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| 6/28/2020 11:21:00 AM

Sindicatos de trabajadores, en contra de posible enajenación de Ecopetrol

El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Diógenes Orjuela, dijo este domingo que el sindicato está en contra de que el Gobierno venda alguna parte de su participación accionaria en Ecopetrol.

“Ecopetrol es la más importante empresa de este país, de todos los 50 millones de colombianos, igual Cenit, su red de oleoductos. Nos oponemos como CUT a cualquier intento de enajenación de Ecopetrol y sus filiales”, dijo el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Diógenes Orjuela.

A pesar de que aún no está definido qué se va a enajenar por parte del Gobierno en 2021, el Marco Fiscal de Mediano Plazo dejó en claro que se van a hacer privatizaciones por hasta $12 billones el próximo año.

La reducción de los excedentes financieros será contrarrestada por el componente de otros ingresos, el cual contempla recursos por 1,1% del PIB de privatizaciones para el 2021”, dice el texto del Marco Fiscal de Mediano Plazo. 

A finales de 2019, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, había dicho que en los procesos de enajenación no se iba a vender nada que fuese estratégico. Sin embargo, el mercado cree que lo más probable es que la nación enajene parte de su participación en Ecopetrol e ISA.

Dada la magnitud que el Gobierno quiere recaudar con privatizaciones, la manera más probable que lo hagan es enajenando su participación en las compañías más grandes, tal es el caso de Ecopetrol, ISA, Coltel o varias electrificadoras de tamaño medio”, dijo el director de análisis y estrategia de la comisionista Casa de Bolsa, Juan David Ballén. 

De igual manera, el economista jefe de Corficolombiana, Julio Romero, dijo que si el Gobierno no lleva a cabo enajenaciones no podrá alcanzar la meta de déficit fiscal de 5,1% del PIB para 2021.

Como el Gobierno decidió esperar para hacer el ajuste fiscal, pues va a tener que buscar ingresos no tributarios como los $12 billones de enajenaciones. Seguramente incluirán empresas que no lograron vender en el pasado por falta de interesados (Coltel, por ejemplo) y algunas electrificadoras. Pero la magnitud de recursos que piensan obtener sugiere que el Estado tendrá que vender su participación en una de sus dos empresas más importantes: Ecopetrol o ISA”, dijo Romero.

A pesar de que los recursos provenientes de las enajenaciones son una medida positiva en el corto plazo, su proceso puede tomar más tiempo del estimado.

“Lo otro es que cubrir con enajenaciones el faltante fiscal es un riesgo alto, pues estos procesos toman tiempo y puede que las condiciones de mercado no sean favorables para vender las empresas, especialmente con Ecopetrol, si los precios del petróleo siguen bajos”, dijo Romero.

Para Ballén, el proceso para enajenar estas empresas puede ser tortuoso y traer consigo consecuencias legales. 

“El proceso es engorroso, se deberán valorar los activos, la oferta de venta de los activos suelen realizarse en varias etapas y confiar en que hayan interesados en invertir. Dada la magnitud de las privatizaciones, su objetivo son grandes inversionistas que pueden ser locales o internacionales, en el caso de ser locales podría llegar a ser necesario revisar la regulación, en especial en el sector energía. Por último, pueden llegarse a presentar demandas que demoren el proceso”, dijo Ballén.

¿Salvar a Bioenergy?

Recientemente, la Superintendencia de Sociedades abrió el proceso de liquidación judicial de las filiales del Grupo Ecopetrol, la destilería de etanol de caña de azúcar Bionergy y Bionergy Zona Franca, tras finalizar sus respectivos procesos de reorganización.

Al respecto, la CUT cree que el Gobierno debe intervenir para refinanciar y salvar a Bioenergy.

“Desde la CUT exigimos al Gobierno refinanciar y reempoderar a Bioenergy como empresa de Ecopetrol creada para la producción de etanol. Evitar la liquidación de Bioenergy es una decisión básica y fácil del Gobierno colombiano para cerrar las importaciones de etanol”, dijo Orjuela.

De acuerdo con la Supersociedades, el 17 de junio pasado las filiales solicitaron la terminación del proceso de reorganización y la apertura del proceso de liquidación judicial.  

El liquidador designado en los procesos fue el abogado Rubén Darío Lizarralde, quien se encargará de adelantar los procesos de manera coordinada, según las órdenes del juez del Concurso.  

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