Opinión

  • | 2018/10/01 00:01

    La falta de recursos es el mayor problema de la educación oficial

    El Estado, la sociedad y sus dirigentes, ni en el pasado, ni ahora han priorizado la educación como posibilidad real de desarrollo, de encuentro social y sobre todo de mayor equidad y de mejor futuro para los niños y jóvenes más pobres.

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Al empezar el gobierno del presidente Duque, la financiación de la educación en Colombia es un tema incierto y aún sin ninguna propuesta de fondo que permita prever una solución que garantice el funcionamiento del sistema actual; así como la ampliación de las coberturas en educación preescolar, media y superior y de manera especial los recursos para mejorar la calidad de la educación.

El Estado, la sociedad y sus dirigentes, ni en el pasado, ni ahora han priorizado la educación como posibilidad real de desarrollo, de encuentro social y sobre todo de mayor equidad y de mejor futuro para los niños y jóvenes más pobres.

En la financiación de la educación y los recursos que se asignen se refleja la importancia política y social que los Estados otorgan a la educación, así como la intencionalidad sobre qué tipo de sociedad y de resultados en el ordenamiento social, institucional, cultural y económico queremos alcanzar.

Quienes gobiernan, empresarios, técnicos, académicos, congresistas y aún dirigentes sindicales acuden al sistema privado para educar a sus hijos. Sin embargo, ellos discuten, diagnostican y realizan propuestas sobre la educación y la financiación de otros: los hijos de quienes tienen menores ingresos y menos riqueza cultural.

Este punto es crucial cuando nos comparamos con otras sociedades más desarrolladas y equitativas, casos como Finlandia, Canadá y los países escandinavos, donde el sistema educativo es público, universal y tiene el propósito de la calidad para todos. Allí gobierno y dirigentes discuten, legislan y toman decisiones para sus hijos.

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En Colombia en la educación oficial, casi que con intención, hemos planeado cómo diseñar y mantener un sistema educativo para niños pobres que se caracteriza por ser barato y de mala calidad.

Basta señalar decisiones como la tomada en los años setenta de aumentar la cobertura utilizando las sedes educativas de la época y sus dotaciones (tableros y pupitres) hasta en tres jornadas escolares.

A partir de entonces, los docentes pasaron a trabajar media jornada (mañana, tarde o noche) y muchos consiguieron otros trabajos (estudios del IDEP en Bogotá muestran que cerca del 25 por ciento de los docentes trabajan en diversas actividades en la otra parte de la jornada laboral).

Además, resultó fácil pagarles malos salarios, se nombraron de manera apresurada más de 70.000 docentes con tan solo educación secundaria.

Aclaro que este proceso de desprofesionalización de los docentes fueron decisiones de los gobiernos de turno, no de Fecode. Calculo que cerca de 50.000 de estos docentes se profesionalizaron en la década de los noventa en programas de un año o dos años, solo asistiendo a cursos masivos que ofrecían universidades privadas los fines de semana. Recordemos: el techo de la calidad en educación lo determina la calidad de sus docentes. 

En las escuelas oficiales con media jornada escolar no se requería alimentación escolar, ni zonas para deportes y recreación, menos aulas especializadas y bibliotecas. Hasta hace muy poco, la enseñanza y el aprendizaje de un segundo idioma era inexistente en la educación oficial.

A finales del siglo pasado lo único que importaba era ampliar la cobertura: tiza, tablero, aulas en mal estado y docentes. Gobiernos, docentes y padres de familia aceptaban que era mejor para los niños asistir a una institución de educación barata y sin calidad a dejarlos en casa o en la calle.

El objetivo se logró en parte, el país universalizó la cobertura en educación primaria y avanzó en los primeros años de la secundaría, pero con pésimos resultados en calidad.

En el año 2018 no se han resuelto los problemas de cobertura en preescolar, en la educación media y menos en la superior; además, subsisten grandes diferencias entre la educación que ofrecen las instituciones escolares oficiales y privadas, o entre la educación urbana y rural, sin olvidar, los atrasos que padecen los niños de grupos poblacionales minoritarios. 

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Los constituyentes del 91 intentaron cambiar esta situación al establecer la educación como un derecho, con un sistema de financiación descentralizado para educación que tenía como propósito, mediante reglas, incrementar los recursos  entre 1992 y 2001, pasando del 28 por ciento de los ingresos corrientes al 46,5.

La Ley 60 de 1993 reglamentó los artículos 356 y 357 de la Constitución, pero solo se aplicó en el gobierno de Samper, porque el gobierno siguiente, Pastrana, modificó dichos artículos de la Constitución y desde entonces se ligó la financiación de la educación al crecimiento de la inflación, es decir, mantener la bolsa del 2001 para el sector educativo, más uno o dos puntos por encima de los incrementos de precios.  

A partir de entonces los aumentos de los ingresos corrientes que se obtuvieron por crecimiento económico, reformas fiscales o mejor gestión no hicieron parte de la financiación del sector educativo. La Ley 715 de 2001 y las subsiguientes buscaron mecanismos que permitieron mantener los recursos del sistema educativo para que funcionara y mejorara sus indicadores de gestión y eficiencia, de manera especial la relación docente/alumnos por aula, sistemas de información, control y seguimiento.

La meta de los gobiernos se concentró en gestión y eficiencia para el sistema educativo. Escasos recursos para la calidad, la calidad es costosa, máxime si es para niños con desventajas. Tampoco, se propusieron a través del gasto educativo el objetivo de avanzar en la equidad, decisión que en educación significa mayor gasto para los más pobres.

Esta política fiscal ha sido exitosa, los ingresos corrientes crecieron, pero el gasto del sector social como porcentaje de los ingresos corrientes disminuyó de 49,5 por ciento a menos de 30, entre los años 2002 y 2018, un recorte de más de U$100 billones.

Estas decisiones en educación se notan, el total de la matrícula de la educación oficial decreció entre 2010 y 2017, la calidad no mejora, la inequidad aumentó y la educación sigue siendo un sistema que divide y ayuda a distanciar más a los colombianos. En mi próximo artículo me referiré a la reforma del SGP.  

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