| 7/15/2019 12:01:00 PM

Crímenes financieros y corrupción: delitos transacionales que requieren una respuesta transacional

¿Cómo deben enfrentar las autoridades este flagelo, que está afectando a muchos países de la región y del mundo? Un análisis de Juan Carlos Portilla, abogado y profesor de Derecho Internacional de la Maestría en Derecho Internacional de la Universidad de la Sabana.

La película “Todos Los Hombres del presidente” hizo famosa la frase “seguir el rastro del dinero” y a Garganta Profunda, la fuente anónima del FBI que ayudó a The Washington Post a destapar el escándalo del Watergate, que en últimas provocó el 9 de agosto de 1974 la caída del presidente de los Estados Unidos Richard Nixon.

En Colombia, las autoridades deberían fortalecer su capacidad de seguir el rastro del dinero, que, por la globalización de los mercados financieros, viaja mediante las fronteras por diferentes entidades financieras del planeta. Colombia debería hacer de la lucha contra la corrupción y el lavado de activos (crímenes transnacionales) una política de Estado. Entonces, es importante analizar parte del problema y después sugerir algunas medidas que pueden ayudar a identificar la trampa y a los corruptos.

¿Es el lavado de activos parte del pecado?

La respuesta es sí. La corrupción está ligada al lavado de activos. La corrupción es una actividad ilegal altamente rentable. Los corruptos necesitan lavar los dineros de la corrupción. Generalmente, estos recursos criminales son transferidos a cuentas bancarias abiertas en paraísos fiscales en donde el secreto bancario aún domina las transacciones entre entidades financieras y sus clientes, los cuales en su gran mayoría son empresas fantasmas establecidas en el exterior para mantener en el anonimato a los verdaderos poseedores de dichos recursos, que son en últimas políticos y funcionarios del Estado. Los expertos en el control de lavado de activos han clasificado esta actividad de colocación como la primera fase del ciclo del lavado del dinero.

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Desde allí, los grupos criminales organizados dedicados a la corrupción (conformados por políticos, funcionarios públicos, contratistas y agentes bancarios operando en el exterior) y poseedores de dichos recursos, inician la introducción de estos fondos en diferentes países (como Estados Unidos) y después, hacia la economía colombiana vía transferencias electrónicas, los cuales llegan a cuentas abiertas en entidades financieras que operan en Colombia. Una transferencia bancaria proveniente de una entidad financiera internacional cuyo originador es una empresa establecida en el exterior puede ser un lobo feroz vestido con piel de oveja, el cual puede engañar tanto a entidades financieras colombianas como a nuestras autoridades, haciéndoles creer que dicha transacción viene sin pecado concebido. Esta actividad de estratificación es conocida como la segunda fase del ciclo del lavado de activos. Después es fácil integrar esos recursos a la economía formal a través de transacciones inmobiliarias y comerciales para completar el ciclo de lavado de dinero.

La forma como operó Odebrecht, mediante su Departamento de Estructuración de Operaciones, en toda América Latina, muestra el uso de empresas fachadas y cuentas bancarias establecidas en paraísos fiscales para facilitar pagos por contratos y el lavado de dinero. Odebrecht aceptó ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos haber pagado US$788 millones a políticos corruptos en diferentes países de América Latina y África para obtener contratos estatales. Odebrecht Colombia pagó sobornos por US$11 millones. Nuestras versiones criollas de “Gargantas Profundas”, tienen en sus manos la posibilidad de revelar toda la verdad sobre Odebrecht y sus relaciones con el poder político colombiano.

¿Y cuáles serían las soluciones?

Parte de la solución es seguir la huella de las transacciones bancarias y detectar el origen de los dineros. En otras palabras, ¿de dónde viene el dinero? ¿por qué viene? ¿quién lo envía? ¿para dónde va? ¿para quién va y por qué?

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Especial vigilancia se debe realizar en aquellas cuentas abiertas en bancos y firmas de valores que operan en Colombia de las personas consideradas políticamente expuestas al riesgo de corrupción, tales como políticos y altos funcionarios del Estado, y de los contratistas del Estado. La Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), debería tener facultades legales para inspeccionar y evaluar todos y cada uno de los movimientos financieros en las cuentas de estos protagonistas y entregar resultados al país de sus investigaciones en un período de 24 meses. De estas investigaciones podríamos los colombianos saber qué pasó con Odebrecht. 

Para aquellos pecadores arrepentidos, tanto como servidores públicos como contratistas, el Estado debería ofrecer por una sola vez un perdón sujeto a la condición de revelar en donde se encuentra el dinero, la devolución del mismo a las arcas estatales y de entregar a las autoridades información de cómplices y demás integrantes de las organizaciones dedicadas al crimen de la corrupción y el lavado de dinero. Para luchar contra el secreto bancario de los países considerados paraísos fiscales, la Cancillería debería liderar una serie de acuerdos internacionales de cooperación e intercambio de información para la lucha contra la corrupción y el lavado de activos con estos gobiernos.

Pero, lo más urgente es sacar del control del Poder Ejecutivo a la Uiaf, la cual es una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Esta, debería ser una entidad totalmente autónoma e independiente del gobierno nacional y de rango constitucional. La nueva Uiaf, junto con el Fiscal General de la Nación y el Ministro de Justicia, deberían adoptar la política de inteligencia contra el crimen de cuello blanco y bajo la cual se prioricen recursos públicos para ser más eficaz la lucha contra la corrupción y el lavado de dinero.

Existen iniciativas en otros países sobre una política de inteligencia contra el crimen que Colombia puede analizar. Por ejemplo, el gobierno del Reino Unido, recientemente ha lanzado la Junta Estratégica de Delitos Económicos (Economic Crime Strategic Board por sus siglas en inglés), la cual está integrada por representantes de agencias británicas regulatorias y por bancos como Barclays PLC, Loyds Bank PLC y Banco Santander S.A. Dicha Junta tiene como objeto la lucha contra la corrupción y el lavado de dinero, delitos económicos que alcanzaron en el Reino Unido la cifra de 14.400 millones de libras esterlinas al año.

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Para concluir, es de todos denunciar la corrupción y por supuesto, si las autoridades realmente siguen el rastro del dinero tanto en Colombia como en el exterior, muy posiblemente sería más eficaz la lucha contra la corrupción y el lavado de activos.

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