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INFRAESTRUCTURA

Constructora brasileña defiende su actuación en Hidroituango

La brasileña Camargo Correa defendió su participación en la construcción de la hidroeléctrica más grande de Colombia, obra en curso que es motivo de una investigación fiscal por retrasos y sobrecostos.

5 de diciembre de 2020

"En estos 8 años, todas las etapas de la obra fueron previamente validadas por su cliente, cumpliendo con los compromisos contractuales", aseguró la constructora en un mensaje enviado a la AFP. 

El proyecto Hidroituango, que debe cubrir una quinta parte de la demanda energética del país, se inició en el noroeste de Colombia en 2010 y su culminación estaba prevista para finales de 2018. 

Sin embargo, dos años después la obra se encuentra inconclusa y fue escenario de una emergencia en la que un taponamiento en el único túnel de desagüe de la represa provocó una creciente súbita que obligó a evacuar a 25.000 personas en abril de 2018.

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El pasado jueves la Contraloría imputó a Camargo Correa junto con otros 27 ex funcionarios y contratistas en un proceso por presuntas "fallas e improvisaciones" en la construcción de la hidroeléctrica. 

Las obras están a cargo del consorcio CCC Ituango, integrado por la brasileña Camargo Correa (55%) y las colombianas Conconcreto (35%) y Coninsa-Ramón H (10%).

Según el ente de control, la constructora deberá deberá responder específicamente por "sistemáticos atrasos" en la ejecución del proyecto. 

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La compañía brasileña aseguró estar "contribuyendo de manera transparente" con la investigación y expresó su confianza "en los órganos competentes para que avancen a favor de la integridad y transparencia, fundamentales para la culminación de la obra", prevista para 2022. 

Tras la imputación de cargos se llevará a cabo un proceso por responsabilidad fiscal, que no implica sanción penal pero que podría desembocar en embargo de activos.

El proyecto, según el proceso desarrollado, pasó de un valor neto de $6 billones a $13 billones, destruyendo el valor del proyecto hasta junio de 2019.

La Contraloría señaló que la Universidad Nacional fue la encargada de correr el modelo financiero del proyecto durante la actuación especial y según Ruiz, "a tiempo muy lejano, el proyecto seguía presentando números en rojo o valor presente neto negativo".

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"Para la Contraloría General era imprescindible saber si el valor invertido iba a generar una retribución para el proyecto y las comunidades aledañas", dijo el contralor General, Carlos Felipe Córdoba.

El jefe de la entidad cuestionó también los compromisos de EPM con la generación de energía que comenzaban en 2018 y se extienden hasta el 2038, pues de este proyecto depende parte de la demanda energética que tiene Colombia de cara a la próxima década.

*Con información de AFP