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PIRATERÍA

Piden mano dura contra la piratería en línea

Casos como Cuevana y Roja Directa enfurecen a la industria audiovisual. El Estado podría estar perdiendo más de US$200 millones por este flagelo.

31 de agosto de 2018

La piratería de contenidos audiovisuales está rebasando la copa y en eso coinciden entidades como la Fiscalía General de la Nación, la Superintendencia de Industria y Comercio y la Autoridad Nacional de Televisión.

La industria audiovisual es una de las más golpeadas con esta situación. De acuerdo con la Alianza Contra la Piratería de la Televisión Paga, de la que hacen parte proveedores de contenido como Discovery, Espn, Fox International Channels, Turner, Win Sports, LaLiga, así como operadores como Directv y Telefónica, el infortunio les genera pérdidas de US$6,9 billones en la región.

Además de la piratería en internet que ha incrementado en los últimos años, otra forma de piratería es el subreporte, que es cuando usuarios reciben una señal de televisión paga sin pagar por ella.

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Las cifras son alarmantes. Según registros de 2016 del Departamento Nacional de Planeación, en Colombia el subreporte le genera al país pérdidas anuales de US$69 millones, mientras que la piratería produce otras que rodean los US$100 millones. Estas fugas de recursos se dejan de percibir en impuestos y tasas regulatorias, así como en el dinamismo del mercado y el decrecimiento del sector.

De acuerdo con Jorge Bacaloni, representante de la Alianza Contra la Piratería, el avance vertiginoso de la conectividad a internet, no solo ha sido plataforma para los beneficios que se conocen, sino que también le ha abierto puertas a los delitos.

"Perseguir al criminal que está detrás del delito es un problema transnacional, estamos apuntando a asociaciones de colaboración entre el Estado y servicios de internet para hacer bloqueo de contenidos. Es muy costoso para una compañía buscar a alguien que está en Asia o Europa para iniciar un proceso", afirmó Bacaloni.

Dolly Rodríguez, fiscal especializada adscrita a la Fiscalía General de la Nación, explica que lo que resulta más difícil es establecer la identidad de las personas que están cometiendo el delito y que cuando se reconocen los servidores, por lo general están por fuera del país.

"Colombia sí tiene regulación que protege la propiedad intelectual y los derechos de autor. El vacío está para los delitos informáticos", dijo Rodríguez.

Los voceros de la industria audiovisual han denunciado en los países de la región a portales como Cuevana o Roja Directa. El primero ofrece películas y series sin su autorización y el segundo, retransmite eventos deportivos sin tener derechos sobre ellos.

Una de las premisas que fricciona los bloqueos es la neutralidad en la red a la que están comprometidos la mayoría de gobiernos de la región, principio que los compromete y a los proveedores de Internet, a considerar todo el tráfico de datos que transita por la red de igual forma indiscriminadamente.

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"Ninguna de las condiciones de neutralidad en la red avalan que se desarrolle un delito. Cada Estado tiene regulaciones distintas, depende de cada Estado ver como va a colaborar", agregó Bacaloni, quien advirtió que en conjunto, los gobiernos de Suramérica, estarían perdiendo US$815 millones.

El ‘modus operandi‘ es que el pirata no invierte nada; no tiene personal, no tiene producción, no tiene desarrollo y no aplica tecnologías, pero absorbe toda esa inversión para realizar sus ganancias.

“Estas cifras, además de representar pérdidas sumamente importantes para el Estado, también se traducen en cargas contributivas y operativas mayores para la industria, lo que conduce a una falla significativa de mercado que necesita el compromiso de todos los actores involucrados para llegar a una solución en el corto plazo”, complementó Bacaloni.

En América Latina, la evasión en impuestos asciende a US$1,2 billones, según la Alianza contra la Piratería, mientras que se estaría dejando de generar 50.000 nuevos puestos de trabajo.

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