Pelea del Gobierno contra Claro y Movistar genera inestabilidad jurídica: Asomóvil

La presidenta de esa entidad, Nancy Patricia Gutiérrez, manifestó su “profunda preocupación” por los recientes hechos en los que ha estado involucrado el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).

A su juicio, estos episodios han afectado no solo a operadores de telefonía móvil en Colombia sino que también han tenido repercusiones en el sector en general.

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Uno de los hechos que preocupan a Asomóvil es la decisión del Tribunal de Arbitramento que obliga a Claro y Movistar a pagar cerca de $4,7 billones por el litigio de reversión de activos.

Las compañías tendrán un plazo de quince días hábiles para hacer este pago o de lo contrario correrán intereses moratorios a la tasa máxima prevista en la ley.

La controversia jurídica tiene sus orígenes en 2013, cuando la Corte Constitucional advirtió que a los contratos de concesión que, a mediados de la década de los 90 le dieron vía libre a la telefonía celular, se les aplica la cláusula de reversión de activos así leyes posteriores hayan desmontado ese concepto.

Tras conocerse la noticia Claro informó que estudiará el alcance del laudo proferido para “tomar las acciones legales nacionales e internacionales correspondientes, en defensa de sus legítimos intereses, los de sus trabajadores, usuarios y accionistas”.

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“De acuerdo con las leyes aplicables del Congreso de la República, la reversión debía aplicarse únicamente sobre el espectro radioeléctrico, con el fin de fomentar la inversión y la modernización del servicio de telecomunicaciones en el país”, añadió la compañía en un comunicado de prensa. 

De otra parte, Telefónica Colombia simplemente manifiestó que analizará el contenido de la decisión y adoptará las acciones legales para “la defensa de sus intereses y garantizar la prestación del servicio a todos los colombianos”.

A este episodio se suma la exigencia de la devolución de espectro a la que se vio obligada meses atrás Tigo-Une.

Estas situaciones, de acuerdo a Asomóvil, han generado incertidumbre y complican  el desempeño de la industria de telecomunicaciones, que en 18 meses ha tenido un crecimiento negativo promedio de -1,8%.

“El sector requiere estabilidad jurídica, reglas de juego claras y una regulación acorde con las necesidades de la Economía Digital que se impone a nivel mundial, de manera que se garanticen las inversiones de mediano y largo plazo, fundamentales para la llegada de nuevas herramientas que requieren mayor velocidad, calidad y cobertura”, manifestó Nancy Patricia Gutiérrez, presidenta de Asomóvil.

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La directiva fue más allá al afirmar que el futuro de la industria, que según esa entidad marcará la productividad y el crecimiento del país, depende del entendimiento entre el rector de las políticas y los operadores.

Gutiérrez asegura que ese entendimiento será determinante para un sector que exige grandes inversiones y que está dentro de un modelo económico que cambia permanentemente, según los avances de la tecnología y la necesidad de los clientes.

“La industria requiere en este momento de crisis el diálogo constructivo para llegar a soluciones integrales que den respuesta a esta crisis, que reactiven el crecimiento de la industria a través de medidas anticíclicas y que promuevan la inversión”.

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