CAMILO DÍAZ

Barranca también es país

Para los barranqueños la ciudad merece mayor relevancia en las prioridades del Gobierno central, algo que se resume en que Barranca también es Colombia.

Camilo Díaz, Camilo Díaz
22 de febrero de 2020

La frase, ¡Barranca también es país! pronunciada por una de las periodistas más importantes de Barrancabermeja resume la insatisfacción de los barranqueños frente a la importancia que debería tener la ciudad por su condición de albergar la principal refinería del país donde diariamente se procesan 269 kbpd, y ser uno de los nodos de producción de petróleo, y donde además inició la actividad exploratoria en Colombia bajo la concesión de Mares a principios del siglo pasado. 

Una de las principales quejas está relacionada a los precios de los combustibles que son superiores a los de Bogotá o Cali a pesar de que la refinería de Barranca, la más grande del país, está ubicada a escasos 10 minutos en automóvil desde el centro de la ciudad, mientras que sus vecinos barranqueños conviven con el aire pesado y a veces con la elevada contaminación que pueden producir los incidentes que ocurren en el complejo industrial, que si bien son escasos, llegan afectar drásticamente la calidad del aire en la ciudad. Sin embargo, la percepción de los habitantes no es la de que existe una mala vecina, sino más bien, que el Gobierno central impide que su vecina la refinería, tenga mejores repercusiones en la ciudad siendo que efectivamente es uno de los principales activos del país y obviamente la principal riqueza de la ciudad.     

La explicación de que los precios de los combustibles son fijados utilizando una fórmula que incluye el precio al que Ecopetrol podría exportarlos, más una tarifa de transporte, impuestos, y el margen de los distribuidores; resulta no ser del todo satisfactoria ya que el costo de transporte desde el complejo industrial es mínimo porque está prácticamente en la ciudad, y porque las zonas de fronteras tan alejadas de la refinería tienen precios 30% menores por el subsidio que reciben. Entonces sobre este punto la solución más obvia que ven los barranqueños es que los precios de los combustibles en el municipio deberían tener o bien los subsidios de las zonas de frontera, o una reducción de los impuestos de sobretasa, iva, carbono, e impuesto global, de tal manera que los precios fueran menores y sus habitantes recibieran cierta reciprocidad por albergar la refinería.

Pero una solución de ese estilo trae consigo los retos de fijar cupos como en las zonas de frontera, hacer una marcación del combustible para evitar traslado ilegal hacia otras zonas, delimitar un área de influencia beneficiada con esa medida, y la evaluación de que los beneficios se distribuyan para toda la población.

Igual que otras zonas del país Barranca también ha sido impactada por la migración venezolana que ha presionado la tasa de desempleo y el valor de los salarios, en ese aspecto mientras que el Dane aplica la encuesta de hogares en las principales ciudades del país, y la región oriental donde está ubicada Barranca muestra un 10,5% de desempleo, la realidad es que el desempleo en la ciudad está por encima del 22% una situación que queda invisibilizada por las cifras oficiales que no desagregan al puerto petróleo, pero que deberían hacerlo dada su condición de estar directamente ligada con la principal actividad económica del país. Eso permitiría formular mejores políticas públicas a la administración municipal y poder plantear sectores de diversificación económica.

La seguridad también viene siendo un foco de preocupación para sus habitantes, en un mismo fin de semana hubo varios asaltos a una pasteleria, joyerías, y los comunes robos menores que ponen a pensar a los ciudadanos que aunque buena parte de la actividad de refinación y producción de Colombia se lleva a cabo en la región, el Estado se comporta como si Barranca estuviera fuera de las prioridades de inversión y del análisis de las autoridades económicas, y que el añorado plan de modernización de la refinería que fue planteado como un motor de crecimiento y desarrollo se evaporó en medio de la caída de los precios del crudo y la nula intención del Gobierno para retomarlo a pesar de que Colombia continua importando combustibles por valor de US$5.356 millones anuales.