Corte Constitucional tumbó la Ley de Financiamiento

Como lo anticipaban todos los cálculos, la Ley de Financiamiento del Gobierno de Duque acaba de sufrir un golpe demoledor en la Corte Constitucional. Los magistrados votaron por mayoría para declarar inexequible casi la totalidad de los artículos de la Ley por vicios en su trámite. Solo se salvaron cuatro disposiciones.  

El fallo tendrá un efecto diferido a partir del primero de enero del 2020, con el fin de que el Congreso expida el régimen que “ratifique, derogue o modifique” los contenidos de la Ley de Financiamiento.

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La Corte también determinó que los efectos de este fallo solo serán hacia el futuro. “En ningún caso afectarán situaciones jurídicas consolidadas antes de su notificación”, explicó la magistrada Gloria Ortiz, presidenta del alto tribunal.  

La decisión de la Corte respondió a una demanda que aducía que se violó el principio de publicidad, teniendo en cuenta que en el último debate que se dio en la plenaria de la Cámara, los representantes votaron el articulado sin conocer la totalidad de este.

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El alto tribunal determinó con una votación de seis contra tres que “las evidencias enviadas desde el Congreso no demuestran que se haya publicado en la gaceta del Congreso el texto que debía ser estudiado por los representantes”.

En rueda de prensa la Corte indicó que "la Sala Plena concluyó que asiste razón a los demandantes, en la medida en que la proposición con la que finalizó el debate en la plenaria de la Cámara de Representantes se planteó de manera incompleta -dado que no incluyó el texto sometido a consideración de los representantes-, y no cumplió con la publicidad necesaria para que el Legislador emitiera su consentimiento en la aprobación de una ley de alto contenido tributario". Además, afirmaron que no hay constancia de que se haya distribuido un texto alternativo y que tampoco se dio a conocer que el articulado estaba publicado en la página web del Senado.

Esta decisión le da un duro golpe al Gobierno, que en campaña se había comprometido a reducir los impuestos de las empresas para mejorar la competitividad, además pone en juego el nivel de gobernabilidad, pues aún es incierto que de aquí a final de año sea posible pasar otra reforma tributaria. Adicionalmente, esto podría significar el aplazamiento de temas de la agenda de la administración Duque tan cruciales para el país como la reforma pensional y la reforma laboral.

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El ministro Alberto Carrasquilla, al finalizar su intervención en el Congreso luego de la aprobación en plenaria del Senado de la Ley de Presupuesto, dijo que, aunque no ha estudiado la decisión de la Corte, está seguro de que se encontrará la forma de garantizar la sostenibilidad de las finanzas del país.

Para el Ministro la caída de la ley es un “serio golpe a la credibilidad de la política económica del país” y anticipó que el Gobierno estudiará a fondo la sentencia porque cree que es “infortunado lo que ha sucedido con el fallo de la Corte, pero sucedió”. Aunque declinó pronunciarse de fondo sobre el tema, rechazó las críticas formuladas por varios senadores que anunciaron que, en materia económica, el país “está encaminado a una hecatombe”.

Carrasquilla sostuvo que tanto los mercados nacionales como los internacionales mantienen la confianza y el buen prestigio de Colombia, al punto que el país “puede pedir prestada la plata que se necesita, porque tiene credibilidad”.

Es posible que esta decisión afecte en gran medida la estabilidad jurídica y el ambiente para hacer negocios en el país. Sin embargo, Bruce Mac Master, presidente de la Andi, considera que esta es una oportunidad “para enmendar la plana lo antes posible y evitar traumatismos e incertidumbres en momentos en que la economía del país trae una mejor dinámica que el resto del mundo y de la región”.

Agregó que ante la decisión de la Corte Constitucional de declarar inexequible la Ley de Financiamiento “hacemos un llamado al Congreso y al Gobierno a tramitar en forma expedita las normas que permitan reemplazar las que perderían vigencia, buscando estabilidad jurídica efectiva para la inversión”.

