Presupuesto de 2020 entre ventas y deuda

El pasado lunes el Ministerio de Hacienda presentó su propuesta de presupuesto para el año 2020 que deberá ser aprobado por el Congreso. El nuevo presupuesto presenta un crecimiento del 9% hasta $271,7 billones desde los $249,2 del presente año. Esa cifra de incremento del gasto contrasta con las proyecciones de crecimiento de la economía desde el propio Gobierno del 3,6%, y mucho más frente a las del Banco de la República que ya avisó que considera que con suerte la expansión colombiana estará por el 3%. En esa misma línea están varios analistas económicos, no obstante, la discusión quedará zanjada una vez se conozcan los datos de crecimiento hasta el segundo semestre que próximamente revelará el Dane.

Las partidas más significativas del gasto dentro del presupuesto son las relacionadas a pensiones por $43 billones (16%) y el pago de intereses de la deuda pública que ya suman $31 o 11% del presupuesto total. Tanto el gasto en pensiones como el pago de los intereses son obligaciones ineludibles que tiene el Estado, por eso es necesario una mayor reflexión sobre las últimas decisiones en materia de ingresos que ha tomado el Gobierno. Haber aprobado una reducción del impuesto a la renta que pagan las empresas desde el 33% al 30% abrirá un hueco de $10 billones de aquí hasta el 2022 en los ingresos por impuestos que recibirá la Nación. También ha sido un error no buscar nuevos ingresos por la vía de revisar los beneficios tributarios que actualmente representan un gasto tributario de $68 billones (6,5% PIB). Así como revivir los contratos de estabilidad jurídica, ahora llamados estímulos económicos a las mega - inversiones.

Conforme el presupuesto del año que viene es 9% mayor al actual, su financiación requiere no solo de formulas de contabilidad creativas, como las aplicadas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, sino convertirlas en ingresos efectivos, por eso es previsible que al menos $8 billones del presupuesto presentado para el 2020 deberán ser financiados con nuevas emisiones de deuda pública, o como ya lo ha dejado ver el Gobierno, con la venta de activos, ya sea en lo que resta del año o en el transcurso del siguiente mientras se va llevando a cabo la aplicación del presupuesto. 

Ambas formulas, la de incrementar la deuda o vender activos, presentan obstáculos. Mayor deuda implicará pasar del 55% de indicador deuda/PIB con el consecuente lastre en la calificación de riesgo de crédito, e incrementar las rigideces del presupuesto por la vía de mayor pago de intereses que hoy ascienden a los mencionados $31 billones. Por su parte la venta de activos es todavía incierta porque el Gobierno no puede contar con que logrará llevarlas a cabo y que además podrá usar esos recursos para financiar gasto corriente, menos aún cuando tiene escasas mayorías en el Congreso y enfrentará elecciones regionales en octubre.

La financiación del presupuesto presentado contempla $37 billones de deuda interna y $10,4 billones de deuda externa, y nuevamente $8,5 billones por disposición de activos (ventas) mostrando que evidentemente el Ministerio de Hacienda cuenta con que logrará ingresos cercanos al 1% del PIB para financiar el presupuesto, fruto de la venta de los activos de la nación ya sea haciendo transferencias de esos activos al Fondes para apropiar recursos de la venta de Isagen, o a través de su venta directa a nuevos inversionistas.  

El camino que el Gobierno utilizará quedará determinado por la aprobación o negación de la modificación del Fondes, si es aprobada seguramente lo que va haber es un canje de activos de la Nación hacia el Fondes, a cambio de utilizar esos recursos como ingresos corrientes para utilizarlos en la financiación del gasto. Pero si la modificación del Fondes no es aprobada el Gobierno enfrentará cuellos de botella mientras surte todos los procesos necesarios para materializar cualquier maniobra de venta de activos. Seguramente la posición será del estilo de justificar la urgencia de las ventas sopena de no poder garantizar el gasto social o el gasto de inversión del Estado que es necesario para impulsar la economía.