| 9/13/2017 12:01:00 AM

Consultas previas y paros: los dolores de cabeza de la industria de minas y energía

Las consultas previas adelantadas por las comunidades en contra de la extracción de materias primas, así como los paros mineros, son algunos de los dolores de cabeza que hoy afronta la industria de minas y energía colombiana. ¿Cómo se resolverán estos temas?

El viceministro de Minas, Carlos Andrés Cante Puentes, y la viceministra de Energía, Rutty Paola Ortiz, explicaron en una entrevista concedida a Dinero cuál es la estrategia del Gobierno para superar algunos de los principales desafíos de la industria. Entre ellos, destacan las consultas previas, los paros mineros y la generalizada caída de las materias primas. Esta es su visión.

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¿Cómo avanza la discusión en torno a las consultas previas adelantadas por las comunidades? 

La Consulta Previa fue incorporada a la legislación colombiana a través de la Ley 21 de 1991 en ratificación del Convenio 169 de la OIT, y es el derecho fundamental que tienen los pueblos indígenas y los demás grupos étnicos cuando se toman medidas (legislativas y administrativas) o cuando se vayan a realizar proyectos, obras o actividades dentro de sus territorios, buscando de esta manera proteger su integridad cultural, social y económica y garantizar el derecho a la participación. 

Este procedimiento es un mecanismo que debe darse al inicio de las actividades exploratorias, bajo la consideración que las comunidades étnicas pueden ser afectadas si existe viabilidad de explotación del mineral en evaluación. El Gobierno Nacional ha hecho esfuerzos por definir pautas y lineamientos en desarrollo del Convenio 169 de la OIT. Por tal razón, se expidió en el año 2013 la Directiva 10 y se realizó la reforma institucional en el año 2012 que dio lugar a la creación de la Dirección de Consulta Previa en el Ministerio del Interior.

Estos avances han permitido que los procesos de consulta previa se desarrollen, aunque existen retos importantes a la fecha, de incorporación y unificación de los criterios definidos por la Corte Constitucional, y entre ellos se encuentra el tema de la expedición de una Ley Estatutaria; ante ello se han elaborado diversas propuestas, donde el sector minero energético ha participado, y queda aún un camino importante por recorrer pues este proyecto de Ley debe surtir igualmente el proceso de consulta previa lo que ha dado lugar a diversas discusiones entre las comunidades indígenas y el gobierno nacional.

¿Por qué es tan preocupante para la industria dicha cantidad de consultas previas?

La consulta previa ha sido un factor de preocupación para la industria debido a que desde 1991, fecha en la que Colombia ratificó el Convenio 169 de la OIT, no se cuenta con reglas claras y precisas sobre el procedimiento en que se deben llevar a cabo dichas consultas, impidiendo que las empresas cuenten con la seguridad jurídica suficiente para iniciar actividades.

No obstante la falta de un procedimiento legal, el Gobierno ha hecho esfuerzos estableciendo pautas y lineamientos para que se organice el procedimiento y se garantice el derecho fundamental a la consulta previa de las comunidades. Debido a estos lineamientos, y a que ya se ha decantado de alguna forma el procedimiento, gracias a los fallos de la Corte Constitucional y a los ritos que se han construido por el actuar constante de las partes, estás consultas han dejado de ser tan preocupantes para la industria. Se está a la espera de la ley estatutaria para conseguir mayor seguridad jurídica.

¿Para cuándo se tiene estimada la ley estatutaria para regular este tema? ¿Cómo se diseñará?