Por su parte, en la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) consideran que la decisión no es una señal positiva para la inversión, pero que debe ser acatada. “Le da tiempo al gobierno nacional para que antes del 31 de diciembre logre sacar una nueva ley en el Congreso de la República. Habrá que ver si el Gobierno lo va a hacer y cuál será el texto que llevará, si es el mismo que fue aprobado por el Congreso el año pasado o si será la versión inicial que incluía el IVA a los alimentos” dijo Jorge Enrique Bedoya, presidente del gremio. Añadió que también hay que mirar la disposición del Legislativo para trabajar de la mano con el Ejecutivo y con todos los interesados para sacar una ley que compense la decisión que tomó la Corte.

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A su vez, Fenalco calificó como preocupante la decisión de la Corte Constitucional. “Este nuevo panorama genera un ambiente de inseguridad jurídica y seguramente impactará de manera negativa la economía, que empezaba a retomar el camino de crecimiento”, aseguró Jaime Alberto Cabal, presidente del gremio de los comerciantes. “Lamentablemente la decisión de la Corte Constitucional llega en momentos en que el sector empresarial ya había asimilado el nuevo horizonte que fijaba la ley de Financiamiento. Cambiar las reglas de juego en este momento no es una buena señal para la inversión extranjera”, agregó.

El expresidente Álvaro Uribe también se pronunció al respecto y dio un parte de tranquilidad a los inversionistas y a los contribuyentes. El senador expresó que no habrá ningún tipo de traumatismo por cuenta de la caída de la Ley pues la corte ha dicho que la inexequibilidad de la Ley de financiamiento entrará regir hasta el primero de enero del año entrante.“Esto quiere decir que lo se ha hecho este año en colombia en materia comercial de inversión, el año entrante al declarar renta se  va a regir por la misma norma” que la corte acaba de declarar inexequible” explicó.

Desde el partido conservador también se pronunciaron frente a la decisión de la Corte Constitucional, y por medio de un comunicado indicaron que aunque son respetuosos de las decisiones del alto tribunal, les preocupa que se ponga en riesgo la credibilidad y la estabilidad económica del país. El Senador Conservador Efraín Cepeda, indicó que esta es una oportunidad para implementar  por medio de una nueva Ley, "un plan de choque frente al desempleo y la informalidad".

Pero, ¿cuál es el impacto económico que tendrá la decisión? En días anteriores el ministro Carrasquilla había asegurado que una eventual caída de la ley de financiamiento representaría un costo cercano a $1.000 billones en los próximos 10 años. 

Sin embargo, no todos comparten esta visión catastrófica. Desde otros sectores consideran que la caída de la Ley no sería tan trascendente para el panorama económico del país e incluso hay quienes consideran que esto mejoraría las finanzas en el corto plazo, ya que se aliviaría la caída en el recaudo en los próximos años, considerando que la Ley contempló una disminución de algunos impuestos a empresas con el fin de incentivar la creación de empleo, un efecto que aún no se percibe.

Según algunos cálculos de Fedesarrollo, este año la Ley de financiamiento tendría la capacidad de recaudar $5 billones, pero a partir de 2020 el recaudo caería por los beneficios otorgados a las empresas. Esto representaría una disminución de $5 billones en 2020, de $6 billones en 2021 y de $9 billones en 2022.

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El director de calificaciones soberanas de Fitch Ratings, Richard Francis, también se había pronunciado al respecto y había indicado que la caída de la ley tendría un efecto neutro. “Es claro que significará un incremento de ingresos este año, pero una pérdida el año que viene; entonces, en el mediano y largo plazo para nosotros, con la caída de la ley regresamos a la situación antes de la aprobación”, indicó.

Finalmente, para algunos analistas la discusión alrededor de la constitucionalidad de la Ley de Financiamiento no solo tiene componentes jurídicos y económicos, sino también políticos. Podría ser una gran coyuntura para que el Gobierno pueda construir fuerzas de respaldo en el Congreso y buscar la representatividad de partidos que hoy son independientes, para que lo acompañen a sacar adelante esta iniciativa. En caso de que no se publique una nueva Ley antes de la fecha límite, se mantendrán vigentes las medidas adoptadas en la reforma tributaria anterior.