Flexibilidad y resorte fiscal

La excusa de la migración venezolona a Colombia es políticamente correcta para que el Gobierno se justifique por no cumplir la regla fiscal. Apoyándose en esa solución, que fue sugerida por los delegados de la OCDE, el Ministerio de Hacienda planteó la necesidad de flexibilizar la regla fiscal este año para que la reducción del déficit fiscal ya no tenga que ser a 2,4% del PIB si no que se pueda incurrir en un mayor déficit con el fin de mejorar el gasto del Estado y de esa manera apoyar la actividad económica.

Lo cierto es que para los analistas la razón de la imposibilidad de cumplir con el plan original de reducir el déficit fiscal al 2,4% del PIB este año, no es la exigencia presupuestal de la migración venezolana, la verdadera razón es que la Ley de Financiamiento como quedó aprobada solo recaudará $7,1 billones de pesos frente a la expectativa original de $15, una cifra insuficiente frente a un presupuesto para este año de $259 billones que se incrementó 10% frente a 2018.

La meta de reducir el déficit está en juego como consecuencia de las decisiones contenidas en la Ley de Financiamiento, la reducción de la tasa de impuestos a las empresas; el mantenimiento del gasto tributario con 229 beneficios tributarios; el descuento del 100% del IVA en la compra de bienes de capital; y la inserción de nuevos beneficios que reducirán el recaudo, como los beneficios tributarios a las mega inversiones y el paquete de exenciones dirigido a las empresas de economía naranja. Esos factores obligaran a tramitar una nueva reforma tributaria en el 2020 puesto que el recaudo se contraerá desde el 2021.

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Para maniobrar fiscalmente el Gobierno ha empezado hacer malabares, uno de ellos han sido los canjes de deuda como el de días recientes donde se aplazó el pago de bonos con vencimiento este año y el que viene por $11 billones, la petición de flexibilizar la regla fiscal, y plantear la venta del 8,5% de las acciones de la Nación en Ecopetrol. Aplazar el pago de deuda mantiene el nivel de endeudamiento del país en lugar de disminuirlo, y lleva para adelante el problema sin solucionarlo, mientras que las constantes estiradas de la regla fiscal merman la confianza de los inversionistas de que se trata de un objetivo serio, así mismo la venta de los activos estatales para financiar el gasto pone paños de agua tibia a una situación estructural que requiere ajustes permanentes del gasto o buscar mayor ingreso tributario.

A la situación fiscal se están sumando señales que anticipan debilidad en la economía para los próximos meses, el desempleo ya subió a 12,8% en febrero, la confianza del consumidor volvió a debilitarse y cayó a - 5,6% y el déficit externo subió hasta 3,9% del PIB. A eso se agrega la parálisis del suroccidente del país que seguramente va a pasar factura al crecimiento de este primer trimestre, que junto con la caída de los precios internacionales del café van afectar al sector agropecuario.

En momentos donde los indicadores adelantados dan señales de que el poco repunte económico corre el riesgo de debilitarse lo ideal es que el Gobierno pueda usar el gasto para animar la economía, pero lo que estamos viendo es que el espacio fiscal para ejecutar esa maniobra está prácticamente cerrado y el ejecutivo lucha por hacer malabares entre mandar señales de responsabilidad en el manejo de las finanzas públicas a los mercados, buscar dinero para cumplir los compromisos presupuestales, y mostrar resultados en un año donde disputará elecciones regionales.

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De no haber sido por el resorte fiscal que representan los $8,2 billones que pagará Ecopetrol a la Nación en dividendos la situación fiscal sería más difícil, el Gobierno debe buscar la vía de ajuste por el lado del gasto corriente, no terminando de marchitar la inversión o vendiendo los activos que producen recursos frecuentes, sostener el argumento de la migración venezolana no pasará el examen de las calificadoras de riesgo sino se corrigen los problemas estructurales.