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| 11/12/2020 12:01:00 AM

La Misión del mercado de capitales debe continuar

El Gobierno estaría ad portas de presentar un proyecto de ley del sistema de pagos y del mercado de capitales. Estos son los cambios que vienen para el sector financiero.

A principios de su administración, el presidente Iván Duque convocó una misión de expertos para estudiar qué pasos debe seguir el país con el fin de impulsar su mercado de capitales. Esta misión entregó sus recomendaciones hace un año. Pues bien: el Gobierno acaba de emitir su Política Pública para el desarrollo del sistema financiero y del mercado de capitales 2020-2025, que recoge buena parte de dichas recomendaciones y marca la hoja de ruta para lograr un sistema financiero más dinámico, competitivo, resiliente e inclusivo.

Para Diego Jara, coordinador de la Misión, la política acoge el grueso de las recomendaciones propuestas, aunque en algunos casos con variaciones y modificaciones importantes; plantea una estrategia de mediano plazo para lo que es viable y un avance positivo. “Si bien no puede hablarse de un gran revolcón, la reforma no es sobre cosas menores y, lograr en conjunto lo que se propone en cuatro o cinco años, es bastante ambicioso”, afirma.

El Plan para darle un impulso al sector financiero y al mercado de capitales implica 74 acciones en las cuales, alrededor de 50, vienen de recomendaciones de la misión, afirma Felipe Lega, director de la Unidad de Regulación Financiera (URF) del Ministerio de Hacienda, quien anuncia que el Gobierno llevará al Congreso muy pronto un proyecto de ley del sistema de pagos y del mercado de capitales. Este recoge algunas de las iniciativas contenidas en este documento, mientras que otros cambios se harán a través de decretos y circulares, gracias a un trabajo conjunto con la Superfinanciera y el Banco de la Republica.

Algunos expertos, aunque reconocen las bondades de la propuesta en muchos frentes, consideran que el momento para la reforma del mercado de capitales es inoportuno, dado que entraría a competir con otros ajustes urgentes y estructurales como la tributaria, la laboral y la pensional. Eso complica el panorama.

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No obstante, hay que arrancar la discusión y no se puede esperar tener solucionados estos otros temas para buscar la modernización del sector financiero. El documento reabre la conversación y es un avance tangible de lo que se requiere para dinamizar la actividad financiera.

Si algo demostró la pandemia es la necesidad de contar con mayores opciones de financiamiento, para lo cual es necesario un mercado de capitales más profundo y desarrollado.

El revolcón

Uno de los principales cambios que plantea la política es pasar de un modelo centrado en las actividades y no en el tipo de licencia financiera. Esto permitiría no solo estandarizar las reglas para intermediarios que hoy hacen lo mismo y acabar con los arbitrajes regulatorios, sino que fomentaría la competencia, la especialización y la llegada de nuevos jugadores en beneficios de los consumidores.

Esta recomendación que hizo la misión despierta el temor entre algunos de que afecte el sistema de multibanca implementado en los años noventa. Sin embargo, esta iniciativa tendrá énfasis en la industria de administración y gestión de portafolios.

Por ejemplo, explica Lega, cuando una comisionista pide hoy una licencia, se presume que va a hacer todas las actividades, pero si se pasa a un licenciamiento modular y la exigencia de capitales mínimos, acorde con las actividades que desarrollará, se reducen las barreras de entrada y se pueden potenciar actividades como la asesoría o la distribución de fondos de inversión.

Otra de las cosas que se planea promover es impulsar el acceso universal a los pagos electrónicos ante la digitalización, el impacto del comercio electrónico y la llegada de nuevos jugadores. Para esto se plantea promover la digitalización de los pagos del Gobierno y otros pagos masivos, así como avanzar hacia un regulador único de pagos en cabeza del Banco de la República.

Hoy, la regulación de pagos la ejercen diferentes entidades, puesto que cada vez hay más actores de distinta naturaleza prestando este tipo de servicios bancarios y financieros.

También se impulsarán temas como el Open Banking e incluso el documento habla de avanzar hacia la portabilidad del consumidor financiero (como existe en telecomunicaciones), lo cual promovería la competencia, eficiencia e innovación del sector.

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Para aumentar el espectro de productos de inversión y emisores, se plantea la necesidad de seguir potenciando la industria de fondos de capital privado, con el fin de aumentar el financiamiento para empresas en etapa temprana y así potenciar el emprendimiento.

Esto concuerda con la flexibilización de los regímenes de inversión de algunos inversionistas institucionales, como los fondos de pensiones. Para estos se propondrá la eliminación del régimen de rentabilidad mínima y se reglamentará el esquema de comisión por desempeño.

También se revisará el modelo de gestión y administración de los grandes fondos públicos, como los vinculados a la seguridad social en pensiones (el Fonpet), para lo cual se precisará la forma en que debe evaluarse la existencia del detrimento patrimonial en este tipo de fondos y recursos públicos.

Si bien no se hará en esta ley, la política plantea la necesidad de ajustar el marco regulatorio para viabilizar una mayor internacionalización y contribuir a la integración de las principales bolsas de la región.

Si algo demostró la pandemia es la necesidad de contar con mayores opciones de financiamiento, para lo cual es necesario un mercado de capitales más profundo y desarrollado.

Además, se espera durante los próximos tres años hacer un esfuerzo regulatorio para actualizar las normas del sector asegurador en materias como el régimen patrimonial y de reservas, entre otras cosas, o revisar el ahorro y el crédito en el sector solidario para consolidar la seguridad y estabilidad del sistema financiero.

Para lograr todo esto se requiere de un fortalecimiento institucional que incluye no solo mayores facultades jurisdiccionales para la Superintendencia Financiera y una reglamentación del Sandbox regulatorio, sinoun mejoramiento tecnológico de la Unidad de Regulación Financiera (URF). Además, se buscará darle un enfoque más preventivo y un mayor ámbito de operación al modelo de autorregulación.

Dado que la misión fue producto de un gran consenso en la industria, las medidas lucen bien encaminadas, pero podrían comenzar a tener sus primeras discusiones y tropiezos cuando empiecen a conocerse los detalles de los cambios propuestos. Aun así, la misión debe continuar.

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