¿Qué cambios tendrán las consultas previas?

Por medio de los decretos 2354 y 2353 del 2019, el Gobierno transformó la  Dirección de Consulta Previa, para convertirla en la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa. Desde el Mininterior explicaron que con esta apuesta se busca fortalecer la normativa de las consultas que rigen actualmente en el país.

Según información suministrada por el Gobierno, esta Dirección se encargará de “determinar la procedencia y oportunidad de la consulta previa para la adopción de medidas administrativas y legislativas y la ejecución de los proyectos, obras o actividades”. 

Así mismo, se conoció que como parte de los cambios administrativos ya no expedirán certificaciones de presencia de comunidades étnicas, “sino que se tratará de un acto administrativo que determinará la procedencia o no de la consulta previa con fundamento en el criterio de afectación directa y las respectivas comunidades étnicas objeto de consulta”. 

Por otro lado, se indicó que la Dirección cobrará una tasa para realizar el acto administrativo, la cual cubrirá los servicios de coordinación para la realización de la consulta previa, y el uso y acceso a la información sobre la presencia de comunidades.

“El decreto para su reglamentación, que se encuentra en trámite, no significa una afectación directa y específica para las comunidades étnicas, sino que constituye una herramienta para fortalecer, desde el Gobierno, el desarrollo eficaz del proceso de consulta previa, otorgando autonomía e independencia financiera a la nueva autoridad; por tanto este decreto no requiere adelantar el procedimiento de consulta para su expedición”, explicó el Ministerio del interior.

En el 2019 se expidieron 1031 certificaciones de presencia o no de comunidades étnicas, se iniciaron 1.172 Procesos Consultivos en el marco de 156 Proyectos, obras o actividades, correspondiente a un incremento del 13 % con respecto a 2018.

También, se dio un crecimiento del 25% respecto al número de proyectos protocolizados en 2018, y 63% de las protocolizaciones se realizaron en un término inferior a 6 meses y Cerraron 159 proyectos en 2019 frente a 72 cerrados en 2018, lo que demuestra un crecimiento del 120% con respecto al 2018.

Con la creación de esta Dirección y de la nueva tasa, el Gobierno busca darle un nuevo impulso a las obras y proyectos que se llevan a cabo en el país. Se espera que estas medidas mejoren notablemente el clima de inversión y al mismo tiempo garanticen los derechos de las comunidades.