Cuidemos las empresas

Que 37.000 empresas hayan desaparecido en Bogotá durante los primeros 8 meses del año no debería alegrar a nadie, así como tampoco debería pensarse que eran las consecuencias normales después de lo vivido en la pandemia. Esa misma dinámica que también se ha venido viendo en otras ciudades del país, junto con una lenta retoma de actividades en varios sectores de la economía, ha dejado claro que ante los miedos de una segunda ola, la fórmula de las cuarentenas no se puede volver a repetir.

En otros países del mundo que también fueron duramente golpeados por la pandemia y que han hecho grandes esfuerzos para mantener a flote sus economías, se han empezado a ver algunas consecuencias de la difícil situación que pasaron algunas empresas para sobrevivir, y cuyas decisiones en esos momentos hoy las tienen en la mira de varias autoridades.

Desde hace varios meses se vienen observando reportes de Italia respecto a las distintas maneras que la mafia ha aprovechado la crisis para continuar infiltrándose en la sociedad. Primero, fue suministrando comida en barrios pobres y posteriormente, cuando el impacto llegó a las empresas, suministrando “prestamos” y comprando empresas en dificultad con la excusa de salvar el empleo, pero con el objetivo de utilizarlas para seguir lavando dinero.

En Francia, después de las estafas relacionadas con material sanitario y los fraudes al esquema de seguro de desempleo, la unidad antilavado del Ministerio de la Economía lanzó una nueva alerta al sector financiero y empresarial con este tipo de modalidad. Las pymes y empresas en dificultades son las víctimas preferidas del crimen organizado, a través de la compra de bienes raíces, compra de deudas e inversiones de capital en escenarios previos a una entrada de un proceso concursal, en el que no existe ningún tipo de control por parte de las autoridades.

La especial atención sobre este particular de las autoridades francesas ha hecho que igualmente estén capacitando a los tribunales de comercio donde se resuelven los asuntos de restructuración de las empresas. Los agentes judiciales han sido entrenados para hacer toda serie de preguntas ante lo inusual de algunas transacciones, como ¿por qué un inversor particular estaría interesado en determinada empresa? o ¿cuál es su especial interés?

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En Colombia, la mayoría de las empresas que han desaparecido son mipymes, que son de la misma categoría de las que las autoridades europeas han advertido que son víctimas predilectas de los lavadores de activos. Además de las que han desaparecido, seguramente habrá muchas otras que siguen pasando dificultades y que ante la lenta reactivación, pudieran caer ante la tentación de dineros poco limpios.

Las consecuencias para esos empresarios de aceptar este tipo de “salvavidas” no se verán en el corto plazo, sino cuando las organizaciones criminales empiecen a pedir a cambio el utilizar sus cuentas y razones sociales para mover recursos de dudosa procedencia, cuando tengan que responder en el futuro ante las autoridades por movimientos sin explicación, o por terminar vinculados a transacciones respecto de las cuales estas organizaciones no les dejan opción.

Si bien son bastantes las medidas jurídicas para agilizar y hacer más flexibles los regímenes de insolvencia en Colombia, también debe prestarse particular atención que estos mecanismos no sean utilizados para canalizar o introducir recursos ilegales a la economía. Como lo han mostrado y advertido las autoridades de otras jurisdicciones, las tareas de prevención también deben abarcar este tipo de procedimientos. No obstante, la mejor medida para evitar estas tentaciones y dificultades a los empresarios es continuar impulsando una rápida reactivación de la economía.

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