Agenda económica nacional

El debate económico continuará gravitando alrededor de las decisiones que tendrá que tomar el Ejecutivo frente a la reforma pensional, cuyas primeras líneas empiezan a ser expuestas por el Ministerio de Hacienda; el manejo del déficit fiscal y la regla fiscal que este año permite una relajación del déficit hasta 2,7% del PIB; y probablemente el trámite de una nueva tributaria, puesto que los ingresos fiscales empezarán a caer a partir del 2020 hacia 13,5% del PIB lo que evidencia que la ley de financiamiento terminó reduciendo el recaudo en cerca de $9 billones de pesos desde el 2020 imponiendo desafíos para poder cumplir con la reducción del déficit que solicita la regla fiscal aún después de su relajación del pasado 29 de marzo.

Durante este año habrá un elemento adyacente a la discusión económica y es el tono político de las campañas para alcaldías y gobernaciones, que seguramente harán que el grueso de las reformas que desea promover el Gobierno se tramite después de las elecciones de octubre. Si es así, el último trimestre será el más agitado en cuanto a discusiones económicas.

Los principales retos están en el frente fiscal. La verdad de la ley de financiamiento es que tuvo un efecto contraproducente en los ingresos, porque solucionó en parte los problemas fiscales de este año, pero puso al Gobierno a tramitar una relajación del déficit público del 0,3% del PIB, superior en $3 billones al plan original de la regla fiscal. La causa fue que la médula de lo pretendido por el Gobierno en la ley de financiamiento era el IVA a la canasta familiar que se hundió sin llegar a la discusión parlamentaria. Una prueba de que el Presidente y su Ministro de Finanzas estaban totalmente desintonizados de lo posible en materia de impuestos a las personas.

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Como la razón de la disminución en el recaudo para los años que vienen fue el recorte a la tarifa de impuesto a la renta que pagan las empresas, para trasladar esa carga hacia las personas vía IVA que no se aprobó, en adelante el Gobierno va a tener que decidir uno de varios caminos. El primero, formular una nueva tributaria que revierta esa situación echando para atrás la reducción de impuestos a las corporaciones, o con un segundo round de aumento del IVA a la canasta familiar e impuestos a las personas. El segundo, vender activos de la Nación para financiar el déficit orgánico, algo que es un total desacierto pues significa financiar gastos recurrentes con ingresos transitorios, afectando el patrimonio estatal y diluyendo el valor de los activos en gasto operativo.

Otra vía es continuar recortando la inversión en todos los sectores como se ha anunciado de reducir el presupuesto del año 2020 en $12 billones desde los $259 de este año, el obstáculo de hacerlo es la debilidad en el gasto del Gobierno que eso produciría, poniéndose en contravía de las metas del PND de alcanzar una inversión de $1.100 billones en el cuatrienio y de impulsar el crecimiento hacia el 3,5%, así como reducir la tasa de desempleo que se elevó en febrero a 11,8%. De una estrategia del estilo de recorte puro en la inversión en sectores como la educacion, salud, y el agro, lo que se deduce es que el Gobierno la utilizaría como comodín para negociar en el Congreso que le aprueben más impuestos a las personas, o venta de activos estatales donde Ecopetrol, Cenit, y la participación en ISA, vienen siendo propuestas como candidatas de enajenación por algunos gremios.

Finalmente, las discusiones desde el lado del Gobierno sobre la reforma pensional estarán atadas a la sostenibilidad de las finanzas públicas, y buscar la forma de que se permita reconocer pensiones por debajo del salario mínimo con el liviano argumento de evitar una futura bomba pensional y también reducir las transferencias que actualmente hace por ese concepto. Sin embargo, esas discusiones deben llevarse hacia el problema real de la calidad del empleo en el país donde las deficiencias estructurales impiden que los afiliados permanezcan y coticen durante suficiente tiempo en cualquiera de los dos regímenes para acceder y obtener una adecuada jubilación. Cualquier trámite de reforma pensional debe unirse con política de generación y formalización del empleo para que los cambios sean sostenibles en el tiempo.

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