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La pelota está en el campo del Gobierno

Llegó el paro nacional este 21 de noviembre, que en los últimos días ha sumado múltiples voces de apoyo de personajes y sectores “inesperados” como la Conferencia Episcopal Colombiana, Carlos Vives y hasta la nueva Señorita Colombia, María Fernanda Aristizábal. El gobierno de Iván Duque se enfrenta a una movilización que augura ser multitudinaria en rechazo a su administración. El movimiento aglutina múltiples causas, que además tiene como característica especial, no poder ser capitalizado por un sector político específico o único. Ahora bien, de la forma como el presidente Duque tramite las demandas y responda a esta masiva protesta social, puede depender la estabilidad política del país. Un análisis de Mariana Perea.

21 de noviembre de 2019

Desde finales del mes de octubre se iniciaron los llamados para citar a un paro nacional este 21 de noviembre, que fue convocado en principio, por las confederaciones sindicales como reacción y rechazo a lo que denominaron “el paquetazo de Duque”. Dicho paquetazo se refiere a una serie de reformas al régimen laboral y pensional, que según los citantes del paro, se están tramitando desde el Ejecutivo. No obstante, representantes de las centrales obreras, como Diógenes Orjuela, presidente de la CUT, reconocieron que se trataba de una movilización “preventiva”, para que el Gobierno no presentara las medidas en cuestión. Pues hasta el momento, como lo ha asegurado el mismo presidente Iván Duque, no hay ningún proyecto de ley respecto de estos temas, tramitándose en el Congreso.  

Si bien el Gobierno Duque aún no ha presentado formalmente un proyecto en materia pensional y laboral, las voces a favor del paro afirman que ya se vienen cocinando las reformas, pues la intensión de implementar medidas como el trabajo por horas, el salario mínimo diferenciado por regiones, la reforma a Colpensiones, entre otras, han sido expresadas públicamente por la ministra de Trabajo, Alicia Arango y el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Del mismo modo, citan las recomendaciones del FMI y la Ocde para formular las nuevas políticas relacionadas con las pensiones y el trabajo. Una de las recomendaciones de la Ocde afirma que: “Son necesarias acciones en diversos ámbitos de políticas, incluida la reducción de los costos laborales no salariales, que siguen siendo uno de los más elevados de América Latina”. Lo que en español significa una reducción en los gastos de los empleadores en las cajas de compensación familiar, las incapacidades médicas y la cuota de capacitación y aprendizaje para los trabajadores. 

Así pues, los primeros llamados de la convocatoria del paro nacieron en el marco de una presión por parte de los grupos de los trabajadores, ya que, es importante recordar que el inicio de las discusiones del salario mínimo, se realizarán a partir del 5 de diciembre, y las movilizaciones son una forma legítima para presionar al Gobierno nacional. Por otra parte, se sumaron los sectores que “tradicionalmente” han estado en oposición al Gobierno de Iván Duque y al Partido de Gobierno, el Centro Democrático. Contagiados, además, por una ola de movilizaciones sociales exitosas en América Latina (como las de Ecuador y Chile) que por medio de la protesta lograron, por un lado, frenar una serie de medidas económicas regresivas en el caso de Ecuador, y en el caso chileno, pudieron poner sobre la mesa un plebiscito para llamar a una constituyente. 

Sin embargo, la convocatoria del paro del 21 de noviembre se ha ido transformando con el pasar de las semanas. El estallido de la violencia en el Cauca, donde en menos de una semana asesinaron 15 personas, mayoritariamente de la comunidad indígena y las denuncias sobre el bombardeo a un supuesto campamento de disidentes de las Farc, donde murieron 8 niños (confirmados hasta el momento por la Fiscalía) indignaron a gran parte de la población colombiana y la opinión pública. Estos hechos volvieron a poner en la agenda nacional la implementación deficiente del acuerdo de paz y el planteamiento de las políticas de seguridad del Gobierno, que hasta el momento han resultado sino fallidas, al menos poco eficaces para garantizar el derecho a la paz y la vida de los líderes sociales, los excombatientes y la población rural en general. En síntesis, según el periodista Daniel Pacheco, “el paro de los trabajadores y de los sindicatos se ha ido fortaleciendo a raíz de otros eventos que tiene que ver con el clima en América Latina y con la situación de orden público, relacionada con los asesinatos de indígenas y líderes sociales”.

En consecuencia, sectores de diversos colores políticos y sociales se han manifestado en apoyo al paro del 21 de noviembre, como una forma de protestar en solidaridad con una población colombiana periférica y olvidada por el Estado. La desconexión del presidente Iván Duque con los problemas nacionales, resumida en su famosa respuesta “De qué me hablas, viejo”, cuando un periodista le preguntó sobre el bombardeo en San Vicente del Caguán, aumentaron el descontento social y puso en evidencia la parálisis de un mandatario, que parece no entender qué está pasando en el país. Desde la perspectiva de Daniel Pacheco: “Iván Duque parece que replicó lo de Santos con “ese tal paro no existe”, y más allá de la frase específica, la actitud del presidente Duque parece ser una actitud negacionista frente al paro”.

