Una encrucijada de riesgo

América Latina ha comenzado el año con una serie de desafíos preocupantes. En medio de la consolidación de un nuevo frente político, que mayoritariamente es de izquierda, Latinoamérica se enfrenta a una crisis inflacionaria sin precedentes que, poco a poco, desemboca directamente en un malestar social y económico, al que se le debe sumar la constante sensación de inseguridad. De esta forma, la consultora Colombia Risk Analysis resume lo que serían las perspectivas de riesgo de este año para la región en general.

En materia de política exterior, y dado que Latinoamérica ha mantenido una alianza especial con Estados Unidos, muchos serán los países que tendrán que elegir y reforzar lealtades dada la creciente y progresiva influencia de China en la región. Asimismo, se seguirán experimentando las presiones que ejercen asuntos externos de consecuencias mundiales como la guerra en Rusia y Ucrania o la crisis energética en la Unión Europea.

Ante un panorama internacional que no es tan fácil de digerir, Colombia se verá en una encrucijada en la que la economía, la inseguridad, los roces en el Congreso por cuenta de las reformas propuestas, las presiones electorales hacia el final de año, el descontento social y el cambio climático se perfilan, según el análisis de la consultora, como los riesgos con los que tendrá que lidiar el país a lo largo del 2023.

En medio de una recesión mundial anunciada por varios organismos internacionales, el sector productivo nacional se verá impactado por la desaceleración económica, el encarecimiento del crédito y la devaluación del peso. En paralelo, criterios como la disminución en la generación de empleo formal y la inflación profundizarán las dificultades económicas de la población.

Ante ello, lo más probable es que, a nivel gubernamental, se tenga que reconsiderar la no exploración de hidrocarburos para atraer más Inversión Extranjera Directa para frenar la devaluación. En cuanto a la inflación, las acciones que se han tomado desde el Banco de la República con el apoyo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para frenarla no surtirán el rápido efecto deseado en el corto plazo, mientras que medidas como el aumento en el precio de los combustibles o a los aranceles a textiles importados sí la pueden subir en el muy corto plazo.

Ahora bien, según los resultados de la última encuesta de Invamer, el 81% de los encuestados perciben que la inseguridad está empeorando. Y es algo perceptible tanto en zonas rurales como urbanas. De hecho, la política de “Paz Total”, una de las banderas de este gobierno, se vio en jaque desde el principio con el intento de negociaciones con el ELN. Un hecho que puso en tela de juicio su control sobre el manejo y las negociaciones con grupos armados y criminales.

Por supuesto, a falta de garantías de seguridad urbana y rural, menos confianza inversionista. Una relación que afecta el desarrollo del país, especialmente en los territorios más golpeados por el conflicto. Aunque se ve iniciativa desde el Gobierno, aún falta mucho camino por recorrer en materia de negociaciones para establecer avances y se ven necesarios hasta nuevos incentivos para generar mayor atracción hacia la carrera militar para solucionar el déficit de pie de fuerza para evitar que el conflicto siga agudizándose.

Esto implica también que la percepción general de la ciudadanía concluya en que todo está empeorando. Así se consolida con mayor fuerza un descontento social por un conjunto de temas como la inflación, el desempleo, la inseguridad, la corrupción, la calidad y el precio de los servicios públicos, el criticado sistema de transporte público y el estado de las vías, la calidad de la salud, y sólo por mencionar algunos ejemplos.

Por todo lo anterior, las protestas no cederán tampoco este año, lo que implica que se sigan viendo consecuencias en materia económica con considerables pérdidas para el sector productivo. Este será un gran reto para este gobierno y será medido en términos de eficacia y eficiencia para mitigar los impactos de las protestas para evitar que crezcan las presiones inflacionarias y la incertidumbre en el corto plazo; aunque, cabe aclarar, que sus estrategias serán clave, puesto que los pasos en falso podrían significar un alto costo para el Pacto Histórico en términos de fuerza política regional.

Ahora, en materia política, el análisis prevé que la coalición del gobierno presente algunas divisiones en lo corrido del año, ya que empezarán a pesar más los intereses particulares de cada partido político, que ya empiezan a mostrar plenos descontentos con las decisiones y apuestas gubernamentales. Esto involucra que las futuras reformas resulten un tanto más reducidas para que puedan contar con el apoyo de las mayorías. El malestar vendría una vez el gobierno pueda recurrir a las cuotas burocráticas para asegurar su gobernabilidad, lo que afectará la base electoral del Pacto Histórico; esto podría abrir una ventana de oportunidad que la oposición no dejaría pasar.

Finalmente, ante las consecuencias del cambio climático sobre el desempeño económico nacional – y hasta mundial – se necesitará un fomento del desarrollo sostenible para que las actividades industriales disminuyan su impacto ambiental y empiecen a apoyar la regeneración de los ecosistemas. Está de por sí también fue una bandera de este gobierno en los debates presidenciales. Allí, su rol mediador entre empresas y comunidades será trascendental y se esperaría ver una rica oferta de actividades y proyectos relacionados a temas de cuidado como la mitigación de la deforestación, mayor uso de energías renovables apalancadas en lo que debería ser una transición energética sostenible y la prevención de desastres.

En definitiva, podría hablarse de un coctel de riesgos internos y externos que tendrán bajo la lupa al actuar del gobierno; pero ahora sus estrategias tendrán que lidiar con una presión más grande de tiempo y eficacia en lo que se demandan efectos en el corto plazo para percibir soluciones reales, a las crisis que enfrenta el país, en una tormenta de desaceleración económica e incertidumbre política.