Pavimentar el camino de la infraestructura

El plan de autopistas de cuarta generación no se puede quedar atascado porque el país necesita mejorar su infraestructura, con el fin de hacer la cadena logística más eficiente y económica, y tener ganancias en competitividad donde Colombia permanece estancada. Además, las obras civiles de la infraestructura son un dinamizador de la demanda por empleos, aunque, la mayor parte de ellos es solicitada solamente durante la etapa de construcción. Lograr que la infraestructura recobre el dinamismo es necesario para impulsar la economía en el corto plazo y hacer que el repunte económico permanezca, también para garantizar un mayor crecimiento de largo plazo.

Aunque las ventajas de mantener la dinámica de la construcción civil parecen evidentes, el sector ha venido perdiendo impulso, afectado principalmente por los eventos relacionados a Odebrecht y el Grupo Aval, que cerraron el canal de financiamiento desde la banca comercial, y por los constantes líos de consultas y gestión predial que terminan siendo gestionados por los constructores, que por un lado no tienen la capacidad que tiene el Estado, y por otro terminan negociando uno a uno los predios que requieren para llevar a cabo las obras, al final lo que sucede son los evidentes retrasos y sobrecostos, y dificultades para la adquisición de los predios.

La lección que debe quedar aprendida para el Estado es que debe entregar los proyectos en concesión únicamente cuando estén listos para construir (Ready to Build) eso implica que la gestión de licencias ambientales, consultas previas y compra de predios debe ser llevada a cabo por el Estado antes de concesionarlos. El espíritu del esquema de Asociaciones Público-Privadas es distribuir el riesgo entre el sector público y privado, bajo la premisa que cada riesgo debe ser asignado a la parte que lo puede mitigar o a la parte donde ese riesgo es más barato.

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El riesgo de la gestión predial, ambiental y de consultas previas, es más barato cuando es gestionado por el Estado que por un privado, el Estado tiene herramientas para hacerse con los predios que requieren las obras de interés nacional, pagando el precio justo por esos bienes y respetando los derechos de propiedad de sus dueños, pero protegiendo el desarrollo económico y el bolsillo. La principal referencia debe ser el valor catastral de los predios.

En cambio, los riesgos de construcción son más económicos cuando están en cabeza de un constructor privado porque se asume que tiene experiencia, debe hacer aportes de capital porque en el esquema APP no hay anticipos, y solo empieza ha recibir ingresos cuando la obra entra en operación. Así que tiene suficientes incentivos para terminar a tiempo y con calidad, puesto que sus ingresos dependen de la operación de la vía o infraestructura, de igual modo los sobrecostos disminuyen su rentabilidad porque la fuente de recuperación de las inversiones son los ingresos generados por peajes, y servicios conexos de la obra.

Con el canal de financiamiento casi paralizado con la banca comercial, hay que abrir el camino para que los fondos de pensiones y los fondos de capital privado financien desde la etapa de construcción. Hay varias razones que lo hacen viable. Primero, los compromisos de los fondos son a largo plazo por tanto requieren mantener inversiones de largo plazo, pero con riesgo controlado. Segundo, tienen suficiente liquidez y crecen en volumen de administración a una tasa mayor a $500.000 millones por mes. Tercero, el esquema multifondos permite que tengan inversiones más riesgosas.

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Los fondos de pensiones, los fondos de inversión colectiva, y fondos de capital privado, administran más de $300 billones en activos, una parte de ese monto puede ser canalizada para llevar a cabo los cierres financieros de los proyectos de infraestructura. Pero deben crearse los instrumentos financieros que puedan cumplir esa labor y remuneren adecuadamente el riesgo en la parte de construcción. También es hora de pensar en un fondo de infraestructura alimentado por los dividendos que transfiera Ecopetrol, de esa manera se ahorra parte de la renta petrolera y se cancela la discusión de venderla para invertir en obras, y más bien el país se queda con ambos activos.

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