Opinión

  • | 2018/11/19 00:01

    ¿Y quién defiende a los niños y adolescentes en este país?

    Las movilizaciones de los estudiantes solicitando más recursos y apoyo para la educación superior pública tienen la ventaja de que, al menos por unos días, los medios, los académicos, los políticos, el gobierno, los universitarios, los profesores conviertan a la educación en tema de interés nacional.

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Con su movilización, los estudiantes universitarios, los docentes y los rectores de las universidades oficiales lograron que los colombianos conocieran sobre las necesidades financieras de la educación superior.

Ahora bien, sin desconocer la importancia de que la sociedad civil centre su atención hacia la educación superior, el país y la sociedad no pueden olvidar a los 8 millones de niños y adolescentes que asisten a la educación básica y media, algunos de ellos en condiciones deplorables. Más grave es la situación del millón de niños y adolescentes (4 a 17 años) que no asisten al sistema educativo, a los que desde ya les estamos violando el derecho fundamental a la educación y negando sus posibilidades de un mejor futuro.    

Sin duda alguna, las movilizaciones de los estudiantes de la educación superior impactan a la opinión pública y según parece hasta a la imagen del Presidente: el 8% de los encuestados por Invamer reconocen a la educación como uno de los principales problemas del país. Las multitudinarias marchas de los estudiantes en las principales ciudades son un ejercicio de ciudadanía, donde los valores de una democracia como la libertad, la justicia, el respeto, la tolerancia, el pluralismo y la participación están en prueba.

Estos valores son la base de nuestra Constitución y de la cultura occidental. Como escribió Violeta Parra: “qué vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría, son aves que no se asustan de animal ni policía”. Claro, ¡qué vivan los estudiantes! quienes en su inmensa mayoría protestan con sentido crítico, sin capuchas y sin violencia; alegra la madurez con la cual los voceros estudiantiles comunican al país sus demandas, ellos demostraron, apoyados por los rectores, que subsisten problemas estructurales en la financiación y en la calidad de la educación superior.

La mayoría de estos jóvenes encarnan una nueva realidad política, después del acuerdo de la Habana, donde no cabe la violencia y la agresión al otro.

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No está bien que el Gobierno juegue a derrotar a los estudiantes universitarios. Espero que este no sea el objetivo por el cual se negoció de manera apresurada con los rectores y se dejó de lado a los representantes del movimiento estudiantil.

En este sentido, extraña que el Gobierno dilate un proceso serio de negociación sobre la necesidad de proteger el equilibrio fiscal, pero que requiere mayor compromiso para disminuir la evasión, hacer viable la lucha contra la corrupción y eliminar exenciones. También, el Gobierno debe reconocer que faltan recursos y que subsiste inequidad en la asignación de los aportes nacionales hacía las universidades regionales.

Las movilizaciones de los estudiantes solicitando más recursos y apoyo para la educación superior pública tienen la ventaja de que, al menos por unos días, los medios, los académicos, los políticos, el gobierno, los universitarios, los profesores conviertan a la educación en tema de interés nacional. Basta leer o revisar los principales medios de comunicación y las redes sociales.

Ahora bien, detrás de las luchas de los estudiantes universitarios se esconde otra dura realidad que para lamento de Colombia nadie defiende: la educación de los 8 millones de niños y adolescentes más pobres del país, que asisten a los colegios públicos.

La mayoría de los niños, niñas y adolescentes no tienen la capacidad, ni las posibilidades de movilizarse para protestar y defender su derecho fundamental de educarse con calidad. Tampoco importa reconocer que en Colombia cerca de 1,2 millones de niños, niñas y adolescentes (entre 4 y 17 años) no asistieron al sistema educativo, en el año 2018.

Los padres de familia que deberían preocuparse por la educación de sus hijos e hijas, generalmente se contentan con obtener un cupo escolar en la educación básica y media, a eso reducen sus demandas educativas, sin que les preocupe que la mayoría de las veces dicho cupo escolar sea de pésima calidad, con mala alimentación, algunos sin transporte escolar y con más del 30% de los colegios oficiales con infraestructura deficiente y sin dotaciones escolares (bibliotecas, laboratorios, aulas de informática, aulas de apoyo y elementos para trabajar en aula, entre otros).

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Dados los enormes problemas, ¿por qué no avanzar en un pacto por la educación? El país no puede resolver las dificultades de la educación a punta de paros y movilizaciones, eso no conviene a nadie; se requiere gobierno, planeación y acuerdos o pactos por la educación. Hoy el principal obstáculo para consolidar coberturas y mejorar la calidad de la educación de los más pobres es la financiación.

Por lo anterior, un primer punto debería ser definir el costo promedio de canastas educativas que garanticen el acceso y la calidad en la educación oficial (cumplir el derecho) por niveles y zonas, desde el preescolar hasta la educación superior. Un segundo punto, a partir del costo de dichas canastas, promover un acuerdo con los actores del sector y otros que tengan interés a mediano plazo para acercar la financiación actual con dichos costos, por ejemplo a 10 o 15 años; y tercero, proyectar para los próximos 20 años los crecimientos de coberturas, este es un problema vital porque afecta a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del área rural y de los sectores urbanos más pobres.

Un pacto por la educación debe contar con el liderazgo del Presidente y del MEN. Debe promover la participación de todos los actores interesados y puede ser un punto de encuentro de la sociedad, mientras que para el Gobierno puede ser un camino para consolidarse y ganar gobernabilidad. Un gana-gana de todos.

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