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¿Cuándo en Colombia será prioridad la educación?

En los últimos 60 años la sociedad, el Estado y los partidos políticos han priorizado la guerra y la paz en las políticas pública de Colombia. Todo parece indicar que el siguiente turno será para la corrupción. No hay soluciones estructurales. ¿Cuándo llegará el turno para la educación?

Ángel Pérez
27 de marzo de 2017

En Colombia la educación nunca ha sido una prioridad para la sociedad, tampoco un punto de encuentro (colegios en donde estudien niños o adolescentes de diferentes sectores de la sociedad) y menos una apuesta de política pública para cerrar brechas, aminorar inequidades y posibilitar en serio el desarrollo humano. En cambio, sí podemos afirmar que el sistema educativo de nuestro país ha contribuido al subdesarrollo de todo tipo, a la división y distanciamiento entre ricos y pobres, y a perpetuar exclusiones. Nada más importante para disminuir inequidades que una educación de calidad para todos, el gran problema es que lograrlo es costoso y sus resultados son de mediano plazo. Se requiere interés social, voluntad política y política de Estado.

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Sin que nadie proteste, aceptamos como parte de nuestra tragedia y devenir histórico que los hijos de los ricos y aún los de clases medias educadas asistan a colegios privados, elegidos por ellos, de buena calidad, y que representan menos del 10% de la matrícula total del país. También conocemos que, dados sus ingresos y los costos de la educación, las clases medias educadas del país, quienes le dan un valor social enorme a la educación, sufren aferrándose a formar a sus hijos en colegios y universidades de buena calidad, aunque se les vaya la vida pagando pensiones y matrículas. “No le dejo riqueza ni bienes, sólo educación, aproveche mijo”.

Del otro lado, está la inmensa mayoría de niños y jóvenes, los hijos de los pobres, quienes asisten a colegios oficiales que no tienen suficientes cupos para todos. Por esto, algunas familias con ingresos bajos se ven obligadas a pagar colegios privados de mala calidad, como sucede en Bogotá, donde el 40% de la educación es privada y los estratos 1,2 y 3 representan más del 90% de la población. Las familias pobres en las grandes ciudades no tienen elección, las secretarias de educación determinan dónde estudian sus hijos.

Esta segmentación de la sociedad produce como resultado que quienes legislan, toman decisiones y gobiernan con respecto a la educación oficial, la mayoría de las veces no tienen interés legítimo por ella: sus hijos no van a la educación oficial. Y sin embargo, son los ricos y las clases medias educadas quienes tienen la mayor capacidad y responsabilidad de visibilizar estas brechas y de ayudar a movilizar la opinión pública (empresarios, políticos, académicos, líderes sindicales, directores de medios de comunicación, periodistas, burócratas bien pagos, entre otros) en favor del acceso para todos a una educación de calidad para garantizar el derecho pleno a la educación.    

He asistido a diverso foros y encuentros sobre educación, leo de manera permanente artículos de opinión y de académicos, he investigado estos temas durante años, y en base en ello puedo afirmar que en Colombia conocemos la forma en que otras sociedades han avanzado en la solución de sus problemas estructurales como la pobreza, el subdesarrollo, la inequidad y la exclusión social al priorizar la educación de calidad de sus ciudadanos. Siempre se sustentan en los casos de países de Europa y otros como Corea, Singapur, Canadá, Chile y Vietnam.

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Las investigaciones y comparaciones entre países muestran que cuando la desigualdad de ingresos aumenta, el crecimiento económico disminuye. En términos de la OCDE: “Una razón es que los miembros más pobres de la sociedad son menos capaces de invertir en su educación”. Y con ello se impide a las personas de bajos ingresos realizar su potencial de capital humano, lo cual es malo para la economía en su conjunto. Luego, lograr que los pobres accedan a una educación de buena calidad es combatir la desigualdad. Además, según la OCDE, hace que las sociedades de esos países sean más justas y las economías más fuertes.

Así mismo, el Banco Mundial sostiene que “la educación es un factor fundamental que impulsa el desarrollo, además de ser uno de los instrumentos más eficaces para reducir la pobreza y mejorar la salud, así como para lograr la igualdad de género, la paz y la estabilidad”.

En general, los organismos internacionales y académicos reconocen que las sociedades de los países con menos inequidad y mayor desarrollo se caracterizaron por privilegiar las siguientes acciones: acceso, permanencia y calidad de la educación como condición previa al desarrollo tecnológico y del aparato productivo; distribución del ingreso a partir de un elevado gasto público y de las familias en educación; formación, selección por mérito académico e incentivos salariales para sus docentes; la educación como propósito para cerrar brechas de cuna, orientación de los sistemas educativos a privilegiar las circunstancias sobre cómo aprenden  los niños y los jóvenes (alimentación, transporte, infraestructura, dotaciones, útiles escolares) y apoyo personalizado a los resultados del aprendizaje de los estudiantes, con programas específicos para los niños con discapacidades y para quienes tienen problemas de aprendizaje desde la educación inicial para evitar el atraso escolar.

Todo lo anterior es costoso y afecta duro los presupuestos nacionales y de las entidades territoriales, luego sólo una decisión política firme que vincule el interés de todos puede lograr que la educación sea una prioridad, porque la prioridad en educación es con plata y con eficiencia. Aún guardo la esperanza de que en las próximas contiendas presidenciales, los electores y los candidatos centren su atención en la educación de calidad para todos como posibilidad real de cambiar estructuralmente el desarrollo de Colombia.

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