Los retos políticos de encender la economía

Desde el inicio de la crisis de covid-19 hasta hoy, hemos sentido el régimen presidencialista en su máxima expresión, no solo en Colombia sino también en Latinoamérica. Presidentes con inédita autonomía política y regulatoria amparados por Estados de excepción. En nuestro país la gobernabilidad independiente de Iván Duque ha sido además alimentada por un Congreso paralizado, no solamente por el limbo jurídico para operar virtualmente, sino principalmente por su falta de creatividad política para hacerse sentir con propuestas.

Los partidos y líderes de oposición no han encontrado tampoco su lugar en el contexto de la emergencia, porque su base ideológica es la polarización, la cual es impopular en tiempos de covid-19. Y no me refiero solamente a que no hayan sido exitosos en controvertir al presidente y su equipo, sino a su incapacidad de contribuir a la gestión de la crisis con iniciativas propias. Es como si el virus hubiera mandado a vacaciones a caciques y gamonales.

La tercera rama del poder público, la judicial, particularmente las altas cortes, también ha apagado sus voces en lo que respecta a su función de regular constitucional y administrativamente las decisiones del Gobierno nacional y de los gobiernos departamentales y municipales.

Adicionalmente el coronavirus está transformando la sensibilidad política de los ciudadanos quienes desde ahora se involucrarán más en los asuntos públicos, lo que seguramente se traducirá en el ejercicio más activo de sus derechos políticos.

El Gobierno podría avanzar -a partir del 27 de abril- hacia una nueva estrategia en la que escalonadamente los grupos y/o territorios de menor riesgo y de actividades económicas más esenciales, comenzarán a salir con precauciones a las calles. Y en la medida en que la curva de contagio no se comporte mal, seguirán saliendo grupos hasta tener afuera a los de mayor riesgo y de actividades económicas menos esenciales. Hacer rodar por varios meses esta estrategia bajo el método de prueba y error (el famoso “acordeón” de Duque) hará chocar políticamente al Gobierno nacional con los gobiernos locales, particularmente en ciudades sensibles sanitaria y políticamente como Bogotá. 

En este escenario de reactivación progresiva de la vida económica, los conflictos, los intereses y las ambiciones políticas también regresarán.  Así las cosas, se viene en primera instancia una rigurosa evaluación política y técnica a la gestión del Gobierno nacional y de los gobiernos de los departamentos y ciudades. Ese ejercicio tendrá esencialmente fines políticos y electorales, y llevará a la reconfiguración del mapa perceptual de los partidos y líderes en nuestro territorio. Es obvio en este sentido el control político que ejercerán nuestros legisladores sobre los procedimientos, actuaciones y resultados del Ejecutivo, pero además seguramente veremos una sociedad civil con más determinación en el ejercicio de sus garantías constitucionales mediante veedurías, consultas y exigencia de rendición de cuentas. 

El Congreso de la República no se limitará al control político. Se centrará particularmente en controvertir los proyectos de ley que es previsible que presente en mayo el Ejecutivo, como la reforma tributaria, la transformación del régimen laboral, el refinanciamiento del sistema de salud y el ordenamiento y la protección del territorio, entre otros. 

A esta dificultad el Gobierno nacional tendrá que sumar las tensiones que están a flor de piel con varios departamentos y ciudades (incluyendo Bogotá), por diferencias en las estrategias sanitarias y de orden público implementadas hasta ahora y por la autonomía administrativa que cada gobernante querrá tener en materia de reactivación económica cuando se flexibilice la cuarentena, sumada a la competencia por los escasos recursos disponibles. 

El corononavirus está desnudando nuestra institucionalidad política y estatal, dejando al descubierto las vocaciones, capacidades y legitimidad de las entidades de los tres poderes del Estado, pero también de las fuerzas políticas que operan fuera del mismo. Preocupa que entidades que tienen la función de definir el horizonte económico hasta el final de este Gobierno, entren en un ciclo de descrédito político y público, como es el caso de algunos ministerios que ya están entre ceja y ceja -en algunos casos justificadamente- de nuestros legisladores.

El Congreso, los partidos de oposición, gran parte de la opinión pública, la academia y las oenegés, entre otros grupos, podrían no solamente compartir sus evaluaciones críticas de la gestión del Gobierno, sino que más temprano que tarde fijarán posición crítica frente a problemáticas relacionadas con los servicios públicos, el desempleo, la pobreza, la inmigración y acceso a la salud, entre otros.

El regreso progresivo a la normalidad también podría tensionar la relación del Gobierno Nacional con los sectores productivos, pese a la loable comunión alcanzada en medio de la emergencia. Es prácticamente inevitable que el Ministerio de Hacienda considere mecanismos técnicos de reactivación económica con impacto, directo o indirecto, en las empresas.  

La agenda política compartida entre el Estado (incluyendo Congreso y Cortes) y los sectores productivos en materia económica pondrá a prueba la vocación socioeconómica (¡no solo de desarrollo económico!) de las grandes empresas. Habrá una combinación de temas inéditos de origen programático (recaudo, régimen laboral, financiamiento sanitario, etc) con temas de la esencia de nuestro Estado social de derecho como la desigualdad, la inequidad y la concentración del poder económico. ¡Los gremios económicos tienen pocas semanas para preparar sus propuestas!