Representantes legales del Grupo Servientrega van a la cárcel por lavado de activos

Con una importante cooperación de la Dian y las autoridades de Panamá, se llevó a cabo esta investigación que permitió esclarecer la relación de la representante legal suplente de Servientrega, Sara Guatavita Moreno, con este caso.

A Moreno se le imputarán los delitos de falsedad ideológica en documento privado, estafa, administración desleal, enriquecimiento ilícito de particular en favor de terceros, lavado de activos y concierto para delinquir.

También se vinculó en el caso de Panamá Papers a la accionista y representante legal de la firma Efecty – de propiedad de Servientrega- Luz Mary Guerrero. A ella se le imputarán los delitos de falsedad ideológica en documento privado, estafa, administración desleal, fraude procesal, enriquecimiento ilícito de particular, lavado de activos y concierto para delinquir.

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Del mismo, el revisor fiscal de Efectivo Ltda. y Circulante S.A (Efecty), Jorge Humberto Sánchez, se le imputarán los delitos de falsedad ideológica en documento privado, estafa, administración desleal, fraude procesal, enriquecimiento ilícito de particular en favor de terceros y concierto para delinquir.

Y finalmente al ciudadano ecuatoriano Juan Esteban Arellano, representante legal de la firma Mossack Fonseca & Co. Colombia S.A.S. se le imputarán los delitos de falsedad ideológica en documento privado, enriquecimiento ilícito de particular, lavado de activos y concierto para delinquir.

La Fiscalía General de la Nación documentó que la oficina en Colombia de Mossack Fonseca ofreció dentro de sus servicios entre los años 2010 y 2016 un elaborado entramado financiero y societario, el cual tenía por objeto vender de facturas falsas a empresas colombianas por parte de sociedades en el exterior.

En el marco de esta investigación se comprobó que las sociedades extranjeras eran meras fachadas controladas por Mossack Fonseca, con las cuales las empresas colombianas firmaron contratos por servicios ficticios que nunca se prestaron.

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No obstante, las sociedades colombianas sí pagaron las facturas falsas.

“Si bien las sociedades fachada que expedían las facturas se encontraban radicadas en Panamá, Costa Rica, España e Inglaterra, el seguimiento al dinero evidenció que los giros correspondientes al pago de las facturas iban a una misma entidad financiera en las Bahamas”, relató la Fiscalía.

Así mismo, señaló que por esta actividad ilícita, Mossack Fonseca Colombia, en asocio con su casa matriz en Panamá, cobraba un porcentaje, el cual oscilaba entre el 2,5% y el 4% del valor de las facturas dependiendo del país donde estuviera la empresa fachada.

“Una vez cobrada su comisión, Mossack Fonseca enviaba los recursos a otros países según las instrucciones de sus clientes. Esto permitía ocultar el verdadero destino de los recursos e intenciones de los clientes de Mossack”, añadió.

Según la Fiscalía, al menos 14 sociedades colombianas habrían acudido a este método para transferir de manera irregular recursos fuera de las empresas, falsificando así su contabilidad con el conocimiento de representantes legales, contadores y revisores fiscales.

Un golpe tras otro

Servientrega no ha tenido días felices en lo corrido de este año. La única noticia ‘amable’ fue el anunció de uno de sus fundadores, Jesús Guerrero, de lanzarse a la presidencia en el año 2018.

Vale la pena recordar que a principios de agosto un juez de primera instancia falló a favor de Luz Mary Guerrero y Servientrega, en una disputa que tiene con su hermano Carlos Julio, quien busca una participación accionaria en la empresa.

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Julia María Botero, magistrada del Tribunal Superior de Bogotá, declaró la nulidad del fallo de primera instancia a favor de Luz y Servientrega en la disputa con su hermano.

Este litigio no ha puesto en riesgo el desarrollo del negocio de Servientrega, uno de los más importantes conglomerados logísticos de la región y una de las compañías más emblemáticas del país, que el año pasado registró una facturación superior a los $560.000 millones, 4,3% más que en 2015, y un nivel de activos por más de $300.000 millones.

La definición de este caso, que parecía tener un final cercano hace unos dias, volvería a alargarse y podría cumplir casi una década para alcanzar su definición.

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