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3 de marzo de 2018

¿Cuándo pasó?

El año pasado se preguntó SEMANA en qué momento “se acabó la ética en Colombia”. Llevo ya unos 75 años estudiando el acontecer del país (ya voy para 94 años)...Obviamente son varios momentos. Destaco algunos: 1) El bienvenido Frente Nacional relajó el control entre políticos en el Congreso. 2) El fenómeno hippie (Woodstock) acabó rebajando el concepto de respeto. 3) La rebaja del umbral para ser ‘padres de la patria’. 4) La cada vez más frecuente casa por cárcel. 5) La politización de la Justicia. 6) Las ciudades metrópoli donde se pierde el control de los pares en el anonimato. 7) El aumento de población con educación incipiente aún sin digerir. 8) El advenimiento de demagogos (anteriormente escasos). 9) La falla en los hogares (madres trabajando). 10) El retroceso de la religiosidad. 11) La metástasis social de la droga.
Ulrich Aschner I. C.
Bogotá

No se trata de castrochavismo

Razón tiene la columnista María Jimena Duzán (SEMANA n.º 1868) cuando para explicar por qué en los sondeos de opinión Gustavo Petro encabeza las encuestas, mientras los candidatos de la derecha y el mismo Humberto de la Calle están muy por debajo de sus propias expectativas, advierte que el error está en que ninguno de estos últimos ha sabido “leer el país” y lo que son sus verdaderas necesidades; pues lo que buscan (más los primeros que el segundo) es reeditar lo que sucedió en el plebiscito del 2 de octubre de 2016 donde el No le ganó al Sí por un pequeño margen y que llevó a al gobierno, con los del Sí, a reescribir un nuevo acuerdo, incluyendo casi todas las propuestas del Sí. Lo que desconocen quienes quieren reeditar el plebiscito del Sí y el No es que el país tras la desmovilización de las Farc ha cambiado, así solo se haya cumplido con un mínimo porcentaje de lo plasmado en el acuerdo para el posconflicto.

Mientras los pequeños y medianos agricultores claman a gritos porque se haga realidad el primer punto del acuerdo y, con él, la Ley de Restitución de Tierras, los grandes terratenientes –muchos de ellos con inmensas hectáreas improductivas– se oponen, apoyados en buena medida por los candidatos de derecha. Y lo peor, muchos de los legítimos reclamantes de tierras han sido asesinados.
Con la restitución de tierras no se trata de implantar en Colombia el castrochavismo como han hecho creer algunos, sino de hacer justicia en un país en el que inveteradamente ha reinado la desi-gualdad social, como fehacientemente lo muestra el índice Gini; en Colombia, según la Oxfam, el 1 por ciento de los grandes latifundios acapara el 80 por ciento de las tierras rurales.
Juan Manuel Jaramillo Uribe

Manizales

El dedo en la llaga

Polemista a ultranza, con denuedo y certitud, sin más armas que la verdad y la pluma, Antonio Caballero pone el dedo en la llaga de gobernantes y políticos corruptos que impunemente delinquen con cinismo y bellaquería, pertrechados con la mitomanía, el narcisismo y el egocentrismo que los identifica. Antonio Caballero grabó con caracteres acerados este enunciado digno de perdurar en la historia de Colombia, publicado en SEMANA: “Todos los presidentes de Colombia han tenido enemigos políticos, desde Bolívar. Pero a ninguno lo han acusado de tan numerosos y variados desafueros como a Uribe”.

Jaime Naranjo Orrego

Filandia

Error técnico

En el artículo ‘Después del 11-M, ¿qué?’ (SEMANA n.º 1869) se menciona que los Concejos y las Asambleas Departamentales son órganos legislativos. Sin embargo, esta información resulta errónea, pues estas instituciones no son órganos legislativos. Esto en virtud del artículo 312 de la Constitución Política que menciona a estos entes como corporaciones administrativas. En este sentido, tanto los Concejos como las Asambleas pertenecen a la rama ejecutiva del poder público y participan, por principio, en el cumplimiento de la función administrativa del Estado.
Édgar Balaguera López
Bogotá

MÁS DE LO MISMO

Leo con preocupación las noticias del Enfoque Político de la edición n.º 1868, todas ellas relacionadas con la guerra sucia de las campañas, congresistas (en su mayoría candidatos para los próximos comicios) acusados de corrupción por la Corte Suprema de Justicia y los latentes riesgos del sistema electoral. Cómo es posible que todavía no hayamos podido sanear nuestro sistema electoral, que más del 76 por ciento de los candidatos no tengan control o no sepan lo que sucede en sus

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