Andi: procesos de las plataformas digitales de comercio no las hacen tan seguras

De acuerdo con la investigación de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), esto incrementa la probabilidad de que “las redes criminales dedicadas a falsificar y adulterar productos accedan sin inconvenientes”.

La rentabilidad que generan la falsificación y la adulteración es mayor al 100%, lo que “incentiva las redes criminales en este segmento de productos de consumo masivo”.

Lea también: Las 1.000 pymes más grandes del país

El informe destaca, además, que gran parte de las diferentes empresas y autoridades consultadas manifestó “preocupación por la llegada de estas prácticas ilegales, adulteración y falsificación, a canales digitales”.

Este campo tiene actualmente un alto número de usuarios y potenciales clientes para las marcas, pero en el cual los controles de seguridad son menores, en comparación con los canales físicos. 

Mientras tanto, el comercio electrónico “ha reconfigurado los alcances y la anonimidad de las redes de adulteración, falsificación y contrabando, por lo que el nivel de exposición a una flagrancia es mucho menor”, y monetizar las ganancias es más confiable.

Le puede interesar: La actividad industrial colombiana muestra signos de recuperación

Corrupción y capacidades judiciales

El estudio determinó que la corrupción es uno de los temas más comunes “que le dan vida al mercado ilegal en el país”, lo cual impulsa a redes de comercialización de productos. 

“Este delito se observa sobre todo en la industria farmacéutica, en medicamentos que tienen una cadena logística vigilada y que se encuentra bajo accesos restrictivos”, afirma el estudio de la Andi. En estos casos, la corrupción abre las puertas para que los delincuentes incidan en procesos, como los términos de referencia de las licitaciones de compra de medicamentos.

En cuanto a las capacidades judiciales, un informe de la firma de abogados Ruíz López, que fue incluido en el estudio de la Andi, dice que son 999 los condenados por los delitos de falsificación y adulteración en total, de los cuales un 81% se ha acogido a algún tipo de preacuerdo con las autoridades o a sentencia anticipada. 

Le recomendamos leer: Bogotá trabajará en una segunda línea del metro, que irá hasta Suba y Engativá

“Estas cifras reflejan el desempeño que han tenido las autoridades frente a esta problemática y contrastan con los datos de otros delitos económicos, como el contrabando y el lavado de activos, en el que el número de personas judicializadas es inferior al 10%”, dice el documento.