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Opinión

  • | 2019/11/18 00:01

    Acompaño la protesta social, sin violencia

    Solo los dictadores y los regímenes autoritarios deberían temer a la protesta ciudadana.

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Quienes apoyamos el proceso de paz, en parte, lo hicimos porque la participación ciudadana, el control social y la democracia, aunque existían en la Constitución como derechos, eran de papel. El miedo a la guerrilla justificó durante mucho tiempo los señalamientos a las organizaciones sociales y a quienes ejercían de voceros políticos de la oposición. En Colombia nada podía ser más grave para un movimiento político o para una organización social que alguna de sus reivindicaciones fueran apoyadas por algún miembro de la guerrilla o estuviera en sintonía con estas.

En general, en Colombia la protesta social nunca tuvo buena imagen y menos apoyo social, excepto el paro campesino de 2013 y algunas marchas a favor de la paz y contra la violencia y la guerra. Para 2019 todo parece cambiar. Por primera vez la protesta convocada por diversas organizaciones sociales para el próximo jueves 21 cuenta con apoyo de la Iglesia católica, de artistas y de gente de la cultura; de académicos, de connotados periodistas y hasta de algunos medios de comunicación; además de partidos políticos de izquierda y de centro. 

Nadie puede tener dudas: el origen de la protesta lo facilitó el Gobierno nacional con sus actuaciones. Aunque el Centro Democrático ganó con el presidente Duque, su bancada en el Congreso es minoritaria y débil; al desaparecer las Farc como escenario de guerra y el expresidente Santos como contradictor político, se quedaron sin audiencia. A veces parece que no saben qué hacer, si defender al gobierno que ellos mismos eligieron, o mirar para el otro lado e insistir en ayudar a que se caiga Maduro.

El Gobierno ha sido insensible a los resultados del referéndum por la paz, a la consulta anticorrupción y a la altísima votación que obtuvo Gustavo Petro, que señalaban la necesidad de gobernar con grandeza. Nadie pide que se gobierne con el programa de otros, pero sí que se tengan en cuenta las prioridades de un grandísimo sector del país; se esperaba, cuanto menos, que se agregaran acciones para continuar, con sus respectivos ajustes, el proceso de paz, aún inconcluso. Se esperaba que se tomaran acciones contundentes a favor de la lucha contra la corrupción, que según el informe de Monitor ciudadano carcome a Colombia —entre enero de 2016 y junio de 2018, la corrupción le costó al país 17,9 billones de pesos, equivalente al 50 % del presupuesto que la nación destinó a la educación, en 2018, para atender a más de 9 millones de estudiantes y cancelar salarios a más de 400.000 personas, entre docentes y personal administrativo que trabaja en colegios e instituciones de educación superior. Nada de esto ha pasado.

Y la tapa de la olla: el regreso de acciones muy parecidas a los falsos positivos, como el asesinato de líderes sociales que ha sido muy grave. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) reveló que 282 líderes sociales y defensores de derechos humanos, en 2018, fueron asesinados en toda Colombia, en 2019 ya iban 155 asesinados (con corte al 8 de septiembre). 

Este hecho debió movilizar al Gobierno, desde el presidente para abajo. Como no ha pasado nada, los siguen matando; el país recuerda con dolor la muerte violenta de la gobernadora y autoridad indígena Neehwe‘sx Cristina Taquinás Bautista y de cuatro guardas del territorio indígena, quienes estaban desarmados, esto ocurrió el pasado 29 de octubre.

Así mismo, cómo no mencionar el bombardeo en el que murieron por lo menos 8 adolescentes, donde, además, se cometió el error garrafal de ocultar el hecho, al contrario, el presidente sostuvo que fue una operación impecable. Repudio a quienes reclutan de manera forzada a los niños, todo el peso de la ley. Sin embargo, en estos territorios rurales, como Puerto Rico, Meta, la presencia del Estado es escasa y se requiere avanzar con premura en la realización efectiva de programas sociales.  

Estos dos hechos, donde no se garantiza el derecho a la vida, por sí solos, justifican las marchas y protestas. ¿Cómo no proteger la vida de los líderes que se oponen a las injusticias y que son capaces de luchar por otros? Ellos son quienes garantizan la democracia en los territorios y el desarrollo social y político. Lo contrario es aceptar el silencio y el miedo impuesto por el terror de las armas de los criminales. Como sociedad no podemos permitir esto, tenemos que protestar, movilizarnos y marchar.

Tampoco se puede olvidar las inequidades, la falta de oportunidades para miles de colombianos y las profundas diferencias de calidad de vida para quienes viven en las zonas rurales.

Un juicioso trabajo de DEjusticia, que recomiendo, nos recuerda que Colombia es un país “comprometido normativamente con el respeto a la protesta social, como lo ordenan la Constitución y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), y pronunciamientos de organismos internacionales que han delineado guías y criterios para interpretar estas normas de derecho internacional”

Por último, La protesta social es esencial para la vida en democracia, tenemos que aprender a valorar el pluralismo, el disenso y la libertad de expresión. No tengamos miedo, en una sociedad en paz deberá existir mayor deliberación y participación social. La protesta intencionada para proteger derechos, para luchar contra la desigualdad y para ejercer control del poder político es uno de los caminos para producir mejor sociedad y calidad de vida. Acompañaré la protesta, sin violencia.

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