Entre tanto, el Centro Democrático se ha empeñado en afirmar que este paro responde únicamente a una estrategia regional del Foro de Sao Paulo e infiltrados venezolanos para desestabilizar la democracia en América Latina. Por su parte, el presidente Iván Duque ha tratado de frenar la crisis arguyendo que las reformas del paquetazo “no existen” y llamó a una concertación tripartita con los sindicatos y las empresas de cara al paro, en la cual el Gobierno se comprometió a respetar el derecho a la protesta social; y por su parte, los trabajadores a rechazar todo acto de violencia durante las movilizaciones. 

La masiva protesta que se avecina es un símbolo del descontento generalizado con la administración del presidente Duque, que ya se venía evidenciando desde los resultados de las elecciones regionales, donde uno de los grandes perdedores fue el Centro Democrático. En su primer año de mandato, Iván Duque ha dejado a una población agotada con la proliferación de violencia, el aumento del desempleo, los problemas diplomáticos, y sobre todo, el hermetismo del Gobierno, que parece no querer dialogar y concertar con sus contradictores políticos. 

La falta de gobernabilidad que le han impuesto, o se ha empeñado en mantener el presidente Iván Duque, dejando por fuera a otras fuerzas políticas diferentes al Centro Democrático, le ha significado a su administración un alto costo político, que hoy se traduce en unas pésimas relaciones con el Congreso de la República. Los llamados “partidos independientes” se han ido acercando más a la oposición, casi porque el mismo Gobierno los ha empujado a eso. Queriéndose ganar todos los puntos (como pasó por ejemplo con las objeciones a la JEP, o la propia Ley de Financiamiento) el Gobierno Duque ha terminado perdiendo importantes peleas políticas, desgastando en menos de un año su capital político, y perdiendo oportunidades para tramitar los proyectos de ley prioritarios para el país. 

Esta terquedad y/o inexperiencia de Iván Duque para poder cambiar de rumbo de su administración ha generado que actualmente, partidos tradicionales como el Partido Liberal, estén apoyando el paro nacional del 21 de noviembre, y han llevado hasta a sus simpatizantes políticos a cuestionarse la capacidad de Duque para liderar el país. En palabras de Pacheco: “Si bien el Gobierno ha dicho que todas las reformas se tramitarán vía la Mesa Tripartita de Concertación, parece no estar abierto a un diálogo político más amplio con otros sectores de la sociedad. Este es un Gobierno que se ha reunido con todos los sectores políticos tan solo una vez, luego de la consulta anticorrupción -y eso no llevó a nada-. Es un Gobierno que en el discurso dice querer hacer pactos, pero son pactos solamente con su partido y los conservadores, que no parece esté siendo capaz de propiciar ese gran diálogo nacional, ni siquiera con los sectores de la política tradicional”.

Ahora bien, en este momento, el presidente Duque se enfrenta a un gran reto que puede transformar en una oportunidad política, si aprende de experiencias anteriores. Por ejemplo, el caso chileno ya nos demostró que el uso de la fuerza desmedida para contrarrestar un fuerte descontento social, solo radicalizará más la protesta. El presidente Duque debe ser muy inteligente y mesurado para tratar el orden público durante el paro nacional. Sin embargo, se le ha ido pasando el tiempo tanto a él, como a los representantes de su partido, en condenar todos los comunicados amenazantes, por parte de los sectores que están en contra de la movilización del 21 de noviembre. Para Daniel Pacheco: “Yo creo que el gran peligro de este paro no está del lado de los que están marchando y los que están llamando a salir a la calle. Está, desde los sectores que ven este paro como una amenaza, y eso puede llevar a que cometan errores de cálculo en la manera de reaccionar. Una reacción desmedida frente a este paro, generaría un escenario impredecible de inestabilidad”. 

Del mismo modo, de la actitud que asuma frente a las reivindicaciones de este paro nacional, podrá el país tratar de subsanar algunas de sus problemáticas actuales más profundas, que en este caso, tendrían como punto fundamental y prioritario la protección de la vida. El Gobierno se encuentra ante la oportunidad de convocar a una concertación nacional real (no como el intento fallido de marzo de este año, donde convocó únicamente a los partidos de gobierno e independientes, dejando mezquinamente por fuera a la oposición) que demuestre una voluntad política de diálogo democrático. La pelota está ahora en la cancha del Gobierno, de la forma como tramite esta crisis dependerá, en gran medida, la estabilidad política del país.

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