Bajo el liderazgo del Ministerio del Interior, el Gobierno está trabajando en un proyecto de ley estatutaria para regular esta materia, en donde el Ministerio de Minas y Energía ha participado proponiendo aspectos que, a partir de la experiencia del sector, permitirá mejorar el proceso de consulta previa. La intención del Gobierno es regular un procedimiento a través de reglas claras, de rango legal, que le permitan a las comunidades y empresas seguridad jurídica en sus actuaciones. Dentro de los aspectos fundamentales a regular, se encuentran:

  • Oportunidad para hacer la consulta previa en caso de los Planes de Obras y Actividades- POA-.
  • Definición de área de influencia.
  • Reconocimiento de nuevas comunidades una vez se haya iniciado el POA.
  • Cierre de la consulta previa

¿Cuáles son las perspectivas para el cierre de este año en materia de importaciones y exportaciones de productos de la industria minera y energética colombiana en términos monetarios y de crecimiento?

Con información del Marco Fiscal de Mediano Plazo 2017, la caída en las exportaciones de 13% entre 2016 y 2015 que pasaron de US$35.981 millones a US$31.394 millones, respectivamente, fue producto principalmente de la desaceleración económica de los socios comerciales del país y de la moderación en el crecimiento de la economía China y de otras economías emergentes que causó una caída de la demanda externa, resultando en una disminución de los precios internacionales de los commodities.

Lo anterior produjo una reducción de los ingresos por exportaciones, principalmente de las de petróleo, afectando el comportamiento de las exportaciones tradicionales. Por su parte, las importaciones registraron una contracción de 17% al pasar de US$54.058 millones en 2015 a US$44.889 millones en 2016. Dicho comportamiento obedeció principalmente al detrimento de las importaciones de bienes intermedios y de capital, producto de la caída en los niveles de inversión en la economía.

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Según el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el mayor dinamismo de las economías emergentes y la recuperación de la demanda externa en los principales socios comerciales del país, producirían una recuperación de los precios internacionales del crudo de referencia Brent que para 2017 se espera se situen sobre los US$51 promedio por barríl (US$45 en promedio en 2016), produciendo que las exportaciones de petróleo se ubiquen en aproximadamente US$9.097 millones, lo cual representa un crecimiento del 13% frente a lo observado en 2016.

Por su parte, dentro de las exportaciones mineras se destacan las de carbón que se estima alcanzarían los US$6.403 millones en 2017, es decir, presentarían un crecimiento del 38% frente a lo observado en 2016.

En Carbón, además de esperar que los proyectos actuales mantengan sus producciones e incluso podamos incrementarlas de 90,5 a 93 molones de toneladas esperamos el licenciamiento ambiental e inicio del montaje de un nuevo proyecto de Gran Minería de explotación subterránea en Cesar.

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En Níquel, el proyecto Cerro Matoso, con la entrada en operación del proyecto La Esmeralda incrementará su producción de 37.000 a 41.000 toneladas.

Para oro en 2018, obviamente continuará el proyecto San Ramón de Red Eagle con producción cercana a 1,5 toneladas anuales y ello es importante porque se incrementará la producción legal en Colombia que está cercana a las 12 toneladas anuales.

También esperamos que Buriticá continúe sus obras de construcción y montaje. Igualmente, que el proyecto Sotonorte en Santander pueda licenciarse ambientalmente a inicios de 2018 y en tal sentido inicie obras de Construcción y Montaje para producir cerca de 13 toneladas de oro anualmente. Otro proyecto que impulsará sin duda el sector minero del país durante 2018 será Maceo de Cemex en Antioquia, que estima iniciar producciones de caliza por casi un (1) millón de toneladas ese mismo año.

¿Cómo ve el Ministerio de Minas y Energía el actual paro sectorial en Antioquia y cuál sería el impacto?

Asumimos unos compromisos en conjunto con la Gobernación de Antioquia que ejerce la autoridad minera en el departamento, que son básicamente de acompañamiento institucional para la formalización de la cadena productiva del oro en Segovia y Remedios. El impacto de este paro sobre la producción está dentro de los cálculos del gobierno en cuanto a la posibilidad de reducción de la comercialización nacional de por lo menos un 30% menos de oro para este año, por efecto fundamentalmente de las medidas adoptadas para el control de la comercialización del mineral que privilegia la cadena de suministro licito del mismo.

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