¿Por qué la Contraloría le puso el ojo a los contratos de tiquetes?

La Agencia Colombia Compra Eficiente ha desarrollado varias estrategias para ahorrarle billones de pesos al Estado colombiano en la tarea de comprar bienes y servicios para las entidades públicas.

Desde su creación ha tenido éxitos enormes y solo tiene cosas positivas para mostrar. Es claro que al agregar demanda, utilizar tecnologías y centralizar las compras, cualquier gobierno puede ahorrar recursos muy importantes.

Sin embargo, acaba de ocurrir algo que debe ayudar al país a poner el ojo para cuidar el más importante activo de esta entidad. La historia tiene que ver con el Acuerdo Marco de Precios (AMP) para la compra de pasajes aéreos. Un AMP establece reglas del juego sobre las cantidades y los precios a los que un proveedor puede venderle a entidades públicas mediante la tienda virtual de Colombia Compra Eficiente.

Pero algo pasó con el AMP de tiquetes que quedó firmado en septiembre de 2015 y que tuvo vigencia hasta diciembre de 2018. Por medio de este AMP varias entidades estatales adquirían los pasajes de avión para sus funcionarios y todo por la tienda virtual del Estado. Pero el país se sorprendió hace dos semanas cuando la Contraloría General de la República informó haber encontrado razones para iniciar indagación fiscal por la posible sobrefacturación en este proceso. Y anunció que había logrado unos beneficios de auditoría por $3.991 millones.

“Nosotros llegamos al tema por denunciantes que nos decían que los precios de esos tiquetes estaban inflados, que había sobrefacturación”, explicó Sebastián Montoya, contralor delegado para el sector Defensa y Justicia, quien dirigió la investigación.

Según Montoya, el AMP de tiquetes contiene una ecuación sobre la manera como se fijan los precios y las cantidades para la venta de pasajes aéreos. Las agencias que ofrecen pasajes mediante el sistema de Colombia Compra Eficiente no pueden modificar esa ecuación, lo que garantiza estabilidad en los precios y en la oferta para las entidades.

Sin embargo, el mercado de agencias de viajes y venta de tiquetes tiene una particularidad. En efecto, hay un sistema que utilizan tanto las aerolíneas como las agencias, que contiene todas las tarifas ofrecidas. Esa tarifa es fija y las agencias de viajes obtienen sus ingresos como una porción de los dineros que les paga la aerolínea. En ningún caso una agencia de viajes puede vender por encima de la tarifa que contiene el sistema de oferta. Eso configura una irregularidad.

En el caso de AMP de tiquetes, varias agencias habrían decidido vender por encima de los precios del sistema. La Contraloría indaga ahora mismo esa irregularidad. El tema preocupa, porque, primero, se trata de una conducta irregular en el propio mercado de tiquetes de Colombia y, segundo, porque de por medio hay recursos públicos. En total, el acuerdo marco de precios firmado en septiembre de 2015, que tuvo vigencia hasta diciembre de 2018, representó ventas de tiquetes por $628.000 millones. Así que si hubo sobrefacturación, todo se gira contra el Presupuesto Nacional.

Montoya explicó que “como no se puede afectar la ecuación que establece Colombia Compra Eficiente, solo podían inflar el precio que la aerolínea le cobraba a la agencia por cada tiquete. A esa información las entidades que compran tiquetes no tienen acceso, y todo operaba bajo el principio de la buena fe: se suponía que las agencias ofrecían con los precios del sistema de venta de tiquetes”.

Por eso, las autoridades tienen la lupa puesta en estas transacciones. Hasta el momento, se pronunció la Contraloría delegada del sector Defensa y Justicia. Ella debe dar traslado de los resultados de su investigación si considera que puede haber hallazgos fiscales, penales o disciplinarios.

Para Sebastián Montoya, su delegatura considera que sí puede haber hallazgos de ese tipo, así que dio traslado a la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría y a la Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva. En ese estado se encuentra el proceso.

La cosa se agrava al tener en cuenta que en medio están instituciones muy importantes del Estado colombiano, como el Ejército, la Policía, el Inpec, la Fuerza Aérea, entre otros. A estas hace mención el informe de la Contraloría, pero es claro que las autoridades deben preguntarse si esta misma irregularidad ocurrió en cualquiera de las más de 200 entidades que utilizaron el AMP de tiquetes mientras estuvo vigente.

Según la información disponible en este primer análisis, la Contraloría logró beneficios de auditoría –es decir, devolución de recursos– por $524 millones en el Ejército Nacional y en la Policía Nacional las devoluciones llegaron a $2.400 millones.

“La devolución elimina el hallazgo fiscal, pero no el disciplinario y ni el penal”, dijo Montoya. Advirtió que tanto la Fiscalía como la Procuraduría deberán pronunciarse en esos frentes.

Hay un factor adicional que agrava la situación de las agencias de viajes implicadas: Colombia Compra Eficiente sancionó a varias de ellas por incumplimiento contractual, al detectar esta práctica. Pero esas sanciones fueron prácticamente simbólicas, pues no llegaron ni siquiera a los $700.000. Pero se trata de los montos establecidos en el AMP.

Las autoridades deben dar respuesta pronta a este tema.