Arrecia el temporal

El potencial del campo colombiano es significativo como fuente de crecimiento económico, generación de divisas y bienestar para sus habitantes. Lo es en particular porque la demanda mundial de alimentos viene creciendo, como consecuencia, entre otros factores, de la reducción de la pobreza en China y la India, los países más poblados del mundo.

Tenemos la posibilidad de ser importantes proveedores de esos países; de hecho, ya está ocurriendo: las exportaciones de productos cárnicos a Asia crecen a buen ritmo. Igualmente, porque tenemos una región –la Orinoquía– cuyo potencial es enorme, pero que está bloqueada por una absurda ley que inhibe los desarrollos a gran escala de naturaleza empresarial, como los que ocurren en Brasil, –en condiciones agrológicas semejantes–, Argentina, Estados Unidos y Ucrania.

Las exportaciones a los Estados Unidos de productos del agro avanzan con lentitud, a pesar del enorme potencial de la fruticultura (no solo el banano), el cacao, la piscicultura y las hortalizas. El problema es que no hemos sido capaces de descifrar el laberinto de sus regulaciones fitosanitarias. La responsabilidad es enteramente nuestra. México, Perú, Chile y Costa Rica han sido capaces de vencer esos obstáculos. No sorprende, entonces, que nuestras exportaciones de alimentos, como proporción de las exportaciones totales, sean las más bajas de la región.

Con el apoyo del Ministerio de Agricultura, cursa en el Congreso una iniciativa encaminada a prohibir la propiedad de la tierra y de sus frutos a personas y entidades extranjeras, solas o asociadas con nacionales. El motivo invocado está muy arraigado en las ideologías de ambos extremos del espectro político: la denominada “soberanía alimentaria”, la cual consiste –se nos dice– en el derecho de los “pueblos” a definir sus sistemas alimentarios como bien les parezca, pero, en todo caso, “basados en la pequeña y mediana producción”.

La opción correcta es otra: garantizar la “seguridad alimentaria”, a fin de que dispongamos de suficientes alimentos de buena calidad y a los mejores precios, sean ellos producidos en el país o importados. Con esta óptica, exportamos café, banano, aguacate y flores, e importamos maíz amarillo, frijol y trigo. El objetivo no es producir todos los alimentos que necesitamos: es igualmente adecuado generar divisas para comprarlos en el exterior. La explotación de las ventajas comparativas debe ser la guía en la política comercial.

La propuesta de que la producción de alimentos tiene que darse, sin precisión de ninguna índole, en áreas reducidas, reabre la preocupación por las verdaderas intenciones del Gobierno con relación a la propiedad rural. Ahora que se ha radicalizado más, ¿será que quiere usar la guillotina expropiatoria para redistribuirla de conformidad con lo que considera justo?

Se omite, de otro lado, tener en cuenta que existen productos en los que el modo de producción campesina puede ser eficiente –hortalizas, café, cacao, ganadería de leche, por ejemplo–, mientras que la palma aceitera, las flores, las frutas, el arroz, el azúcar, la soya, entre otros cultivos, requieren economías de escala.

La aprobación de la iniciativa implicaría abandonar una política inserta en la Constitución: la inversión foránea es bienvenida, en condiciones de igualdad con la nacional, bajo la hipótesis de que ambas contribuyen al desarrollo del país. No obstante, “por razones de orden público”, se puede condicionar o excluir la participación extranjera. Es lo que sucede con las actividades de defensa y seguridad nacional, y la disposición de basuras tóxicas y radiactivas. Razones poderosas justifican estas excepciones. Difícil justificar, con vagas antipatías ideológicas, la prohibición planteada. El propio autor de la iniciativa reconoce que carece de información sobre el problema que quiere resolver.

Se dispone, en la ley que examinan las cámaras, la creación de un registro nacional en el que se inscribirán “todos los negocios jurídicos en los que hagan parte personas extranjeras, sujetos a registro que versen sobre predios rurales”. La parálisis que esa iniciativa puede generar en las transferencias y afectaciones de la propiedad rural, incluidas las hipotecas, puede ser colosal.

Los notarios y, luego, los operadores de ese registro, tendrían que examinar con lupa la nacionalidad de quienes firmen las escrituras públicas, y las de sus socios o asociados, para estar seguros de que no hay ni una gota de sangre extranjera ni una acción o cuota en sociedades, fideicomisos o fondos de inversión, domiciliados fuera del país que, de modo directo o indirecto, tengan interés en la operación. Solo después de recorrer este viacrucis, se podrían efectuar los registros correspondientes.

Peor todavía: a ese registro irán a parar “todos los negocios jurídicos en los que hagan parte personas extranjeras, no sujetos a registro y que impliquen un cambio en la tenencia sobre predios rurales”. En un país que quiere promover el turismo, no sería posible alquilarle con libertad una casa campestre a una persona foránea para que pase unas vacaciones en “el país de la belleza”.

Se propone, por último, que las prohibiciones contenidas por la ley no se apliquen a las inversiones protegidas por tratados de comercio e inversión vigentes. Así tiene que ser, aunque el motivo que da para justificar esa exclusión es contrario a la lógica: “No se entenderán (en ese caso) como inversiones extranjeras las que versen sobre tierras rurales dentro de la frontera agrícola, al tratarse estas de recursos naturales no renovables”. Toda la tierra es no renovable, sea quien fuere su propietario.

En suma: promover la inversión en todos los ámbitos, no satanizarla, es lo que hace sentido. La ley crearía un precedente funesto: si prohibimos la inversión extranjera en la tierra rural, ¿por qué no hacerlo en la urbana? El lío en los sistemas de negociación sobre la propiedad raíz sería enorme, lo cual sucedería a cambio de casi nada: los inversionistas provenientes de países con los que tenemos tratados de inversión –que son nuestros principales socios comerciales– quedarían protegidos ante la regulación propuesta.

Briznas poéticas. Del gran poeta de los Estados Unidos Walt Whitman: “Una brizna de hierba no vale menos que la tarea diurna de las estrellas, / e igualmente perfecta es la hormiga, y así un grano de arena… / y en mi mano la articulación más menuda hace burla de todas las máquinas/ y la vaca, rumiando con inclinado testuz, es más bella que cualquier escultura”.