Gobierno reglamentó acceso de soluciones alternativas de agua potable

La reglamentación tiene como objetivo lograr que los colombianos que habitan en zonas dispersas y de difícil acceso tengan agua apta para el consumo humano.

“De acuerdo con el Censo Dane 2018, el 37,2% de la población colombiana ubicada en las zonas rurales no cuenta con cobertura del servicio de acueducto”, dijo el ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Jonathan Malagón.

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Y agregó que “con el programa Agua al Campo y de acuerdo con los resultados de la Gran Encuesta Integrada de Hogares del Dane, en el 2019 logramos que 235.918 nuevas personas en las zonas rurales accedieran al servicio de acueducto. Sin embargo, todavía hay un potencial de 1,3 millones de hogares de la zona rural que necesitan este servicio pues aún no les ha llegado por estar en zonas apartadas y dispersas".

De igual manera, Malagón explicó que se implementará esta normativa para suplir necesidades a familias de zonas rurales que no tienen los servicios de acueducto y alcantarillado, por lo que se autorizaron soluciones alternativas individuales.

Esto hace referencia a los sistemas de potabilización al interior de las viviendas, la recolección de aguas lluvias y los sistemas individuales de saneamiento, entre otros. 

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“Es importante que estas soluciones cuenten con los requisitos técnicos definidos por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en el reglamento del sector, con lo exigido para el diseño y construcción adecuada de los suministros de agua y de los sistemas sépticos”, explicó el ministro de Vivienda.

Así las cosas, en el momento en que dichas soluciones se empleen en viviendas rurales dispersas, aisladas de otras construcciones, obtendrán una autorización ambiental que las exceptúa de las concesiones y permisos de vertimientos, para hacer más fácil el proceso.

Por su parte, Hugo Bahamón, director de Desarrollo Sectorial del Ministerio de Vivienda, reportó que esta normatividad busca que los servicios de agua y saneamiento sean prestados de manera consecuente con las dinámicas propias de cada comunidad.

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“Con este decreto aclaramos las competencias de los municipios para los servicios de agua y saneamiento a través de esquemas diferenciales, puntualizando que estos deben ser asegurados por las alcaldías municipales. Además, el decreto permite la entrega de infraestructura construida con recursos públicos directamente a las comunidades beneficiarias mediante un convenio celebrado con los municipios”, explicó Bahamón.