridad, en el que se debatieron puntos críticos sobre el proceso que se viene dando con la progresiva apertura de varios sectores empresariales, y una proyección sobre la estrategia a futuro con un posible nuevo brote de la epidemia en los próximos meses.

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A inicios del mes de marzo, esta pandemia ya comenzaba a representar un problema de salud pública —que puso en evidencia la escasez de recursos en el sector, y lastimosamente dos meses después aún se mantiene en muchos frentes—, una crisis humanitaria que demandó un confinamiento obligatorio, una amenaza económica con una mayor gravedad para trabajadores, pequeñas y medianas empresas, y un obstáculo a la estabilidad financiera de los hogares colombianos.

A finales de mayo, precisamente, entró en acción el programa de subsidios de la nómina para empresas que hayan tenido una caída en ingresos del 20%. Esta ayuda del Gobierno es el equivalente al 40% de un salario mínimo multiplicado por el número de trabajadores a cargo. Un respiro cuyo intento venía siendo salvaguardar la mayor cantidad de empleos posibles en estas empresas, en la medida en que se pudiera garantizar aún la supervivencia de estas.

Incluso, en términos económicos, amenazas como la volatilidad de la tasa de cambio se han intentado estabilizar con un monto significativo de reservas internacionales para evitar caer en una crisis. No obstante, se han venido agrandando la deuda de la mano del fondo de ahorro y estabilización petrolero, del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (FONPET), y algunos excesos de capital de varias entidades financieras.

Por lo pronto, el Ministerio de Hacienda ha reducido el crecimiento para 2020 en un -5,5%, lo que tiene repercusiones sobre caídas en la inversión, la demanda interna y un menor apetito del riesgo. Esto, más el incremento de la deuda, terminará en un marco fiscal de mediano plazo, desesperado por intentar recuperar recursos que se convirtieron en elevados niveles de riesgo por culpa de la tragedia. Lo discutible en su momento será el mecanismo.

Pero, por ahora, aunque se afirma que el gasto del Gobierno es insuficiente, el ministro de Hacienda sigue manifestando que la inyección de capital para la pandemia aún no termina, y que se evalúa progresivamente conforme la situación va cambiando. Por ejemplo, dentro de las próximas semanas, las empresas grandes también alzarán la mano para solicitar ayuda.

Iniciativas como la de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), que anunció que el gremio liderará la "Liga del rescate", una decisión que busca que cientos de compañías les den la mano a otras firmas en problemas sin importar su tamaño o sector— y, también, preservar el empleo son buenas para poder apalancar a sectores productivos que fácilmente no se reactivarán en el corto plazo.

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No obstante, en casos como los de la Unión Europea, se ha manifestado la importancia de fondos estructurales para los sistemas sanitarios y, en paralelo, para varios sectores empresariales y el empleo. Así mismo, no todas sus ayudas van encaminadas a subsidiar, sino también a facilitar paquetes de ayudas financieras para mejorar, por ejemplo, garantías de préstamos blandos, incluso para el sector sanitario.

Una estrategia combinada es trascendental. Por supuesto que se puede afirmar que las ayudas en términos de gasto están siendo incrementales y que no se ha llegado al tope. Pero pensemos por un instante que cientos de hospitales mantienen una preocupación sobre su capacidad (solo hay que ver las UCI), que otros cientos de hospitales no tienen los equipos médicos necesarios para la atención médica, y que otros cientos de profesionales de la salud ni siquiera se sienten protegidos con implementos de bioseguridad necesarios para cumplir su labor. Claramente, aún hace falta mayor inversión en términos de bioseguridad, incluso si hablamos del sector empresarial, antes de que la situación sea cada vez más decadente.

En el corto plazo, la bioseguridad será la clave de la reactivación empresarial. Obviamente, con una mayor incidencia para los sectores que abren a lo largo de este mes. Pero la reactivación poscoronavirus requerirá mayores esfuerzos de inversión por parte de las empresas, para adoptar todas las medidas preventivas dirigidas a la salud y la seguridad, tanto de su personal como de sus clientes. La reactivación económica no tiene por qué suponer un mayor peligro de infección.

Lo clave es buscar que la demanda de casi 50 millones de habitantes del territorio en una gran variedad de bienes y servicios (no todos, no solo por precios menores de productos foráneos, sino por impacto al comercio) sea atendida con producción nacional. Este reto de iniciativa pública sería posiblemente una alternativa viable para salvaguardar los intereses de las empresas nacionales, así como de sus proveedores y empleados; todo esto, claro está, acompañado de crédito, líneas de fomento y opciones de condonación.

Para que ello se dé, se necesitaría de una fuerte iniciativa del país, que obvio no induzca al aumento de precios de los bienes y servicios consumidos. Este tipo de decisiones no deberían ser proteccionistas, dado que hoy día la globalización está fuertemente afectada, y ese impulso que necesitan las compañías podría salir de nuestros bolsillos vía consumo.

Sustituir al sector privado en la toma de riesgo es una de las medidas que salvaguarda el empleo y la supervivencia empresarial. En Colombia, la emergencia sanitaria se está elevando a alerta naranja en varias partes del país, y reactivar operaciones, bajo esta polémica coyuntura, demanda todos los protocolos necesarios, relacionados con la bioseguridad, para evitar un aumento exponencial en el contagio. 

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